La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad un proyecto del legislador marplatense Armando Abruza (Coalición Cívica – ARI) por medio del cual se rechaza la pretensión del Reino Unido de explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
El proyecto expresa el “enérgico rechazo a la pretensión del Reino Unido de autorizar a empresas comerciales la realización de operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la plataforma continental argentina sujetas a la ocupación ilegal británica y a todas las acciones que de ella se deriven”.
Durante el debate en el recinto, Abruza consideró a esta acción como “ilegal e ilegítima” y señaló que “se agrega a una sucesión de acciones unilaterales británicas que reflejan ausencia de voluntad genuina de cooperar con nuestro país en la solución de la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes”.
Se recuerda que el legislador es miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados provincial; profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Mar del Plata; presidente de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (períodos 2005-2007; 2007-2009); y miembro fundador de la Asociación Argentina de Ciencias del Mar.
Sobre el rechazo a la realización de actividades de perforación hidrocarburífera al norte de las Islas Malvinas, el hombre de la Coalición Cívica – ARI justificó su determinación “por cuanto dichas actividades constituyen el instrumento de una nueva acción unilateral del Reino Unido, orientada a obtener beneficios económicos mediante la extracción de recursos naturales argentinos”.
“También -agregó en su alocución- pone de manifiesto que la defensa de la soberanía y de los intereses de la República Argentina ante la ocupación ilegal británica de los archipiélagos australes, que son parte integrante del territorio nacional argentino, es inherente a una política de Estado que nuestro país lleva a cabo de manera firme y sostenida desde 1833”.
Esta política, consideró, “se enmarca en la disposición transitoria primera de la Constitución nacional, que prescribe que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, por medios pacíficos y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
