Un indicador sensible del impacto social
De acuerdo con el texto del informe, “la mortalidad infantil es uno de los indicadores más robustos para evaluar las condiciones de vida de una población y el desempeño de las políticas públicas, especialmente las sanitarias, sociales y económicas. Su evolución refleja tanto la calidad del sistema de salud como el grado de equidad social y la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos”.
El mayor salto desde 2002
Según el texto, el aumento registrado en 2024 no tiene antecedentes similares en términos porcentuales desde comienzos de los años 2000. En comparación con otros incrementos históricos -como los de 2002, 2019 o 2022-, la suba actual resulta la más pronunciada
Durante el período 2003-2015, la tasa de mortalidad infantil se redujo un 42%, acercándose a los niveles de países desarrollados. Esa tendencia se interrumpió por primera vez en 2019 y, tras la pandemia, se mantuvo relativamente estable hasta el salto registrado en 2024.
Desigualdad territorial
El fenómeno no fue homogéneo. Solo 9 de las 24 jurisdicciones lograron sostener la tendencia a la baja, mientras que en 15 provincias la mortalidad infantil aumentó.
En cuatro de ellas, el incremento superó el 10% respecto de 2023 y en otras cuatro fue superior al 20%, lo que da cuenta de fuertes disparidades.
Crece la mortalidad neonatal
Mientras tanto, el análisis por componentes muestra que el aumento se explica casi exclusivamente por la mortalidad neonatal, es decir, las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida.
Este componente pasó de una tasa de 5,5 en 2023 a 6 en 2024, mientras que la mortalidad posneonatal se mantuvo estable en 2,5
La mortalidad neonatal concentra cerca del 60% de las muertes infantiles y está estrechamente vinculada al acceso a controles del embarazo, la atención del parto y el cuidado del recién nacido.
Debilitamiento de políticas sanitarias clave
El informe señala un debilitamiento de las políticas de salud perinatal durante los últimos dos años, con impacto directo en la atención de personas gestantes y recién nacidos.
Entre los puntos destacados figuran el deterioro del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la suspensión de la provisión nacional de medicamentos críticos -como surfactante pulmonar o gammaglobulina anti-RH- y la discontinuidad del Programa de Sueño Seguro, destinado a prevenir la muerte súbita del lactante
Estas decisiones, advierten, “generaron fragmentación, quiebres de stock e inequidades entre provincias según su capacidad de respuesta”.
“Consecuencias sanitarias del ajuste”
En las conclusiones del trabajo de la FSS se señala que “en el actual contexto de crisis económica y social, con empeoramiento de las condiciones laborales y aumento del desempleo, el acceso al sistema de salud se vuelve más dificultoso”. “Es probable -continúan- que ante estas dificultades los controles de salud en general disminuyan y el contacto con el sistema se dé ante situaciones agudas por guardia. Del mismo modo, la precarización de las condiciones de vida de gran parte de la población y sobretodo de aquella en situación de mayor vulnerabilidad puede estar generando dificultades para que las personas gestantes puedan hacer los controles del embarazo necesarios para garantizar llegar al parto en las mejores condiciones sanitarias posibles”.
“Resulta probable que ésta sea parte de la explicación del aumento en la mortalidad infantil neonatal que se dio en 2024”, se asegura.
“La mortalidad infantil continúa siendo un indicador del impacto de las políticas públicas. El aumento registrado en 2024 no puede ser interpretado como un hecho aislado o coyuntural, sino como una señal de alerta temprana sobre las consecuencias sanitarias de un contexto de ajuste económico, retracción del Estado y debilitamiento de las políticas de cuidado”, lamentan.
Y cierran: “En un país con profundas desigualdades territoriales y sociales, la reversión de estos indicadores anticipa un agravamiento de las brechas existentes y plantea la necesidad urgente de revisar las prioridades en materia de política sanitaria y social”.
