El Cuerpo Deliberativo sancionó por unanimidad, la resolución por la cual se indica al Departamento Ejecutivo que proceda a denunciar el convenio de creación de la “Administración Punta Mogotes”, celebrado el 31 de agosto de 1984, con la Provincia de Buenos Aires. En consonancia con el punto quinto del artículo 17º del Acuerdo (Anexo I Ley 10.233), por el cual las partes “se obligan” a denunciar el referido convenio una vez extinguidas las deudas que el ente denominado “Proyectos especiales de Mar del Plata Sociedad del Estado” (A.P.M.) contrajera con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo se faculta al intendente Municipal a realizar las gestiones y procedimientos necesarios para efectuar, en un plazo no mayor de 180 días, la entrega a favor de la Municipalidad de General Pueyrredón de la administración, uso y explotación del Complejo Balneario Punta Mogotes.
El bloque de Acción Marplatense intentaría que el expediente retornase a la Comisión de Turismo. El edil Fernando Gauna, en calidad de miembro informante, aduciría que, en el día de la fecha, había tomado conocimiento que, en el año 1996, habría tenido lugar un refinanciamiento de la deuda, que extendía el plazo del convenio en cuestión hasta el año 2072; haciendo, asimismo, la salvedad que todavía no obraba en su poder la documentación que acreditase esa circunstancia.
“Nosotros quisiéramos corroborar esta información, porque si existiera la deuda será imposible hacer la denuncia del convenio, en el marco de la ordenanza que estamos tratando. Por lo que a los fines de esclarecer esta cuestión, vamos a solicitar la vuelta del expediente a Comisión de Turismo”, mocionó Gauna.
No obstante ello, el concejal renovador Hernán Alcolcea, autor de la iniciativa prohijada por los miembros de la Comisión de Turismo, insistió en que de todos modos se aprobara la ordenanza.
Arguyó que “no es un expediente que haya tenido un origen reciente y tiene fecha de 2012 porque se basó en una resolución que se hizo con anterioridad y se aprobó a fines de 2013, enviándose tanto a la Legislatura bonaerense como a la Gobernación las notas correspondientes, y nunca hubo una respuesta al respecto, nunca nadie hablo de esa deuda ni aviso”.
Acto seguido añadió que “es más se habló con las autoridades del Complejo Punta Mogotes de esa época y tampoco manifestaron que hubiera alguna deuda pendiente. Convengamos que una deuda hasta el año 2072 se puede tomar casi como ridícula. Pero más allá de eso los distintos administradores que ha tenido la administración de Punta Mogotes con los cuales he tenido oportunidad de entrevistarme en aquellas oportunidades en donde hice el expediente original todos hablaron de una deuda ya saldada. Si uno toma el canon que debían pagar los concesiones, más los costos y los ingresos que tienen que ver con propaganda y demás cuestiones que se hacen en ese predio, yo creo que en 37 años en manos de la Provincia se ha pagado varias veces ese complejo”.
Sucesivamente se pronunciarían, en igual sentido, el resto de las bancadas, coincidiendo en que durante los 180 días estipulados para efectuar las gestiones pertinentes, podría dilucidarse la circunstancia advertida por el oficialismo que, finalmente, se avendría a acompañar con su voto la resolución.
Durante el debate, el concejal de Agrupación Atlántica José Reinaldo Cano, quien, en 1984, como Secretario de Hacienda de la gestión del Intendente Ángel Roig, formó parte del equipo de trabajo que constituyó el Ente de Punta Mogotes, refirió que obraba en su poder el acta donde constaba que la deuda esta cancelada.
También señaló que “esto no es un problema jurisdiccional, sino un problema netamente económico-financiero. O sea, cuando recuperamos la democracia este Ente debía más de 54 millones de dólares, y en función de eso se nombró una administración compartida, dos terceras partes para la Provincia y una tercera parte para el Municipio, y era un Ente que iba a funcionar hasta tanto se cancelara la deuda”.
En tanto que edil radical Nicolás Maiorano objetaría que “si ese refinanciamiento al que hace referencia el concejal Gauna hubiese existido, el intendente debía saberlo porque este Cuerpo, el 12 de julio de 2012, aprobó una resolución por unanimidad pidiendo al intendente que haga las gestiones para averiguarlo, y si pasaron 3 años y no lo averiguó por qué lo va a averiguar en 15 días”.
Roberto Latino Rodríguez
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