Mauricio Macri envió este lunes el proyecto de Código Penal al Senado, donde lo esperaban en agosto pero nunca llegó por temor en la Casa Rosada a reactivar la tensa discusión sobre el aborto que esa Cámara había rechazado unos días antes.
Como explicó LPO, el Código sostiene la penalización por interrumpir el embarazo con menos penas y adaptada al fallo FAL, o sea, no deja margen a dudas sobre la autorización a abortar en casos de violación, demencia o riesgo de vida de la mujer. Suficiente para reactivar la polémica que ocupó la mitad de 2018.
Aun así, Macri cumplió con su promesa de la apertura de sesiones ordinarias y remitió el texto de 540 artículos, elaborado por una comisión especial presidida por el camarista de la Casación Penal, Mariano Borinsky.
Otros integrantes fueron el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba, y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer.
“Después de casi 100 años y de las 17 Comisiones anteriores, este es el primer proyecto integral de reforma del Código Penal que un Poder Ejecutivo remite al Congreso desde 1921”, celebró Garavano, que tenía el texto listo en agosto pero lo tuvo que esconder.
La idea, en ese entonces, era enviarlo a Diputados, pero los oficialistas que apoyaron el aborto legal y lograron aprobarlo en esa Cámara le advirtieron a Marcos Peña que no podrían impedir reeditar la discusión, aun latente.
El nuevo Código incorpora las más de 900 leyes que modificaron la versión original que le quitaron coherencia interna y la proporcionalidad de las penas y complicó la tarea de los jueces.
También se adecuó el texto a los compromisos internacionales, como la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción.
Y endurece las penas contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y su financiación; incluye los delitos de lesa humanidad; tipifica nuevas conductas en el marco de los siniestros viales e incorpora la responsabilidad de la persona jurídica. Tiene perspectiva de género, da participación a las víctimas de los delitos y amplía sus derechos. También protege el ambiente y agrega los delitos genéticos y cibernéticos, entre otras destacadas reformas.
Asimismo, fija criterios claros para la determinación de la pena y achica el margen de discrecionalidad de los jueces, especialmente en los casos violencia contra las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
Fuente: LaPolíticaOnline
