En la reciente reunión de Tandil, donde la UCR comenzó a enfocar sus esfuerzos para recuperar su importante presencia bonaerense, hubo una clara alusión a quien no apareció en escena. No formó parte ni de los decorados, abandonó. No fue ni mencionado ni invitado.
Sin embargo, ya empeñosas crónicas que publican Clarín, La Nación y El Día de La Plata, hablan sólo de complicaciones de quien ostenta aún la presidencia partidaria de la histórica militancia, que abrazó gestas como las que encabezó Raúl Ricardo Alfonsín, cuando recuperó la democracia como forma de elegir gobierno para los argentinos, tal cual rige en todos los países desarrollados del mundo.
Consultadas diversas fuentes, que participaron del cónclave y/o periodistas que cubrieron las deliberaciones de intendentes radicales, que tuvo como anfitriona a la ciudad serrana. Brilló por su ausencia quien ejerce una oscura representatividad política y el problema son las secuelas que no surgen, debido a la veda por la compra de protección mediática.
No obstante, hay muros que han comenzado a derrumbarse haciendo foco en el eje de la cuestión, y el pasaporte a la impunidad ya no goza de buena salud.
No han ahorrado en gastos en ese rubro, Maximiliano Abad y su compañera de viaje político, Marina Sánchez Herrero, instaurada sin trayectoria ni militancia política como presidenta del Honorable Concejo Deliberante, en una clara práctica nepotista.
A través de ambos, se apeló con acuerdo del intendente Guillermo Montenegro, a todo el protocolo público disponible para otorgar la designación de ciudadano ilustre a Florencio Aldrey Iglesias, quien recibe la imagen más negativa y sufre el rechazo público más alto de la ciudad.
Es otro refugio en la búsqueda de la inmunidad, a cambio de darle más lustre a un empresario emblemático enredado y asociado a la casta política, que ha edificado su imperio en función de bienes y recursos del Estado, sin excepciones.
Allí para argumentar, justificar y halagar estaban enhiestos los radicales que conduce Maximiliano Abad, que ahora dispone de su poltrona en un despacho en el Senado de la Nación, con la facultad de designar 21 asesores que acceden a $ 2.500.000 de ingresos mensuales, como el caso de Nicolás Maiorano, quien revista como categoría A1 en su elenco, un salvavidas hasta el 2029.
