Policiales

Pidieron un juicio para el pastor Hurtado y su pareja por trata de personas y reducción a la servidumbre

blankNicolás Czizik, el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, pidió la elevación a juicio oral y público de la investigación seguida contra Isaías Nelson Hurtado y su pareja Patricia Padilla Coronado, quienes están acusados por el delito de trata de personas con la finalidad de reducir a la servidumbre y explotar laboralmente a 37 personas.

El «pastor» está además acusado por tres casos de abuso sexual con acceso carnal, y uno en grado de tentativa, agravados por su carácter de ministro de culto.

Los imputados utilizaban un supuesto ministerio religioso como excusa para quitarles sus bienes a las víctimas y para restringirlas de su libertad, porque éstas debían solicitar permiso hasta para comprar un medicamento. También se reportó que eran obligadas a quemar los libros que poseían.

De acuerdo a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, al menos desde el año 2007 y hasta los allanamientos realizados en julio de 2016, Hurtado y Padilla captaron a las personas, que se encontraban en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ganar sus voluntades, explotarlas y acumular recursos económicos.

Por otra parte, el fiscal planteó la necesidad de avanzar en la instancia de juicio oral en el decomiso de los inmuebles, vehículos y dinero incautados, con la intención de garantizar la restitución de derechos de las víctimas.

Es necesario recordar que Hurtado y Padilla captaban a sus víctimas a través del Ministerio Apostólico Zion, que comenzó a funcionar en la vivienda que alquilaba el matrimonio en la calle Bernardo de Irigoyen al 4600, para luego ampliarse a una carpa que los imputados montaron en el terreno contiguo a su casa, sobre la calle O’Higgins al 300.

El sistema de explotación se basaba en la obtención de ganancias para los imputados. De acuerdo a los informes de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni Hurtado ni Padilla registraban actividad económica, por lo que no poseían ingresos legítimos para realizar sus actividades diarias, adquirir los bienes que poseían, ni realizar los viajes al exterior que efectuaban.

Los acusados lograban que las víctimas les entregaran sus sueldos, los obligaban a limpiar, a realizar quehaceres domésticos y hasta a trabajar en una panadería, sin recibir nada a cambio.

 

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