Ordenan la captura; había pedido que lo atienda un dermatólogo

Se trata del ex mayor Jorge Olivera y del abogado Gustavo De Marchi, que cumplían en San Juan cadena perpetua y 25 años de cárcel. Se fugaron del Hospital Militar Central, en Palermo.

En un confuso episodio, Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, dos represores condenados por delitos de lesa humanidad que cumplían su condena en el penal de Chimbas, en San Juan, se fugaron ayer por la mañana presumiblemente del Hospital Militar Central, donde habían pedido ser trasladados para hacerse tratar por problemas médicos.

Los dos represores habían pedido ser trasladados desde San Juan a Buenos Aires con la supuesta intención de recibir atención médica. Olivera quería hacerse tratar un problema clínico, mientras que De Marchi afirmó que necesitaba ver a un especialista en dermatología. Como En el hospital de San Juan no había especialistas para tratar las molestias, pidieron ser atendidos en Buenos Aires. Ambos se habrían fugado durante los controles del Hospital Militar Central, ubicado en Luis María Campos, del barrio de Palermo. Según precisaron en el Juzgado Federal N°2, los represores habían sido trasladados por el Servicio Penitenciario Móvil que depende del Ministerio de Seguridad.

Por el momento no se difundió información oficial ni detalles de la fuga. Lo que trascendió es que se ordenó el pedido de captura nacional y se notificó a Migraciones para evitar que los represores abandonen el país. Fuentes extraoficiales además informaron que se ordenó investigar al juez que autorizó el traslado y a todos los responsables de la custodia de los prisioneros.

Además, se dispusieron pases a disponibilidad y el inicio de sumarios al personal del Hospital Militar involucrado en el hecho.

Olivera y De Marchi fueron condenados hace tres semanas, en el juicio histórico que se desarrolló en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Olivera, involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, ocurrida en octubre de 1976, recibió cadena perpetua: la Justicia lo consideró coautor responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público y asociación ilícita, entre otros cargos.

De Marchi fue condenado a 25 años de prisión también por violación de domicilio, privación ilegitima de libertad, privación de libertad abusiva e imposición de tormentos, entre otros.

Cristina Kirchner enumeró anteayer las cifras sobre los juicios por delitos de lesa humanidad: 1.053 procesados; 559 elevados a juicio oral; 63 que ya tienen solicitud de elevación a juicio oral; 475 juzgados; 430 condenados y 45 absueltos.

Las fugas causaron conmoción entre las autoridades del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal y también entre familiares de militares ante un eventual endurecimiento de las condiciones de detención.

A su vez, una fuente del Gobierno que admitió las fugas adelantó que las sospechas apuntan a un familiar de uno de los represores, que se desempeña en el área de psiquiatría del Hospital Militar.

Otros militares presos están preocupados por la posibilidad de que el Gobierno endurezca las detenciónes. Varios tribunales negaron a represores el derecho a la prisión domiciliaria a pesar de tener más de 70 años. Por ejemplo, el ex dictador Jorge Videla, a los 87 años, murió en la cárcel de Marcos Paz.