El fiscal Pettigiani a pocos metros de la jueza Sandra Arroyo Salgado durante la marcha del último miércoles.
La grieta que se ha producido en el Poder Judicial provocada por la política, es la peor de las noticias para todos los habitantes del país. El servicio de justicia, que el Estado debe garantizar desde su imparcialidad ha quedado gravemente herido, para proveer de fallos y decisiones justas. No existe nada más grave que una condena para un inocente o la impunidad para un culpable.
En la Justicia Federal de Mar del Plata, este sensible acontecer se refleja patéticamente de hecho, con el posicionamiento existente entre el fiscal General Federal, doctor Daniel Adler, alineado con el agrupamiento Justicia Legítima y el Fiscal General del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, doctor Juan Manuel Pettigiani, quien participó de la marcha del silencio en homenaje al fiscal Alberto Nisman.
El tema fue tratado por la periodista Emilia Delfino, en su edición de hoy en el diario Perfil, en una nota que lleva como título “La marcha provocó diferencias irreconciliables entre los fiscales” y dice textualmente lo siguiente:
Unos quieren profundizar el enfrentamiento con el Gobierno, otros quieren bajar el perfil, y Justicia Legítima resiste los cuestionamientos.
La marcha en homenaje a Alberto Nisman llevó a su máxima tensión la relación entre los fiscales federales que investigan al Gobierno en casos de corrupción. A la vez, la movilización y sus consecuencias profundizaron las diferencias que crecen en los tribunales federales desde hace más de dos años, y que dejan a los fiscales divididos en tres grupos irreconciliables.
Los tres sectores llegaron a una única conclusión en común: la marcha marcó un antes y un después, y la situación no tiene retorno, aseguró a PERFIL la mayoría de los fiscales del piso 5 de Comodoro Py 2002.
Colegas que se retiraron el saludo y se evitan en los pasillos, alejamientos a veces autoimpuestos por los fiscales nombrados por Alejandra Gils Carbó, listas de facturas pendientes al bando contrario y denegación de audiencias son en las últimas semanas moneda corriente en la sede de los tribunales federales. Nunca antes la grieta había sido tan profunda.
Por un lado está el grupo de los más duros, enfrascados en un enfrentamiento sin tregua con el Gobierno y que organizaron la marcha; luego, los alineados de lleno con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y miembros de Justicia Legítima; y finalmente, los denominados “tercera posición”, que no se identifican con ninguna de las anteriores. Estos últimos firman dictámenes e impulsan causas contra miembros del Gobierno pero no enfrentan al oficialismo en términos más políticos. Esa posición es la que mantienen Gerardo Pollicita –que imputó a la Presidenta por la denuncia de Nisman-, Jorge Di Lello -tiene la causa Ciccone- y Federico Delgado –que en realidad no pertenece a ningún grupo e investiga en varias causas tanto a miembros del Gobierno como de la oposición-. Los integrantes de este grupo decidieron individualmente no ir a la marcha. Su ausencia restó peso a la línea de fiscales en la primera fila y los organizadores de la marcha lo sintieron como un abandono y falta de apoyo a la convocatoria.
Las diferencias son tan irreconciliables que a algunos de los fiscales recién llegados -nombrados por la procuradora y bautizados despectivamente como “los esbirros”- sus colegas les pidieron que se vayan y que regresen a su cargo original. Además, cuando se toman licencia y vacaciones, sólo pueden ser subrogados por otro de los “esbirros”, incluso si piden ser suplantados temporalmente. Los fiscales más duros los consideran “fiscales militantes”. Esa sospecha ahondó las divisiones que la marcha por Nisman terminó de subrayar. Los fiscales más identificados con Justicia Legítima, como Javier De Luca -uno de los fiscales de mayor rango en el fuero- les responden acusándolos de tener vínculos con la ex SIDE y de utilizar la marcha con fines políticos.
Entre los organizadores de la movilización también hay diferencias claras que se discutieron el jueves en el despacho de Germán Moldes, fiscal general ante la Cámara Federal, uno de los más poderosos de Tribunales. Hay dos posiciones entre los organizadores: José María Campagnoli es de los más duros, cree que los fiscales deben aprovechar el éxito de la marcha del miércoles y capitalizarlo contra Justicia Legítima y el Gobierno. Los fiscales federales, en cambio, creen que deben bajar el perfil, que la marcha fue un hecho único. El día después dividió de manera contundente a los líderes de la marcha. Uno de los principales convocantes, Guillermo Marijuan, dijo en la reunión que no habrá otra convocatoria de los fiscales. Con él coincidió Moldes.
La mayoría de los organizadores creen que la batalla se dará ahora a través de las causas judiciales. La mayoría de ellos tienen en sus manos algunos de los expedientes que más preocupan al Gobierno: Carlos Stornelli es el fiscal de la causa Hotesur contra la familia presidencial; Marijuan tiene la causa contra Lázaro Báez; Carlos Rívolo podría pedir la indagatoria de Amado Boudou en el expediente por el caso Formosa.
Jorge Di Lello, que instruye la causa Ciccone, es uno de los fiscales que decidieron no ir a la marcha. Mantuvo varias discusiones con algunos de sus colegas y ayer habló públicamente para marcar su posición: “Los fiscales, si tenemos miedo, tenemos que guardárnoslo o irnos”, dijo a Radio Nacional Rock. “Si tengo miedo y no puedo cumplir con mi función, es mejor que me vaya y me haga cajero de un supermercado”, agregó. Explicó que no fue al homenaje a Nisman para “evitar ser recusado”.
Enlaces relacionados:
febrero 12, 2015 8:40 pm
A un mes de la muerte de Nisman, fiscales fijan posición, entre ellos Adler
febrero 9, 2015 2:47 am
Campagnoli: “Es muy posible que Adler pueda prestarse a cualquier cosa”
