El fiscal federal Nicolás Czizik requirió la elevación a juicio de una causa que tiene catorce personas imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes, una de ellas sólo por tenencia ilegítima de dos armas de fuego. Al momento de los allanamientos, se habían secuestrado más de 55 kilos de droga -entre marihuana y cocaína- y más de un millón de pesos.
La causa tiene su origen en la justicia provincial, a través de la Unidad Fiscal de Estupefacientes, a cargo de los fiscales Daniela Ledesma y Leandro Favaro. La intervención de algunas líneas telefónicas y las tareas de investigación dispuestas permitieron vislumbrar que un grupo de personas, de forma organizada, comercializaba estupefacientes en distintos puntos de la ciudad. Por este motivo, el pasado 10 de noviembre de 2016 se realizaron varios allanamientos, en los que intervino la Delegación Departamental de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas, que arrojaron como resultado el secuestro de gran cantidad de droga, dinero en efectivo y dos revólveres calibre 32.
Días después, la jueza del Juzgado de Garantías 3 resolvió la inhibición de la justicia provincial, y -de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación- se aceptó en el fuero federal la competencia. En este marco es que se tomó declaración a los imputados, y entre fines de ese año y enero de 2017 se resolvió su procesamiento, que luego fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, en junio de 2017.
De acuerdo a la hipótesis del MPF, la metodología de esta organización era proveerse de marihuana y cocaína para su acopio, reclutar gente para seguridad y vigilancia de su principal punto de venta situado en el barrio Libertad, conocido como “El Chapón”, coordinar el traslado, preparar y acondicionar la sustancia y, finalmente, venderla a mayoristas y minoristas.
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