Desde hace años
Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), comentó en declaraciones radiales que la crisis viene desde hace tiempo. Así, hace unos cuatro años había en el AMBA unos 18.000 colectivos en la calle. En los últimos tiempos, antes del conflicto actual, la cifra ya había bajado a 15.000. Esta semana se había tocado fondo con 12.000 micros, lo que provocó el caos entre los usuarios. Ahora, mientras se busca una solución, hay 14.000. De esta manera, todavía es visible la reducción de servicios y los pasajeros continúan enloquecidos.
Allí se explica que “el sistema enfrenta un déficit crítico de costos de gasoil debido a la brecha entre el precio real de mercado y el valor reconocido en la estructura de costo definida con precios de enero 2026. Mientras que las empresas deben adquirir el combustible a valores que oscilan entre los $ 2.100 y los $ 2.444 por litro, la estructura de costos oficial solo reconoce $ 1.750 por litro”.
E insistieron en que, para ellos, “la solución definitiva” estaría en “el reconocimiento de los costos reales de los insumos básicos para brindar un servicio seguro y de calidad para los pasajeros”.
Aunque en los últimos días el precio internacional del petróleo mostró una baja tras señales de distensión en el conflicto global, los valores aún se mantienen por encima de los niveles previos. En paralelo, la decisión de las petroleras de congelar precios por algunas semanas no alcanza para revertir el deterioro acumulado.
Primer pago
El jueves, las cámaras del transporte y el Gobierno sostuvieron una reunión. Tras ella, los empresarios sostuvieron: «Queremos transmitir que, si bien se reconoció por parte de las autoridades nacionales la gravedad de la crisis que atraviesa el sector, no se ha alcanzado una solución en el corto plazo que permita revertir la situación actual. Frente a este escenario crítico, las empresas seguirán sosteniendo el servicio con el máximo esfuerzo posible, aún operando en condiciones económicas y financieras extremadamente limitadas, con el único objetivo de no afectar aún más a los usuarios».
Continuaron: «En este marco, se acordó la conformación de una mesa de trabajo conjunta para analizar y reestructurar el sistema. No obstante, es importante aclarar que este espacio no implica soluciones inmediatas ni impacta en lo urgente. Asimismo, se informa que en el día de mañana (por este viernes) las empresas recibirán, por parte del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, los fondos correspondientes al primer pago de subsidios del mes de abril, lo que permitirá avanzar en la cancelación de salarios adeudados a los trabajadores. Si bien esta acreditación representa un alivio en el corto plazo, no constituye una solución de fondo a la problemática que atraviesa el sector».
El comunicado está firmado por Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel Tenisci (CEAP), Daniel De Ingenis (CETUBA) y Fabio Ferreira (CEUTUPBA).
Una crisis que venía de antes
Más allá de la coyuntura internacional, el sector arrastra problemas estructurales. Desde las cámaras empresarias advierten sobre una deuda acumulada por subsidios impagos correspondientes a los primeros meses del año, que estiman en torno a los 150.000 millones de pesos entre Nación y Provincia.
Este contexto también impactó en el frente laboral. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había advertido horas antes sobre la posibilidad de medidas de fuerza ante el atraso en el pago de salarios. El gremio denunció que en varias empresas no se habían abonado completamente los haberes de marzo, situación que atribuyen a la falta de transferencias estatales.
Cruces y falta de consenso
Desde la Secretaría de Transporte, en cambio, sostienen que los subsidios fueron girados en tiempo y forma, aunque reconocieron que el calendario se vio afectado por los feriados de Semana Santa. Además, informaron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte detectó una menor cantidad de unidades en circulación pese al cumplimiento de los pagos.
El contrapunto entre las partes refleja una falta de acuerdo sobre las causas de la crisis. Mientras las empresas reclaman una actualización urgente de los subsidios, el Gobierno defiende su política de transferencias y mantiene abiertos los canales de diálogo.
A esto se suma otro elemento sensible: la falta de precisión sobre el volumen total de fondos destinados al sistema. Desde el oficialismo evitaron dar cifras concretas sobre los subsidios, aunque datos del Presupuesto Abierto indican que el área cuenta con 3,8 billones de pesos para 2026, de los cuales ya se ejecutó una parte significativa.
Sin solución inmediata
La crisis actual volvió a instalar un debate de fondo sobre la sostenibilidad del sistema de transporte. La disyuntiva es clara pero compleja, aumentar las tarifas o incrementar los subsidios estatales. Ambas opciones enfrentan límites económicos y políticos, lo que dificulta encontrar una salida en el corto plazo.
Mientras tanto, los usuarios continúan siendo los principales afectados por la reducción de servicios y la incertidumbre sobre la frecuencia en los próximos días.
La pelota en la Provincia
En ese contexto, la negociación pasará este lunes a la órbita bonaerense, y los empresarios mantendrán una reunión con el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci.
El funcionario, de hecho, planteó que la discusión de fondo del sistema exige una redefinición del esquema de financiamiento. “Definitivamente hay que mover alguna de esas dos variables: o tarifa o aportes por parte del Estado”, sostuvo Marinucci, quien además advirtió que la Provincia alcanzó “un máximo en función de capacidad del aporte de subsidio”.
