Política

Mar del Plata adhiere al pacto fiscal que propone la Provincia: paso clave para ordenar sus cuentas públicas

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Finalmente este jueves se reunieron, en forma conjunta, las recientemente conformadas comisiones de Legislación y de Hacienda y, como era previsible,  el oficialismo recurrió a su mayoría numérica para aprobar el proyecto de ordenanza  a fin de adherir al Pacto Fiscal bonaerense, que será convalidado por el Cuerpo en la  tercera   sesión extraordinaria  convocada para este  viernes a partir de las 17.

 

Cabe recordar que la semana pasada, el arco opositor forzó al arroyismo a anular el decreto   de adhesión  al Régimen de Responsabilidad Fiscal municipal,  dictado por la presidencia del Cuerpo  . El presidente del bloque Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo, en forma unilateral y sin consultar con sus aliados, había inducido al titular del  HCD  Guillermo Sáenz Saralegui a dictar el decreto en cuestión el 12 de enero último, motivado por la necesidad de garantizar la asistencia financiera de la provincia  para  abonar los sueldos del personal municipal.

La adhesión a dicha norma provincial implica, entre otras pautas y parámetros, que los municipios adherentes  no podrán endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes, salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones. También los obliga a adherir al régimen de responsabilidad fiscal tanto para tomar deuda como para recibir asistencia financiera de provincia o Nación.

Tampoco podrán aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Antes, se calculaba sobre el crecimiento del PBI.

Se compromete a los municipios a que no aumenten su planta de personal por encima del aumento de la población, salvo aquellos que tengan superávit o absorban servicios del gobierno nacional o provincial o del sector privado (como la recolección de residuos). O que sean autorizados por la provincia. Exige además un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus salarios

Prohíbe a los intendentes que, en los seis meses previos a dejar el cargo, tomen medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente (como los habituales pases a planta permanente de los empleados contratados) o dispongan de los bienes municipales.

Asimismo invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higiene o Alumbrado, Barrido y Limpieza.

Roberto Latino Rodríguez

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