Después de las controvertidas declaraciones del jefe del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, proferida al llamar a “dar vuelta los coches de alquiler que no paren mañana (paro nacional)”, el abogado y ex secretario de Seguridad del municipio Julio Razona, presentó en las últimas horas una denuncia contra el gremialista en la Fiscalía General de Mar del Plata por “intimidación pública e incitación a la violencia”.
Cabe destacar que las polémicas afirmaciones de Viviani pueden configurar un delito que prevé una pena de prisión de 5 a 10 años de cumplimiento efectivo, y no solo Razona denunció al sindicalista allegado al kirchnerismo, sino que el fiscal penal Marcelo Retes hizo lo propio en el juzgado de instrucción 57.
El letrado marplatense señaló al Retrato de Hoy que “la ilegalidad de una acción tiene que ser sancionada y no tiene nada que ver con el derecho de huelga”.
En relación a la denuncia que realizó en nuestra ciudad, aclaró que “puede ser competente un organismo de Mar del Plata porque en la intimidación pública, que es el delito por el cual se hizo la presentación, los intimidados son también marplatenses”.
En tal sentido, aclaró: “me llamaron varios clientes que tienen taxis preocupados por esta amenaza de Omar Viviani, entonces hice la denuncia”.
Por su parte, y en lo que concierne a las declaraciones del sindicalista, el letrado explicó que “Viviani utilizó un medio idóneo además, el periodismo hizo que se haga público, entonces esto tipifica el delito de intimidación pública previsto en el Código Penal” y agregó que varios taxistas se comunicaron con él cuando escucharon las manifestaciones del sindicalista “y como ellos estaban decididos a trabajar el jueves, estaban preocupados acerca de qué medidas se podían tomar para garantizar su derecho a trabajar”.
Finalmente Razona advirtió que “esta denuncia no limita el derecho constitucional del derecho de huelga, sino que es para garantizar que el que no está de acuerdo con el paro, que pueda ejercer su labor libremente y con el límite con él pone la legalidad. La ilegalidad de una acción tiene que ser sancionada y no tiene nada que ver con el derecho de huelga”.
