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Recientemente el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), se manifestó a través de uno de los tantos comunicados sobre la violencia y el ataque a los medios periodísticos sobre un caso en Santiago del Estero. En la ciudad de Mar del Plata en horas de las mañana, en el tercer piso de Tribunales, un grupo de colegas de Canal 10 fue agraviado por familiares y allegados del único detenido en la causa de las licencias truchas, Juan Carlos Belmonte.
Entre los familiares que amenazaron a una cronista y su camarógrafo, se encontraba el hijo del imputado Luis Belmonte, que también es uno de los sospechosos de integrar la banda que otorgaba licencias apócrifas.
El camarógrafo logró tomar las imágenes de las amenazas continuas por parte de los allegados a Belmonte. Los periodistas fueron empujados y maltratados por personas que se hicieron presentes en la zona donde pudieron tomar imágenes del imputado cuando éste era trasladado por personal de las fuerzas.
Luego de intimidar a los colegas, estos se trasladaron fuera del hall de Tribunales para no cruzarse con estos personajes. Pero nuevamente fueron agredidos de manera canallesca, esta vez sin poder captar las imágenes correspondientes.
Recordemos que dicho canal fue el propulsor de las escuchas telefónicas en primera instancia que comprometen aún más la situación de casi una veintena de trabajadores municipales y sobre todo del único detenido.
Entre otros agravios los manifestantes exclamaron una y otra vez: “nosotros sabemos quién los manda”, en contra de la humanidad de los colegas que solo cumplían con su labor.
FOPEA repudia la aplicación de la ley antiterrorista contra el periodismo
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reitera su rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista como limitante de los derechos de libertad de expresión y condicionante del ejercicio del periodismo.
Este pronunciamiento se motiva en el marco de la imputación realizada contra el editor de la página web Última Hora, Juan Pablo Suárez, en la Justicia Federal de Santiago del Estero.
La acusación elevada al Juez Federal por el fiscal federal Pedro Simón, es por “Incitación a la violencia colectiva (art. 212, C.P.), agravado por la Finalidad de Aterrorizar a la Población (art. 41 quinquies C.P.)”, aspecto contemplado en la norma que repudiamos. La Ley no debe ser usada en contra de derechos humanos fundamentales, como el de expresarse a través de los medios de comunicación, ni para silenciar voces y opiniones.
Además, más allá de no compartir la llamada Ley 26.734 Antiterrorismo (B.O. 28.12.2011), en su esencia, no puede dejarse de señalar que, en dicho art. 41 quinquis se dice también, en su última parte que, “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Y el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano garantizado constitucionalmente de manera preferente, lo cual no puede dejar de ser contemplado por los fiscales como por los jueces.
Consideramos que esta causa judicial es un caso testigo de la aplicación de la legislación penal a una tarea periodística y por eso su peligrosidad. La posición contraria a la Ley Antiterrorista en este aspecto viene siendo sostenida por FOPEA desde diciembre de 2011 y consideramos nuevamente que debe ser derogada en aquellos aspectos a los que hacemos referencia.
En los últimos tiempos, se ha registrado un incremento de acciones judiciales en todo el país, que terminan afectando a la profesión periodística e incrementando los silencios y ausencias informativas. El uso indebido de las normas se transforma así en una mordaza a la profesión, inaceptable a más de 30 años del regreso de la democracia.
Este caso acontecido en nuestra ciudad, será denunciado en las próximas horas al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
