Con trabas para concretar las auditorias, la administración libertaria apuesta todo a la «batalla cultural».
“La educación pública es un derecho. Auditar es una obligación”, prometió Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, en consonancia con las intenciones del presidente Javier Milei.
Si bien existen impedimentos legales para concretar la revisión de cuentas de las altas casas de estudio, el Gobierno juega sus cartas en instalar el tema para avanzar en la necesidad de transparentar el destino de las cajas.
En base a la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, el Estado nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires, tienen la responsabilidad de “proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades”, y la obligación de controlar a los establecimientos privados.
En su artículo 59, remarca que “las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico – financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional”.
A raíz de un Dictamen de la Procuración del Tesoro, liderada por Carlos Zannini, que data del 28 de noviembre de 2022, se estableció que los controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no son aplicables a las universidades nacionales.
Por esto, las auditorías internas están a cargo de cada institución que, a su vez, en determinados casos, trasladan el detalle de sus cuentas a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano unipersonal dependiente del Consejo Superior, que reporta al Congreso.
La SIGEN es otro de los organismos que audita, aunque es la que cosecha mayores críticas de parte de las altas casas de estudio por depender del Poder Ejecutivo Nacional.
En noviembre de 2023, el entonces ministro de Educación, Jaime Perczyk, firmó un convenio con la SIGEN con el objetivo de “mejorar las auditorías internas”, con la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). «Es bueno poder firmar convenios bilaterales y hacer acuerdos con el SIGEN porque la transparencia en las Universidades incluye también la validez de los títulos que es lo fundamental en una universidad”, argumentó el exministro.
Dicho documento cosechó la adhesión de 20 de 56 universidades. La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) se encuentra dentro de las que no suscribió.
La batalla cultural “por la transparencia”
“La educación pública no está en discusión. Lo que está en discusión son las auditorías, el adoctrinamiento, los curros y la crisis generada por los que gobernaron 16 de los últimos 20 años…”, fue le mensaje que el Presidente optó por replicar en sus redes, publicado por el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.
Minutos antes del tweet, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había planteado en conferencia de prensa la necesidad de auditar las universidades en la previa a la Marcha Federal Universitaria. Lo cierto es que en Balcarce 50 saben que la autonomía universitaria es una clara traba para avanzar en concretarlo, por eso, apuestan a dar “la batalla cultural” de cara a la sociedad.
Una fuente de la administración libertaria reveló que no hay acciones concentras para avanzar en las auditorias, pero remarcó que el debate discursivo sirve para instalar el tema y presionar.
“La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) no es sagrada”, subrayó la misma fuente, y argumentó: “Aprendimos mucho de la experiencia de Macri”.
A pesar de la inacción, los distintos actores de gobierno insisten en “transparentar el sistema de gastos” con el objetivo de que los organismos correspondientes lo concreten.
“El último informe de la AGN es de hace diez años. Por algo no quieren hacerlo. Tal vez los números que arrojen las auditorias no sean significativos, pero son simbólicos”, argumentaron por los pasillos de Casa Rosada
