La acusación
García Furfaro, allegado a la familia Kirchner, es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.
“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene la acusación.
Los procesados
Además del propietario de HBL Pharma, también están procesados Diego Hernán García, Nilda Furfaro (la madre de Ariel Fernando García), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. Ariel y Diego García, Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano están detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz.
En tanto, sin prisión preventiva, fueron procesados María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk. En el caso de estos últimos, mantuvo la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual. Todos estaban ligados a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA.
A mediados de año
El juzgado espera poder elevar a juicio el caso a mitad de este año. Así lo anticipó el juez Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, cuando expuso en noviembre en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.
En ese entonces, Kreplak advirtió que proyectaban “trabajar, incluyendo el período de feria judicial, en analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final. Y, en tanto la Cámara confirme nuestro trabajo, realizar la elevación a juicio a mediados del año que viene (2026)».
Reclamo de justicia
En paralelo a la pesquisa, los familiares continúan reclamando justicia y que los responsables sean condenados por provocar la peor crisis sanitaria del país ligada a la inoculación con un opioide adulterado con bacterias.
En los más de seis meses de causa, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para dar visibilidad al reclamo y que el nombre de las víctimas continúen latentes.
