Finalmente este jueves se reunieron, en forma conjunta, las recientemente conformadas comisiones de Legislación y de Hacienda y, como era previsible, el oficialismo recurrió a su mayoría numérica para aprobar el proyecto de ordenanza a fin de adherir al Pacto Fiscal bonaerense, que será convalidado por el Cuerpo en la tercera sesión extraordinaria convocada para este viernes a partir de las 17.
Cabe recordar que la semana pasada, el arco opositor forzó al arroyismo a anular el decreto de adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal municipal, dictado por la presidencia del Cuerpo . El presidente del bloque Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo, en forma unilateral y sin consultar con sus aliados, había inducido al titular del HCD Guillermo Sáenz Saralegui a dictar el decreto en cuestión el 12 de enero último, motivado por la necesidad de garantizar la asistencia financiera de la provincia para abonar los sueldos del personal municipal.
La adhesión a dicha norma provincial implica, entre otras pautas y parámetros, que los municipios adherentes no podrán endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes, salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones. También los obliga a adherir al régimen de responsabilidad fiscal tanto para tomar deuda como para recibir asistencia financiera de provincia o Nación.
Tampoco podrán aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Antes, se calculaba sobre el crecimiento del PBI.
Se compromete a los municipios a que no aumenten su planta de personal por encima del aumento de la población, salvo aquellos que tengan superávit o absorban servicios del gobierno nacional o provincial o del sector privado (como la recolección de residuos). O que sean autorizados por la provincia. Exige además un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus salarios
Prohíbe a los intendentes que, en los seis meses previos a dejar el cargo, tomen medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente (como los habituales pases a planta permanente de los empleados contratados) o dispongan de los bienes municipales.
Asimismo invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higiene o Alumbrado, Barrido y Limpieza.
Roberto Latino Rodríguez
