Guillermo Montenegro y Alberto Fernández compartieron varias de sus actividades dentro de la función pública, entre ellas fue introducir el paquete de pólizas que manejaba Martínez Sosa en la Municipalidad de General Pueyredon. A partir del 10 de diciembre de 2019 Montenegro asumió como intendente y el 23 de diciembre del mismo año dictó el decreto 3286/3288 que acompañaron con su firma los recientes funcionarios flamantemente designados como secretario de Hacienda Germán Blanco y Santiago Bonifatti secretario de Gobierno.
La oportunidad del manejo discrecional y arbitrario de fondos públicos permitieron que Martínez Sosa de estrecho vínculo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, trasladaran al ámbito de la MGP que iniciaba Montenegro como intendente las operaciones que los favorecían.
Se conoció ayer que en la Causa Seguros el juez Sebastián Casanello procesó a la empresa de Martínez Sosa y al ex encargado de la Quinta de Olivos, arrastrando al conjunto de operaciones que ha tenido como damnificado también al erario público marplatense, que se encuentra actualmente con una precariedad económica desconocida en su historia y cuyo presupuesto 2026 elude el debate en el Honorable Concejo Deliberante, hacho que no registra antecedentes en gobiernos democráticos.
Todo este andamiaje está en un proceso de flagrancia y es viabilizado a través de la mayoría propia automática, que resta el aporte del ineludible que reza que el pueblo gobierna a través de sus representantes con sus funciones ejercidas plenamente, que no es precisamente ell rumbo elegido por el intendente interino Agustín Neme.
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