“Este expediente pone en evidencia una situación profundamente preocupante que venimos observando en nuestra ciudad. Recibimos reiterados reclamos de vecinos afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial, que manifiestan dificultades concretas para acceder a prestaciones, demoras en autorizaciones y una creciente incertidumbre respecto de la continuidad de los servicios.
En el caso específico del transporte de personas con discapacidad, el problema es aún más grave. Técnicamente, los fundamentos de este expediente son claros: la falta de autorizaciones, los atrasos en los pagos y la acumulación de deudas generan un riesgo directo de interrupción del servicio. Y cuando ese servicio se interrumpe, no estamos hablando sólo de una actividad económica, sino del acceso efectivo a tratamientos médicos, terapias, instituciones educativas y centros de día.
En Mar del Plata, miles de trabajadores, docentes, jubilados y sus familias dependen de esta obra social. Cuando el sistema falla, el impacto no queda en lo administrativo: lo sufren directamente los afiliados, y especialmente los sectores más vulnerables.
Desde el punto de vista institucional, entendemos que el pedido de informes y la manifestación de preocupación son herramientas necesarias para visibilizar la problemática y exigir claridad sobre la situación actual del sistema de prestaciones en nuestro distrito.
Pero también queremos ser claros en lo político: esto no es una discusión menor ni una disputa entre niveles del Estado. Lo que está en juego son derechos concretos. La salud, la inclusión y la continuidad de tratamientos no pueden quedar condicionadas por demoras burocráticas ni por conflictos financieros.
A esto hay que agregar algo que no podemos pasar por alto: esta situación no es nueva ni aislada. Se viene repitiendo en el tiempo y, lamentablemente, se ha naturalizado. Y cuando los problemas estructurales se naturalizan, lo que termina ocurriendo es que se traslada la carga a quienes menos herramientas tienen para defenderse.
No puede ser que los prestadores trabajen sin saber cuándo van a cobrar. No puede ser que las familias tengan que estar llamando todos los días para ver si se autoriza un traslado. No puede ser que el acceso a un tratamiento dependa de la incertidumbre administrativa.
Esto no es eficiencia del Estado. Esto es falla del sistema.
Por eso, además de solicitar información, creemos que este Concejo tiene que ser claro en el mensaje: no alcanza con diagnósticos. Se necesitan medidas concretas, plazos de regularización y garantías de continuidad del servicio.
Porque cuando hablamos de personas con discapacidad, no estamos hablando de un servicio más. Estamos hablando de acompañar trayectorias de vida, de sostener tratamientos que no se pueden interrumpir y de garantizar inclusión real.
Y en eso el Estado no puede fallar.
Por eso creemos que acá no puede haber mezquindades. El Estado provincial debe dar explicaciones, pero sobre todo debe dar respuestas concretas, garantizar previsibilidad y asegurar la continuidad del servicio.
Desde nuestro bloque vamos a acompañar este expediente, pero también vamos a sostener una postura firme: la Provincia tiene la responsabilidad de resolver esta situación de manera urgente y definitiva. No hay margen para seguir dilatando respuestas cuando lo que está en juego son derechos esenciales.
? Posición: Vamos a acompañar este expediente ”
