Nepotismo, otra señal de decadencia institucional

El significativo retroceso y decadencia institucional que sufre la Argentina bajo el kirchnerismo no sólo se mide por el incesante avasallamiento del Poder Ejecutivo al Legislativo y al Judicial y sus embates contra el periodismo independiente, sino también por el incremento en el nombramiento de familiares de las autoridades nacionales, provinciales y comunales en cargos públicos y al frente de las listas para los cargos electivos.

A menos que ciertos funcionarios posean un gen de la idoneidad para la función pública y también sus familiares, estamos ante un obvio aprovechamiento del Estado que, a cambio, recibe cada vez más funcionarios y empleados -por lo general poco o nada idóneos- que allí encuentran el pretexto para cobrar un sueldo. Pero otras veces, además del mero factor económico, pesa la necesidad de que alguien cercano y de absoluta confianza custodie los intereses políticos o de otro tipo de quien no puede seguir ejerciendo un cargo de importancia.

En todos los casos, es el Estado el que se resiente con la nefasta práctica del nepotismo, que degrada a un régimen republicano convirtiéndolo en la caricatura de una monarquía o de un régimen feudal.

Un ejemplo escandaloso es el del subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, mano derecha del titular y candidato a vicepresidente, Carlos Zannini. Como informó LA NACION, Liuzzi, quien además es investigado por enriquecimiento ilícito, convirtió el área jurídica del Gobierno en un club, ubicando allí a 22 amigos y familiares que cobran sueldos en mano de entre 6000 y 35.000 pesos. Desde que ingresó en esa secretaría en 2006, Liuzzi designó a su mujer; a su hermana y al marido; a su hijo, a la novia y a un amigo; a su ex esposa y a varios parientes. La mayoría son funcionarios de alto rango con un promedio salarial de 28.000 pesos, que mensualmente le cuestan al Estado 600.000 pesos. Para concretar los nombramientos tuvo que desplazar a más de 60 agentes de planta permanente de áreas clave.

La muerte de Néstor Kirchner impidió que avanzara el plan de república bananera del matrimonio presidencial para que los esposos se sucedieran varias veces, burlando así el espíritu de la Constitución. Hay que incluir la elección de Máximo Kirchner como candidato a diputado nacional por Santa Cruz y encabezando la lista, decisión que difícilmente se haya adoptado sin el consentimiento o la orden de la Presidenta. Además, la mujer de Máximo es funcionaria en virtud de un cargo creado para ella en Río Gallegos por el Ministerio de Salud de la Nación. Su tía Alicia Kirchner es ministra de Desarrollo Social de la Nación y candidata a gobernadora por aquel distrito.

Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central de la República Argentina, acogió en la entidad a su pareja y a su hijo, cineasta, empleados para contribuir al desarrollo del área de educación financiera de la entidad monetaria. Antes de tener que abandonar la jefatura del Estado Mayor del Ejército, el teniente general César Milani -también investigado por enriquecimiento ilícito- dejó a dos hijas trabajando en el Ministerio de Seguridad, mientras que su yerno se encuentra al frente de la radio del Ejército.

Ejemplos del más descarado nepotismo ejercido como una auténtica política estatal son las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, de la mano de caudillos feudales como José Alperovich y Gerardo Zamora.

Hijos, sobrinos y esposas también constituyen el círculo de confianza en el que muchos intendentes que terminan su mandato y no tienen posibilidades de ser reelegidos seleccionan a quienes los sucederán al frente del feudo. Se trata de un sucedáneo de la reelección permanente que añoran.

El intendente de Merlo, Raúl Othacehé, no tiene ese problema; se postula para un séptimo mandato consecutivo desde que asumió en 1991. Pero como candidata a concejal y cabeza de lista eligió a su esposa, Mónica Susana Arnaldi. El segundo lugar en la lista le corresponde a su hijo Pablo. En Ituzaingó, Alberto Descalzo irá por su sexto mandato como intendente y al tope de la lista de concejales colocó a su hijo Pablo, actual secretario de Desarrollo Social municipal.

No se trata de algo privativo del conurbano. En Tucumán, en diez de sus 17 municipios, intendentes imposibilitados de acceder a una “re-reelección” quieren ser sucedidos por familiares.

No es extraño que, con el paso del tiempo, se constituyan verdaderas dinastías o castas en ciertas comunas. Alejandro Granados, hoy ministro de Seguridad bonaerense de licencia al frente de la comuna de Ezeiza, es reemplazado allí por su esposa, Dulce Granados, diputada nacional. Cuando Juan José Mussi tuvo que dejar la intendencia de Berazategui, lo sucedió su hijo Patricio.

Otro tanto ocurre en tres ciudades del Chaco. En una de ellas, Campo Largo, el oficialismo propone para la intendencia a una cuñada del gobernador Jorge Capitanich, casada con el actual intendente.

Producto del populismo, el autoritarismo y el afán de perpetuidad, el nepotismo y el empleo estatal como herramientas proselitistas contribuirán a que en los 12 años del kirchnerismo los 266.165 empleados permanentes y transitorios en la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social que había en 2003 asciendan a cerca de 400.000.

Claro que si tomamos los niveles nacional, provincial y municipal en conjunto, y según datos oficiales de hace tres años, habría un total de 3.428.729 empleados en el sector público, número equivalente al 21,6% de la población ocupada.

La Constitución Nacional dice que todos los habitantes de la Argentina “son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. Por desgracia, muchos gobernantes piensan de otra manera y actúan en consecuencia. Han logrado borrar las fronteras entre lo estatal y lo familiar al considerar a lo estatal como patrimonio propio, y sin dudas es por esa razón que no son pocos los que se encuentran investigados por enriquecimiento ilícito.

La Nación