La ley de tierras volvió al centro de la agenda política a partir de una nueva embestida del gobierno de Javier Milei para “flexibilizar” las condiciones en la venta de tierras rurales a extranjeros. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio que el Ejecutivo envió al Congreso bajo el paraguas de la “inviolabilidad de la propiedad privada”.
No se trata de un intento aislado. A fines de 2023, el oficialismo ya había avanzado a fondo con un intento de derogación de la norma a través del mega DNU, aunque esa ofensiva fue frenada en la Justicia tras una cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Cámara Federal declaró inconstitucional esa derogación y elevó el caso a la Corte Suprema, donde aún permanece.
En ese marco, la ley sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner continúa vigente gracias al amparo judicial.
Sin embargo, el Gobierno volvió a la carga con una estrategia distinta: en lugar de una derogación directa – que ya mostró un probado rechazo- impulsa modificaciones dentro de un paquete legislativo más amplio que también incluye cambios en desalojos y en normas ambientales como la Ley de Manejo del Fuego.
El argumento oficial apunta a “atraer inversiones millonarias” y dinamizar la economía, en línea con otras reformas recientes como la modificación de la Ley de Glaciares. Desde la oposición y distintos sectores sociales, en cambio, advierten sobre un posible avance en la pérdida de la soberanía sobre recursos estratégicos.
En ese contexto, el debate ya comenzó a tomar forma en el Congreso, donde especialistas y actores involucrados expusieron sus posturas en un plenario de comisiones. Entre ellos estuvo Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM y una de las voces más críticas del proyecto oficial, quien brindó un panorama de las discusiones a Infocielo.
“La ley sigue vigente gracias a una cautelar”
Guerrero Iraola remarcó que la normativa actual continúa en pie únicamente por la intervención judicial que impulsó el CECIM. “Hoy la ley de tierras está vigente en virtud justamente de la cautelar que obtuvimos”, explicó, y destacó que eso permite “contar con un instrumento protectorio”.
En ese sentido, recordó que la disputa judicial se inició a fines de 2023, cuando el Gobierno incluyó la derogación dentro del mega DNU. Tras un fallo adverso en primera instancia, el CECIM apeló y logró que la Cámara Federal de La Plata declare la inconstitucionalidad de esa decisión, lo que dejó sin efecto la eliminación de la norma.
Ese recorrido judicial, explicó, no solo frenó la derogación sino que también instaló el tema en la agenda pública y política.
No obstante, advirtió que esa situación es provisoria. “Entendemos que el Poder Ejecutivo está intentando derogar la norma por otra vía”, señaló, en referencia al nuevo proyecto en debate en el Congreso.
“Un proceso de extranjerización y financiarización”
El abogado planteó que eliminar o vaciar la ley implicaría un cambio estructural en la concepción de la tierra. “Estaríamos en presencia de un proceso paulatino de extranjerización y de comoditización”, sostuvo.
Según explicó, el riesgo no se limita a quiénes son los propietarios, sino al modo en que se entiende el recurso. “La tierra se transforma inexorablemente en un activo financiero”, afirmó, al tiempo que advirtió que deja de ser considerada un bien estratégico del Estado.
