Luego de tres semanas de proceso judicial seguido a 9 personas imputadas de ser partícipes del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en el que declararon aproximadamente 70 testigos, se dió a conocer el veredicto por el primer juicio oral y público de trata en nuestra ciudad.
Siendo alrededor de las 14hs, el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Eduardo Jimenez y Roberto Atilio Falcone, falló condenando a siete de los/as imputados/as y decretando una absolución en el juicio llevado adelante por el caso “Dulcinea”.
El principal acusado, Jorge Sánchez, entendido por el Tribunal como autor del delito de trata, fue condenado a 7 años de prisión de efectivo cumplimiento; mientras que a su pareja Orfelina Valdez y a su hijo Fernando, se los condenó a 5 años de prisión por estimarlos co-autores del mismo delito.
Las condenas fueron más leves para Ángel Cabral y Carmela Concepción Colas, considerados partícipes secundarios, a los que se les impuso 3 años de prisión en suspenso. El partícipe policial, Claudio Campo, fue condenado a 4 años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y el doble de tiempo de inhabilitación en el ejercicio de su función pública. Por su parte, fue absuelta Rosa Adames Cruceta, acusada de ser partícipe necesaria de la red de tratantes.
Iacovone, funcionario de migraciones, fue condenado a 1 año de prisión en suspenso por incumplimiento de deberes como funcionario público, siendo absuelto del delito de trata.
Los elementos aportados por las víctimas, y distintos testigos, dan cuenta de que en el Prostíbulo Dulcinea se ejercía la explotación sexual de mujeres, en su mayoría dominicanas, quienes habían sido traídas al país con falsas promesas laborales.
En sus declaraciones, las víctimas de esta red que funcionaba interrelacionada entre la República Dominicana y nuestro país, brindaron detalles del funcionamiento de ésta y de las pésimas condiciones a las cuales fueron sometidas y obligadas a ejercer la prostitución.
Entre los imputados, las mujeres tratadas sindicaron a Jorge Daniel Sanchez, su esposa Orfelina Valdez Montero y su hijo Fernando Manuel Sanchez, – a quienes la totalidad de los testigos señalan de regentear el prostíbulo, y como partícipes necesarios a Ángel Hernández Cabral y Carmela Concepción Colas, quienes trabajaban en el privado. Por otro lado, también refirieron que un funcionario de migraciones, Reinaldo Iacovone era el encargado de regularizar papeles y los DNI de las víctimas de manera fraudulenta.
Como se es común en las redes de trata, una de las patas fundamentales para lograr el resguardo de la actividad ilícita es la complicidad policial. Por este hecho en donde se juzga la explotación de mujeres en el Prostíbulo Dulcinea, se encuentra imputado el policía Claudio Campo, quien no sólo cobraba las coimas, según manifestaron las víctimas, sino que también ejercía violencia psicológica sobre las mismas a los fines de amedrentarlas y evitar su liberación.
Todos los testimonios resultaron coincidentes a la hora de establecer el modus operandi de esta red de tratantes. En tal sentido, la fiscalía interviniente logró determinar que una persona les ofrecía trabajo en República Dominicana, y una vez que llegaban a la ciudad de Mar del Plata, supuestamente a trabajar en una peluquería, en un lugar de venta de productos de belleza, o con el fin de tramitar la visa para viajar a España, los proxenetas las hospedaban y luego con la excusa de que el trabajo no iba a funcionar o que la visa no se conseguía tramitar con inmediatez, Jorge les ofrecía trabajar “mientras tanto” en su negocio, hasta que juntaran el dinero para volver a su país.
“Llegué y nos mostraron una valija con ropa interior que debía ponerme, y otras chicas hacían pases y tragos con los clientes allí”, declaró una de las víctimas. Cabe destacar que constantemente eran amenazadas, y a pesar de que a veces pudieran salir del privado acompañadas de una de las mujeres que trabaja allí, la presión psicológica derivada de las pésimas condiciones de aseo, alimentación, salud y de las amenazas a las cuales siempre estaban sometidas, sumado al desarraigo y a la presencia policial, fueron contundentes para las mujeres quienes refirieron que resultaba muy difícil escapar. “Sentía que el Estado estaba dentro del privado” sentenció una de ellas.
SIN SEXISMO NO HAY TRATA
La falta de perspectiva de género es moneda corriente en la justicia. Haciendo honor a ella, el abogado defensor Julio Razona además de valorar los testimonios de las testigos que refirieron trabajar en forma libre y sin recibir ningún tipo de amenazas por parte de su defendido, Jorge Sanchez, solicitó su absolución desacreditando la palabra de las víctimas basado en argumentos misóginos, tales como que el proceso era una artimania de éstas a los fines de recibir un amparo por parte del Estado para así resolver su situación migratoria.
Las organizaciones sociales denunciaron los alegatos del Dr. Razona. Noelia Barbas, referente del colectivo de mujeres Mumalá de Mar del Plata, se refirió respecto de los dichos del abogado como misóginos y sexistas, considerando que profundizan la discriminación hacia las víctimas por su condición de mujeres, de migrantes y pobres.
Sanchez, en su declaración, había reconocido ser dueño de Dulcinea pero manifestó que quienes trabajaban allí “son libres, hacen lo que quieren”. Asimismo, en dicha oportunidad indicó que quienes declararon en su contra lo hicieron por envidia, y por no saber agradecer la oportunidad que él les había dado. A la pregunta formulada por el Fiscal sobre el motivo por el cual él alojaba a las mujeres en Dulcinea, respondió que lo hacía por un “acto humanitario”. El mismo reconoció no tener ningún tipo de vinculación con Fran “El tolete”, miembro de la red de trata que operaba desde República Dominica, engañando y capturando a las víctimas, y que su relación con Campo, era solamente de amistad.
Cabe destacar, que las testigos que declararon en favor del imputado Sanchez, se encuentran hoy en día en situación de prostitución, envueltas en las mismas condiciones de vulnerabilidad que las víctimas del juicio.
EL ROL DE VICTIMA Y VICTIMARIA EN UNA MISMA PERSONA
En sus alegatos, tanto el Agente Fiscal, Dr. Pettigiani, como la Defensora Oficial de la ciudadana Adames, acusada de haber sido quien trasladó a una de las víctimas desde República Dominicana a Mar del Plata, sostuvieron que la imputada se encontraba inmersa en una situación de vulnerabilidad.
En tal sentido, la Dra. Gil refirió que su defendida resulta tan víctima como las restantes víctimas consideradas como tales por el Ministerio Público Fiscal y que Adames no identificó que era una damnificada más hasta que vió su historia reflejada en el relato de las víctimas. Denunció que hubo una selectividad parcializada y pidió sanciones a los funcionarios públicos que se extralimitaron en sus funciones al extraer fotos íntimas de su defendida y al cuerpo de peritos que le realizó estudios no autorizados sobre su cuerpo. Entendió que esto se debe a la falta de perspectiva de género en estos profesionales y en la totalidad de la investigación que llevó a su defendida a los estrados.
Respecto del veredicto, Noelia Barbas señaló “No estamos conformes con la sentencia, creemos que las penas impuestas no son un reflejo de la gravedad de este delito que afecta a miles de mujeres y niñas en todo el mundo”. Sin embargo, desde Mumalá consideraron que las penas bajas se debieron a que los jueces tuvieron que resolver teniendo en cuenta la ley de trata anterior que regía al hecho (del año 2011), por lo que sostuvieron “Responsabilizamos al gobierno nacional por haber cajoneado tantos años el proyecto de ley que modificaba las escalas penales, el cual se sancionó finalmente luego del vergonzoso fallo de Marita Verón recién a fines del 2012, modificaciones que aún hoy siguen sin reglamentarse”.
Además, solicitaron asistencia integral para las víctimas rescatadas “exigimos que se le brinde atención médica, psicológica y económica a todas las víctimas, no queremos que les pase como a las demás chicas rescatadas que por abandono estatal son nuevamente atrapadas por estas redes”.
La impunidad de los funcionarios públicos
Desde los colectivos de mujeres que acompañaron el juicio, manifestaron su preocupación por las bajas penas al policía y al funcionario de migraciones implicados. “La complicidad política y de funcionarios públicos es lo que actúa amparando a estas redes mafiosas. El dato saliente de la sentencia para nosotras, es que ésta no ponderó que el accionar policial y de migraciones resulta imprescindible en el entramado de la trata, perpetuando la explotación de los cuerpos de las mujeres.” Cerró Noelia Barbas, referente de Mumalá.
