Un grupo de jubilados de Vicente López, San Isidro, San Fernando, San Martín, Tigre, La Matanza, San Miguel, La Plata, Los Toldos y Pergamino advirtieron sobre la situación del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) y “el progresivo desfinanciamiento” nacional a la Caja de Jubilaciones de la provincia. La administración de Axel Kicillof presentó oportunamente una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda que la administración Milei sostiene con el sistema bonaerense y que a números actuales supera los 2 billones de pesos.
Pero la alerta entre los pasivos reunidos en un grupo de autoconvocados llamado Jubilados del IPS se acelera a partir de la promulgación de la reforma laboral que el Congreso aprobó semanas atrás. Puntualmente, el comunicado advierte que “el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que aparece en el artículo 58 de la ley introduce un mecanismo de capitalización que permite a las empresas financiar indemnizaciones mediante el desvío de aportes a la Anses”. Al igual que la mayoría de los gobernadores que empezaron a ver con preocupación ese punto de la reforma que casi todos apoyaron, los jubilados bonaerenses advierten que el desfinanciamiento al Anses podría ser de 3 mil millones de dólares anuales.
Como viene dando cuenta Buenos Aires/12, el debate no es nuevo. La provincia administrada por Kicillof, por su densidad demográfica, su territorio y por la batalla que el Presidente decidió librar contra el gobernador es la principal perjudicada por varios de los aspectos del recorte. Casi como los activos que observan cómo sus salarios se desploman y hacen equilibrio para no perder sus fuentes de ingreso, los pasivos tampoco logran esquivar ese golpe.
Semanas atrás, Marina Moretti, la titular del IPS, explicó a este medio que el sistema necesita que el Tesoro de la provincia afronte el costo del retiro del Estado nacional. Se trata de transferencias que Milei no debería desestimar porque tienen sustento legal. Específicamente, por la Ley Nacional N°27.260, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Ya cumplimos dos años sosteniendo esta situación, algo que no es justo, es un ataque directo a los jubilados bonaerenses porque no son recursos que le sacan a un gobernador, o a un instituto, no es plata para Axel, se la sacan a los jubilados de la provincia de Buenos Aires”, señalaba entonces la funcionaria.
La situación desde entonces, no sólo no mejoró sino que con los vaivenes de la economía, se hace cada vez más complicado.
La historia del desfinanciamiento
En los noventa, con la llegada de las AFJP y la centralización del sistema previsional, trece provincias no transfirieron su sistema jubilatorio a la órbita nacional. Sin embargo, firmaron un acuerdo fiscal mediante el cual se comprometieron a ceder impuestos coparticipables para garantizar la sostenibilidad del Anses.
Como contrapartida, debían recibir mensualmente los fondos necesarios para saldar una parte del déficit de cada una de esas cajas provinciales. Allí, el huevo de la serpiente. La Nación empezó a retacear el envío de fondos y los gobernadores empezaron a ver que el rojo de sus balances se ponía cada vez más oscuro.
Las demandas empezaron a hacerse parte de la discusión cotidiana entre las provincias y la Nación, e incluso el tema aparecía como uno de los principales temas de conversación cada vez que presidentes y gobernadores se sentaban a discutir cada uno de los pactos fiscales federales que se actualizaron gestión tras gestión.
Cuando Milei llegó al poder y decidió que las provincias debían hacerse cargo de sus problemas sin la ayuda de la Nación, las cajas de jubilaciones fueron una parte más el combo que puso a los gobernadores entre la espada y la pared. Cuando el tiempo pasó y La Libertad Avanza empezó a manejarse en el terreno de la negociación política, las cajas de jubilaciones provinciales volvieron a convertirse en una herramienta más para la construcción de consensos políticos y, sobre todo, legislativos.
Un problema transversal para los gobernadores
Primero Guillermo Francos, luego Lisandro Catalán y desde hace un tiempo Diego Santilli, recogen el reclamo cada vez que negocian apoyos para tal o cual votación en el Congreso y trasladan hacia a la Casa Rosada el pedido de los gobernadores. La última palabra, todos lo saben el staff libertario, la tiene el ministro de Economía. Ese que Milei considera “el mejor del mundo”.
Esta semana, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, logró avanzar con un acuerdo con la Anses para empezar a cancelar una deuda que se estima en los 200 mil millones. Con un perfil en elevación, Sandra Pettovello fue la funcionaria nacional que encabezó la firma de un convenio que la semana pasada había tenido como protagonista al neuquino Rolando Figueroa.
Toto Caputo anunció en su última visita a la Fundación Mediterránea un plan de pago para ir achicando el reclamo histórico de la administración cordobesa que, según la gestión de Martín Llaryora, ya se ubicaría en torno al billón de pesos. Por un monto parecido, Maximiliano Pullaro mantiene judicializada la cuestión en Santa Fe.
Con la Justicia como actor central en el proceso de negociación, el pampeano Sergio Ziliotto logró avanzar el año pasado con un acuerdo para empezar a cancelar una deuda que su ubica por encima de los 400 mil millones. Más cerca del gobierno nacional, Rogelio Frigerio levantó la demanda que había iniciado Entre Ríos luego de un acuerdo que, luego de las elecciones del año pasado, permitió alivianar la situación previsional de su provincia. Unas semanas después, lo mismo sucedió con Chaco, administrado por otro aliado, Leandro Zdero.
Apenas asumió su mandato, en diciembre del año pasado, el correntino Juan Pablo Valdés, hablaba de una deuda de 142 mil millones sin contemplar todavía el acumulado de 2025, por lo que estima que en la actualidad ese número sería mucho más abultado. En el norte también sostiene sus reclamos el formoseño Gildo Insfrán; mientras que desde la Patagonia, Ignacio Torres comenzó el 2026 anticipando una demanda ante la Corte por 51 mil millones para lo cual cerró filas con todos los gremios estatales de Chubut. Sus vecinos de Santa Cruz (Claudio Vidal) y Tierra del Fuego (Gustavo Melella) también sostienen sus reclamos en medio de una situación fiscal más que complicada.
