Inspectores municipales y también de la Defensoría del Pueblo comenzaron ayer a controlar que se cumpla con las listas de precios máximos para 1431 productos que estableció la Secretaría de Comercio interior, en un operativo que ayer fue acotado y centrado en La Plata, Hurlingham y La Matanza, pero que desde hoy se intensificará a varios distritos del Conurbano más.
Es todo un dilema en Mar del Plata ya que el control de precios está a cargo de Sebastián Ruiz Moyano, el titular de Defensa del Consumidor, que aún continúa sin atención al público y con sus persianas bajas, pese a que en el mismo edificio funciona la Subsecretaria de Inspección General, lo cual es una paradoja en el gobierno de Guillermo Montenegro.
En efecto, la medida adoptada por el gobierno nacional, encuentra a Sebastián Ruiz Moyano en la disyuntiva de cumplir con la normativa del gobierno de AF y CFK o mirar para otro lado como se presume será la directiva del D.E. de la MGP, además teniendo en cuenta que Sebastián es el sobrino de Hugo Moyano y primo de Pablo Moyano, alineados en el Frente de Todos.
El intendente Guillermo Montenegro al iniciar su mandato nombró a Sebastián Ruiz Moyano como funcionario político, fortaleciendo el vínculo con Eva Moyano (la madre de Sebastián) secretaria General del Sindicato de Camioneros, cuyo mayor aportante al gremio es la empresa Transporte 9 de Julio, la concesionaria del multimillonario contrato de la recolección de residuos.
“Lo primero que nos pidió el gobernador [Axel Kicillof] es que mañana [sábado] salgamos a la calle con los inspectores a fiscalizar los supermercados y los lugares donde habitualmente compra nuestro pueblo; y que el producto esté en la góndola y al precio que dice la resolución”, anticipó el jefe comunal de Pilar, Federico Achával.
“Vamos a salir a controlar precios porque no es posible que esto suceda, que haya un abuso”, manifestó por su parte, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.
La Defensoría, por su parte, se centró en una muestra de productos entre los que se encuentran lácteos, aceites, harinas, productos de higiene personal y de almacén, entre otros.
“Nuestra intención es defender el bolsillo de los y las bonaerenses. La gente necesita respuestas concretas e inmediatas, por lo que creemos necesario hacer un control para que esta política tenga sentido”, aseguró el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
“La Defensoría lleva adelante este despliegue territorial en coordinación con las 51 delegaciones que tiene en distintos municipios del Conurbano y del interior de la Provincia, las que se suman a las tareas que también comenzaron a realizarse en La Plata”, informó el organismo.
Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior dijeron a además que trabajan en aceitar los mecanismos de información con los intendentes para poder hacer un eficaz control de dónde funcionan y dónde fallan los congelamientos de precios.
“Sabemos que desde una oficina del microcentro es imposible controlar todo”, señalaron. Estimaron que la intención de Feletti es sumar a los intendentes de todos los partidos políticos. “Imaginamos que todos quieren que la política de precios funcione”, sostuvieron.
La puesta en la calle de los inspectores coincidió con el primer cruce público entre los supermercados y los proveedores acerca de quiénes son los responsables de los aumentos de precios.
A través de un comunicado conocido hoy al mediodía, las grandes nucleadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), le marcó la cancha a las empresas fabricantes. “Confiamos en el compromiso de nuestros proveedores para cumplir y mantener sus niveles de servicio, dado que, como último eslabón de la cadena, dependemos de ello para satisfacer las necesidades de nuestras clientas y clientes”, señaló la entidad.
Los supermercados regionales -que integran la Cámara Argentina de Supermercados (CAS)-, por su parte, mostraron una postura más inflexible. En una carta dirigida a los proveedores, la CAS advirtió: “La resolución 1050 nos obliga a dar a conocer a las autoridades nacionales toda clase de inconvenientes que alteren el normal abastecimiento. Apelamos a ustedes para que, trabajando en conjunto, evitemos situaciones perjudiciales para todos”, señaló el comunicado firmado por Ricardo Zorzón, titular de CAS.
Del lado de los proveedores, por el momento no hubo una acción conjunta, aunque algunas empresas ya adelantaron por dónde podrían ir sus próximos pasos. La resolución 1050 establece para cada uno de los productos un precio máximo de venta al público. Sin embargo, no precisa cuáles son los márgenes de venta para los distintos eslabones de las cadenas industriales y comerciales. (DIB)
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