Luego del intento fallido de aprobación de la modificación de la ley federal de pesca incorporada en la denominada ” Ley Ómnibus” y que logró reunir a los sectores políticos, empresarios y sindicales para expresar su rechazo , el presidente del Astillero Contessi analizó la realidad del sector y los alcances que hubiera tenido la eventual modificación de dicha ley sobre la actividad del sector.
¿A grandes rasgos , en que consistía la modificación a la ley federal de pesca y qué consecuencias hubiera generado en el sector?
En un primer momento se pretendían modificar varios artículos sobre atribuciones del Consejo Federal Pesquero (CFP) y Autoridad de Aplicación, pero los más graves eran que se modificaba el art. 27 que estipula los requisitos meritocráticos para renovar los cuotas de captura (historia, mano de obra empleada, procesamiento, inversiones y ausencia de infracciones) cambiándolos únicamente por una licitación internacional. Además se eliminaban los artículos que prohiben las descargas en puerto extranjero y el uso de tripulación extranjera.
Estos dos últimos fueron excluidos en la segunda versión pero se mantenía el concepto de “licitación” para acceder al recurso, pudiendo así incorporarse nuevos permisionarios, algo que en el mundo no se aplica en ninguna pesquería desarrollada y en su máximo rendimiento como la nuestra, porque implica desconocer derechos pre-existentes, y llevaría indefectiblemente a la depredación del recurso y a un caos social, a menos que antes de licitar se expropien a las actuales empresas pesqueras y se indemnice a todo el personal actualmente empleado.
¿Las empresas argentinas pescan gratis?
Para nada. La carga fiscal de una empresa exportadora es del 35% de lo que exporta y para una empresa que vende el pescado localmente llega al 40%. La confusión surge porque se tomó como único impuesto al Derecho Único de Extracción (DEU) o Canon Pesquero, que es una tasa que fija el propio Estado desde el CFP para cubrir los gastos administrativos del caladero. Pero la carga tributaria total es muchísimo más elevada. En los últimos 20 años el sector pesquero ha pagado más de 2300 millones de USD solo en concepto de Derechos de Exportación (DEX), un tributo que no posee ningún otro país pesquero del planeta. Si tomamos ese tributo como parte del canon seríamos por lejos el país que más paga por el acceso a sus recursos pesqueros pesqueros. Y en todo este cálculo no se ha tomado en cuenta el cepo y el atraso cambiario, que es otro impuesto encubierto altamente gravoso.
¿Entonces, el Estado va a recaudar más licitando las cuotas de pesca?
Posiblemente recaude un poco más en el cortísimo plazo pero va recaudar muchísimo menos en el mediano y largo plazo. Eso es lo que tratamos de explicarle a las autoridades apenas salió el proyecto de modificación de la ley de pesca. Si ni siquiera tenían la obligación de descargar en puertos argentinos no hubieran sido exportaciones argentinas y por ende no pagarían DEX, ni impuesto a las ganancias, ni cargas sociales, ni toda la pesada carga tributaria que sigue teniendo una empresa en la Argentina.
¿En base a qué condiciones se otorga un permiso de pesca?
Primero hay que aclarar que desde el año 1993 no se otorga un nuevo permiso para ninguna especie, porque todas las del caladero (tanto las 5 sometidas al régimen de cuotas como el resto que siguen en pesca olímpica) están en su máximo rendimiento. Las condiciones para otorgar un nuevo permiso de pesca están detalladas en el art. 26 de la Ley que dice que se debe tener en cuenta a las que empleen más mano de obra en Argentina, que el buque tenga menor antigüedad, darle prioridad a los buques construidos en el país y a los que agreguen mayor agregado al producto que capturan. Todo esto se lo pretendía reemplazar únicamente por el cumplimiento de los requisitos técnicos y se seguridad.
O sea que si algún día aparece o se decide pescar una nueva especie (supongamos el krill o el cangrejo rojo), el Estado no amerita favorablemente a quien propone pescarlo con un barco más nuevo, construido en el país o que haga un producto con mayor valor agregado, sino que solo le interesa que el barco flote. Sinceramente esto no tiene mucho sentido. Para la Industria Naval esta propuesta de cambio fue una afrenta que nunca llegamos a entender, porque reitero es un artículo que desde que se sancionó la ley en 1997 a la fecha nunca se utilizó, pero que marca una escala de méritos lógica y elemental.
Existe toda una estructura de costos para salir a pescar, ¿Esta incertidumbre en las reglas de juego , afecta las inversiones a futuro?
Obviamente que esta incertidumbre afecta a las inversiones. A nuestro Astillero esta situación le hizo caer varios contratos de nuevas construcciones que aún no hemos podido reflotar, pero también me consta que se han caído ventas de buques y de empresas en funcionamiento. Nadie va a invertir en un sector donde te cambian las reglas de juego. Nadie va a construir un barco para renovar su flota sin saber de antemano si va a poder acceder a una cuota de captura. No existe en el mundo esta situación de pretender “resetear” una industria ya existente cada 10 años con una licitación de su materia prima.
¿Todavía resta resolver la parte fiscal , cómo se podría compensar el aumento de los derechos de exportación en el sector pesquero ?
El aumento de los derechos de exportación (DEX) de los niveles actuales donde existe una diferenciación según el tipo de producto y llevándolo a una alícuota plana del 15% es otra amenaza que finalmente no se concretó. No sabemos si esa idea está definitivamente descartada o no. De concretarse tendría un impacto muy negativo justamente en los productos pesqueros con mayor valor agregado que son los que más empleo generan. Esto haría imposible exportar un filete de merluza interfoliado, un langostino pelado y desvenado o menos aún un producto empanado.
Nos deberíamos limitar a exportar los productos más básicos y baratos (enteros, bloques o H&G) que tengan un mayor margen de rentabilidad y un menor precio final como para poder absorber ese DEX plano y distorsivo. Lo que si creemos que debe suceder es que se aumente el monto del Derecho Único de Extracción (DEU) pero solo cuando se eliminen los otros impuestos distorsivos como los DEX, se quite el impuesto país y se unifique el tipo de cambio. De ese modo se podría fijar un DEU acorde con la rentabilidad de cada especie y elaboración exportada, pero mientras la rentabilidad se encuentre anulada o viciada por los DEX y el atraso cambiario, es imposible seguir aumentando impuestos.
¿La actividad pesquera es puramente extractiva?
No. Es una actividad industrial alimenticia. El pescado extraído es sólo una parte del proceso, la obtención de la materia prima, pero se realiza industrialización de esa materia prima tanto en tierra como abordo. El desafío es justamente profundizar esa industrialización y agregar cada vez más valor a nuestras capturas. El caladero argentino está en su máximo rendimiento, esto significa que no se puede pescar más, es decir que no se pueden aumentar las exportaciones en base a mayores capturas sin comprometer la sustentabilidad de la biomasa. Pero lo que si se puede hacer es aumentar las exportaciones en base al agregado de valor.
Podemos pasar de exportar los actuales 1800 millones de USD a 3600 millones o hasta 5.000 millones de USD con el mismo nivel de captura, pero exportando productos aún más elaborados y a mercados más exigentes. Para ello son necesarias varias acciones o condiciones: 1) Un tipo de cambio competitivo, 2) La eliminación de impuestos distorsivos como los DEX planos que atentan contra el agregado de valor, 3) Negociar la reducción de aranceles de ingreso a diversos mercados externos que quieren que solo les exportemos comoditties para luego reprocesar y generar empleos en sus respectivos países y que por ello castigan con aranceles más altos a los productos más elaborados, 4) También es necesario certificar las pesquerías para acceder a nuevos mercados más exigentes.
Las propuestas incluidas en la Ley Ómnibus iban en contra de todos estos objetivos porque tendían a primarizar las exportaciones, quitaban todos los premios e incentivos al agregado de valor, aumentaban la carga fiscal sobre los productos más elaborados y no garantizaban la sustentabilidad del caladero tornando imposible su certificación. Ojalá está página haya quedado definitivamente en el pasado y que se pueda trabajar con las nuevas autoridades en todos los desafíos de desregulaciones y mejoras que necesita el sector para multiplicar la generación de divisas.
