La intervención de la justicia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, ahora en manos de Federico Thea, podrían tener la última palabra en cuanto al futuro del decreto que dispuso de hecho una contratación que no contó con la aprobación del órgano legislativo de la MGP
El intendente Montenegro decidió ayer por medio de un decreto aplicar el Convenio de Fotomultas suscripto poco antes de finalizar el año 2021, fundado en la ley 15310 sancionada el 28 de diciembre de 2021 que en su artículo 46 modificó la LOM y permite a las Municipalidades suscribir convenios con el Estado Provincial o Nacional sin aprobación de los Concejos Deliberantes.
Sin embargo, el convenio celebrado con la Universidad Nacional de San Martin es bajo el régimen legal anterior. Entonces el interrogante es si Montenegro hizo caso omiso a ese principio constitucional y dictó la norma directamente, se desconoce si tomó intervención el área de Legal y Técnica que conduce Mauro Martinelli y elaboró previamente un dictamen jurídico o no.
Es sabido que la irretroactividad es el fenómeno que produce que las normas no tengan efectos hacia atrás en el tiempo. De esta manera se asegura que dichos efectos comiencen en el momento de su entrada en vigor, con la finalidad de dotar al ordenamiento jurídico de seguridad.
Por lo cual este principio legal sustenta la estabilidad al ordenamiento jurídico y también, contribuye a establecer la seguridad jurídica, en tanto en cuanto un individuo puede y debe poder estar seguro de las consecuencias que los actos que realice en cada momento pueden acarrear.
En otras palabras, permite que las personas puedan tener confianza en las leyes vigentes y celebren sus acuerdos, eliminando la incertidumbre que generaría una posible variación de la legislación respecto a hechos ya realizados y que ya no pueden ser cambiados o eliminados.
En conclusión la irretroactividad consiste en la imposibilidad de modificar las consecuencias jurídicas de los actos ya formalizados y el convenio de Fotomultas ya se había formalizado antes de modificarse la LOM en diciembre pasado y por ello estaba con tratamiento legislativo en el HCD. De modo que el decretazo podría ponerse bajo la lupa de la justicia y anularse sus efectos, abriendo el interrogante si también el Tribunal de Cuentas no actúa de oficio para investigar la maniobra de Montenegro.
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