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Cuando la foto no es la excepción sino la factibilidad para construir 35 pisos: Toda la trama

 

Muller, González y Miconi

La determinación del juez Simón Isacch ha bloqueado la continuidad de una sospechosa construcción que evade normas básicas en la materia como lo han demostyrados las asociaciones civiles MIrada Ciudadana y Surfrider. El gobierno de Guillermo Montenegro, en su faz de intendente oportunamente, logró que la mayoría propia que integraba el ahora intendente Agustín Neme  aprobara una excepción que significan millones de dólares en metros cuadrados en una zona que entraría en colapso por la densidad existente.

En el marco de la causa judicial que buscan frenar la construcción de un edificio de 35 pisos en pleno barrio Stella Maris de Mar del Plata, la declaración de la arquitecta María Muller, encargada del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, fue postergada tras no haberse podido notificarla de la audiencia programada para el 11 de diciembre. La audiencia se trasladó a una nueva fecha para después de la feria judicial, el 13 de febrero, a cargo del juez Simón Isacch.

El proceso judicial se encuentra en una fase crucial de recolección de testimonios de testigos propuestos por las partes involucradas. La demanda fue presentada por las asociaciones civiles Mirada Ciudadana y Surfrider, quienes cuestionan la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en septiembre de 2024 que autoriza la construcción de la torre en un área de interés patrimonial, el predio del Chalet de María Frers de Mahn.

Los demandantes argumentan que la arquitecta Muller, pareja del secretario de Obras municipal, Jorge González, se encuentra en una situación de «conflicto de intereses» debido a su vínculo con el funcionario que tiene una participación clave en el proyecto. En una ampliación de la demanda, las asociaciones pidieron que se declare la nulidad del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, señalando que la falta de participación vecinal y las conexiones entre los responsables del proyecto afectan la transparencia y validez del proceso.

El proyecto se encuentra actualmente suspendido por una medida cautelar, que frena su avance hasta que se resuelva el litigio.

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