El planteo original que persigue la anulación del acto administrativo, en proceso sumarísimo de nulidad y suspensión de la ejecutoriedad del acto, recayó en el juez en lo Contencioso Administrativo, doctor Marcelo Fernández, en cuya secretaría y despacho están los expedientes en cuestión, habiéndose inmovilizado todo el trámite, que según los anuncios del intendente Gustavo Pulti deberían estar en etapa de aprobación de la iniciativa privada, elaboración de los pliegos, llamado a licitación y construcción en los meses que han transcurrido hasta la fecha.
Lo cierto es que nada de esto ha ocurrido y en ese sentido se sigue colectando documentación que se presenta en el referido juzgado, tras consultas de actuaciones administrativas, “surge que la administración municipal ha incumplido con lo que se dispone en los artículos 7 y 8 de la Ordenanza 19.203 (Adhesión al marco de iniciativas privadas). Ello así en tanto no se advierte que la contaduría municipal haya tenido la intervención que le asigna el ya citado artículo 7, como que tampoco aquella que pertenece a quien fuera declarado “iniciador privado”, hay merecido la calificación de interés público que menta el art.8”.
“Tratándose en definitiva de una obra pública” se señala en el escrito, “la aplicación de la ley n° 6021 de Obras Publicas de la Provincia, resulta insoslayable y no se advierte al menos en de la documentación remitida que la Garantía de Oferta del proyecto se encuentre debidamente afianzada en los términos y con las modalidades que al respecto establecen los arts. 16 y 21 de dicha norma”.
“Finalmente y pese al tiempo transcurrido no han sido presentados por quienes han sido declarados “iniciadores privados” los instrumentos constitutivos de la Unión Transitoria de Empresas que dicen representar”, señala el texto que será presentado ante el juzgado del doctor Marcelo Fernández.
