En medio de un escenario atravesado por incendios forestales de magnitud histórica, temporales recurrentes y eventos climáticos extremos que golpean distintas regiones del país, crecieron en los últimos días las críticas hacia el Gobierno nacional por el manejo institucional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El meteorólogo José Bianco expuso el debate al aire de Urbana Play y apuntó directamente contra la designación del director del SMN, una decisión que, según remarcó, contradice el estatuto del propio organismo. “Se está dando una situación muy rara en el Servicio Meteorológico Nacional: el director no es meteorólogo”, señaló, y cuestionó que se haya nombrado nuevamente a una persona sin formación en Ciencias de la Atmósfera, carrera que el estatuto considera adecuada para ocupar ese cargo.
Bianco aclaró que sus críticas no buscan “armar ruido o polémica” por cuestiones coyunturales, como la activación de alertas amarillas en el AMBA, sino abrir una discusión más profunda sobre el funcionamiento del organismo. “La pregunta más importante es por qué no eligen a un meteorólogo como director del SMN”, sostuvo, y advirtió que esta decisión va en contra de las reglas que rigen desde hace años la conducción del servicio.
Las declaraciones del meteorólogo se producen en un contexto particularmente sensible. En la Patagonia, especialmente en Chubut, los incendios forestales, aunque intencionales, ya consumieron más de 14 mil hectáreas, con pérdidas ambientales, económicas y sociales de enorme impacto. A esto se suman las intensas lluvias que marcaron el 2025, con varios territorios arrasados, especialmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, en zonas como Carlos Casares, Bragado y 9 de Julio. El comienzo de este año también estuvo signado por temporales severos en provincias como Salta y Corrientes.
El comunicado también remarca que el SMN cumple un rol estratégico: produce información climática, desarrolla sistemas de alerta temprana, contribuye a la reducción del riesgo de desastres y representa al país ante organismos internacionales. En ese sentido, advierten que la designación de una persona sin formación específica podría poner en riesgo la calidad de los servicios, con implicancias directas en la seguridad y la economía.
