Carta de Lectores, Opinión

Malvinas, la deuda jurídica: El reclamo de los veteranos no reconocidos

A instancias de un numeroso grupo de veteranos de Malvinas no reconocidos, que se calcula entre 8.000 y 10.000 personas, nucleados en su mayoría en la llamada “Concertación TOAS” (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), el Diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano Juan Fernando Brugge, del bloque parlamentario Córdoba Federal, presentó el Proyecto de Ley 3932/2018, el cual se propone otorgar “el reconocimiento moral e histórico a los exsoldados conscriptos que participaron de manera directa en el conflicto bélico”, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. En sus fundamentos, aclara que dichos soldados “fueron desplegados desde sus unidades militares de origen al sur del territorio nacional”, habiendo cumplido “tareas de vigilancia y defensa de las costas del litoral marítimo patagónico, bases aéreas, o realizaran tareas de logística en el espacio terrestre continental”. El proyecto ya cuenta con estado parlamentario y debería ser tratado por la Comisión de Defensa de la Cámara Baja presidida por la ex ministra del área Nilda Garré. Aunque en un año electoral, parece muy difícil su tratamiento.

Finalizado el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, el 23 de octubre de 1984 se promulga la Ley 23.109, que otorga beneficios “a los exsoldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”. Pero el 26 de abril de 1988 el Poder Ejecutivo emite el Decreto 509/88, que reglamenta aquella Ley, manifestando en su artículo primero que “se considerará Veterano de Guerra a los ex soldados conscriptos que participaron en las acciones bélicas en el TOAS, determinado el 7 de abril de 1982, que abarcaba la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y el espacio aéreo correspondiente”. También se dispuso que el entonces Ministerio de Acción Social tuviera a su cargo el pago de los beneficios, que equivalía a una jubilación mínima. Este decreto dejó afuera a miles de personas.

El 7 de abril de 1982, cinco días después del desembarco ordenado por la Junta Militar comandada por el ex presidente de facto Leopoldo Galtieri, a través del Decreto secreto 700, se constituye el TOAS, delegando la determinación de sus límites en un Comité Militar, órgano que el 12 de abril decide ampliar y extender la jurisdicción del hasta entonces vigente TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) hasta el litoral marítimo argentino, donde funcionaron las bases de Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos, y Río Grande, a los efectos de vigilar y defender la zona de posibles incursiones británicas en el continente. En su mayoría, los veteranos no reconocidos fueron destinados a dichas bases, por lo que su reclamo se torna justo desde el mismo momento en que fueron desplegados a diferentes destinos del sur argentino durante la guerra para realizar tareas de logística, vigilancia y defensa de las costas del litoral marítimo patagónico indispensables en todo conflicto bélico. Además de haber sido eventuales elementos de reserva si la guerra se prolongaba en el tiempo. Así lo demuestra el siguiente documento, donde el soldado Carlos García Tusso había sido destinado al archipiélago desde Comodoro Rivadavia el 13 de junio. Por el único motivo que no realizó acciones efectivas de combate es porque la guerra finalizó un día después.

DOCUMENTO

De acuerdo al jurista Pedro Ortiz, al momento de los hechos, el conflicto bélico se rigió por la Ley 14029-Código de Justicia Militar- que declara que “el tiempo de guerra se inicia con la declaración de la misma, o en su defecto, como fue el caso de Malvinas, con el decreto de movilización para la guerra inminente. En un primer análisis, los veteranos no reconocidos del TOAS habían sido movilizados hacia el Sur ante un estado de guerra inminente, se encontraban “frente al enemigo”. Y respalda su tesis en la propia historia: “En la era constitucional nuestro país sólo mantuvo dos guerras internacionales: la de la Triple Alianza y la Campaña al Desierto Sur y al Chaco, y en ambos casos todos los movilizados fueron reconocidos como veteranos”, agregando que “el artículo 110 del CJM somete a jurisdicción militar a los obligados a prestar servicio de defensa. Es decir, todos los movilizados estaban sometidos a la ley marcial, sus derechos estaban restringidos a las exigencias de la conducción de las operaciones militares y se vieron forzados a actividades de apoyo de combate”. Y concluye: “Todos los movilizados deben ser reconocidos como Veteranos de Guerra”.

En la actualidad, todos los miembros de la Fuerza Aérea son reconocidos como Veteranos, pero sólo los pilotos cobran la pensión. La injusticia se potencia cuando se comprueba que todos los tripulantes de los buques que, por decisión de los mandos de la Armada, no salieron de puerto, además de ser reconocidos como veteranos, cobran una pensión honorífica por parte del Estado. Desde octubre de 2004, la encargada de otorgar los beneficios es la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), incrementando la cifra a cobrar en un 300%, lo que equivale a 3 jubilaciones mínimas. Es decir, que al día de hoy una pensión ronda los $30.000. En su página web, el organismo previsional reconoce oficialmente 22.476 beneficiarios.

La jurisprudencia emanada de la propia Corte Suprema tampoco ayuda. Con apenas dos meses de diferencia, emitió dos fallos aparentemente contradictorios entre sí: los casos Gerez y Arfinetti. El 8 de julio de 2015, en la causa “Arfinetti Victor”, el máximo Tribunal del país revocó una sentencia de la Cámara Federal de Córdoba de 2011 que confirmaba el reconocimiento de beneficios a 32 ex conscriptos, por entender que no estaba probado que hubieran participado en acciones de combate, amparándose en el Decreto 509/88, que la justicia cordobesa había declarado inconstitucional. Los soldados estuvieron destinados a la base de Comodoro Rivadavia, pero según la Corte, no pudieron acreditar ni comprobar su participación en acciones bélicas.

Pero 50 días antes, más precisamente el 19 de mayo, los Jueces Supremos habían reconocido el derecho de pensión al suboficial Carmelo Gerez, a partir de un fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, que hizo lugar a un recurso de apelación del actor contra la sentencia de primera instancia. En la resolución, la Corte cuestiona el propio artículo primero del Decreto 509/88, calificando al condicionamiento geográfico, que subraya dicho decreto, de “caprichoso e irrazonable”. Y detalla que Gerez “fue movilizado a cumplir funciones en la Base Aeronaval de Río Grande, prestando servicios en la torre de control”. En otro de sus considerandos, afirma que “es un hecho público y notorio que de dicha Base partieron misiones aéreas de ataques dirigidas al TOM, con el consiguiente riesgo cierto de hostilidades y represalias por el enemigo”, quien contaba con armamento suficiente para lograr sus objetivos. La clave de este fallo radica en la acreditación por parte del actor de haber participado en acciones de combate.

El abogado Ezequiel Mulvaj, que representa a muchos veteranos no reconocidos, sostiene que “debido a estos dos fallos, se puede decir que hay 2 precedentes. Ello implica que haya jueces que siguen la línea Arfinetti y otros la línea Gerez. Si demostrás que estuviste realizando acciones puntuales, por lo general te reconocen. Pero lamentablemente la mayoría de los jueces se guían por el fallo Arfinetti. Y aunque en primera y segunda instancia te reconozcan, el Estado apela hasta la Corte, que revoca la sentencia”. Un ejemplo de lo dicho por el letrado, es el caso “Agüero Javier contra el Estado”, donde la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, afirmó el 29 de diciembre de 2016 que “no puede dejar de considerarse que la logística militar es parte integral de la guerra y ha cumplido siempre un rol fundamental en las campañas y operaciones militares”.

Respaldando el fallo de la Corte en el caso Gerez respecto al rol cumplido por la Base de Río Grande, cabe recordar las declaraciones vertidas en sede judicial por el recientemente fallecido Brigadier Ernesto Crespo, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, y, a cargo, durante la contienda, del FAS (Fuerza Aérea Sur). Crespo aseguró que el objetivo principal de las fuerzas especiales británicas era “destruir el material aéreo de la FAS desplegado en Río Grande, y afectar la tripulación de ser posible”. En otro tramo de sus revelaciones, afirma tajante: “Si nosotros no hubiésemos estado en la Patagonia, con los medios desplegados en el continente, el conflicto hubiera finalizado probablemente el primer día de combate, es decir, el 1 de mayo. Los ingleses consideraron a la Fuerza Aérea Sur su único enemigo real en el conflicto”. Los mayores daños ocasionados a la flota británica partieron desde el continente. Pese a ello, la mayoría de quienes allí estuvieron no son reconocidos por el Estado.

Además, según se ha sabido por diarios de guerra y diversos documentos desclasificados, y por propias declaraciones y libros ingleses, se registraron más de 20 incursiones enemigas en el continente, que fueron repelidas por las fuerzas argentinas. La más famosa es la “Operación Mikado”. Pero existieron más. Las mismas fueron detalladas por este medio.

Uno de los problemas al que se enfrentan los veteranos no reconocidos, o al menos algunos de ellos, es la acreditación de que efectivamente estuvieron movilizados desde sus unidades militares de origen hacia las bases continentales, hecho que a partir de las resoluciones ya citadas de la Corte cobra vital importancia. La razón principal es que la cúpula militar, durante el conflicto, realizó en forma muy desprolija el empadronamiento de soldados alistados ya sea para el archipiélago, para el mar o el continente, durante la contienda. Dicha información sólo podía ser chequeada en los diarios de guerra de cada unidad de combate, pero recién se pudo acceder a ellos en 2015, y se descubrió que en varios de ellos los datos buscados no estaban, ya sea porque no los escribieron o porque directamente les habían arrancado las hojas. Lo cierto es que el padrón se fue incrementando a lo largo de los años de forma exponencial. El primer número oficial fue de cerca de 11.000 combatientes, pero ya para 1992 se pasó a 14.020. En 1999, se llegó a la cifra de 22.200. Y en la actualidad, el Ministerio de Defensa reconoce oficialmente 23428 veteranos. La desinformación era tal que en un artículo publicado el 27 de enero de 1983 en la vieja revista “La Semana”, antecesora de la actual “Noticias”, de Editorial Perfil, se aseguraba que durante la contienda habían fallecido más de 2.000 soldados, una cifra muy superior a la oficial de 649 muertos.

“Sería una estafa moral equiparar a los ex combatientes con los movilizados”, le dijo al diario Página 12 en el año 2012 Ernesto Alonso, presidente del Centro de ex combatientes de las Islas Malvinas (CECIM), con base en la ciudad de La Plata. Alonso fue también titular de la Comisión Nacional del Ex combatiente, dependiente del Ministerio del Interior, designado para el cargo por la ex presidenta Cristina Kirchner mediante el decreto 542 del 19 de abril de 2012, y quien continuó en su puesto durante el actual Gobierno, hasta que el 8 de marzo de 2017, el Ministro Rogelio Frigerio designó al frente de la Comisión a Reynaldo Arce. Una buena parte de quienes integran Concertación TOAS no guarda una buena opinión de Alonso, a quien acusan de haber puesto muchas trabas para el reconocimiento de dichos veteranos. Es más, hay quienes afirman que la relación entre el Presidente de CECIM y Nilda Garré, quien preside la Comisión de Defensa por la que debe pasar el proyecto de Ley del Diputado Brugge, es muy estrecha, aunque ya Alonso no ocupe un cargo oficial.

Sin embargo, cabe mencionar que de acuerdo a diversos sondeos realizados por este medio a algunos integrantes de la Concertación, es el oficialismo el que ofrece las mayores resistencias para tratar el tema. “Antes, cuando estaba en el poder, el peronismo no quería saber nada con nosotros. Ahora nos apoya. Pero Cambiemos es ahora quien mira para otro lado. Suponemos que es una cuestión estrictamente económica”, manifiesta uno de ellos.

Los miembros de Concertación TOAS siempre se encargan de manifestar que ellos no guardan ninguna relación con alguna clase de acampe, y que solamente decidieron congregarse a los efectos de comenzar una campaña de divulgación dirigida a la población sobre su accionar en la guerra de Malvinas a partir de la recolección de firmas a nivel nacional. Así mismo, subrayan que ellos no cortan calles, respetando los espacios públicos, para evitar convertir a sus conciudadanos en rehenes de sus reclamos.

Como dice uno de ellos: “No queremos hacerle sentir a la gente lo mismo que sentimos nosotros por parte de determinados grupos de poder que intentó, y aún intenta, borrarnos de la historia”.

Pablo Portaluppi

5 Comentarios

  1. Merecen ser reconocidos. En que piensan los que deben dictaminar SE LOS RECONOZCAN??? No fueron a Malvinas a jugar a los soldaditos, fueron enviados a morir y asi les pagan????

  2. De los 24.000 reconocidos, sólo 2.000 estuvieron bajo fuego enemigo. El resto, al igual que los soldados continentales participaron de la guerra en sus tareas de vigilancia, defensa y logística.

  3. Malvinas la otra guerra . Somos y formamos parte de la historia Argentina, soldados de 18 años que al jurar la Bandera lo hicimos, hasta perder la vida.. porqué nos ocultan y niegan nuestros derechos???

  4. Siendo Soldado de Fuerza Aérea, arme y colaboré en el armado de bombas de 1000 Lbs para los aviones Canberra día y noche desde la Base aeronaval Trelew, una de las seis bases desplegadas en el continente. Los aviones que atacaron a la flota inglesa se preparaban en estas bases militares y para que el piloto volara necesitaba un sistema de militares, civiles y soldados. Todos estábamos en guerra y el riesgo de vida era cotidiano. Armar bombas no solamente era logística era correr el riesgo vida en cada armado y siendo soldado se potenciaba mucho mas. Lamentablemente la historia del continente, de exprofeso, no se contó completa y por honor necesitamos que seamos reconocidos completamente. Solamente con limpiar el padrón de Anses de personas que no tienen nada que ver compensaríamos completamente la actual situación de indiferencia y ninguneo a los que dimos Todo siendo únicamente soldados.

  5. Es una desicion política de hacer un control sobre los que cobran durante el gobierno de Menem era común pagar los favores con pensiones de excombatientes, en una reunión del épica con el diputado Storani miembro de la comisión de defensa nos lo confirmó en una reunión que tuvimos, pero ningún político tiene la voluntad de hacer una limpieza de los padrones sobre todo en un año electoral, nadie se quiere ensuciar, como siempre nosotros no hacemos numero