Desde Seguridad niegan que hayan menos efectivos. El caso Espinoza como detonante.
Los intendentes peronistas del Conurbano ya desistieron del reclamo hacia María Eugenia Vidal por el traspaso de la Policía Local. A través de distintos canales, los alcaldes venían apuntalando esa demanda desde que la Gobernadora se hizo cargo del gobierno bonaerense.
Pero a mediados del año pasado los intendentes entendieron que había ‘oídos sordos’ y esos pedidos se esfumaron. Querían el control de la fuerza creada por Daniel Scioli en 2015, pero no fue posible. Lo que pedían era ser ellos quienes trazaran las políticas de seguridad en sus territorios. Sin embargo, la decisión de Cristian Ritondo apenas asumió el ministerio de Seguridad fue otra. El ministro se enfocó en brindar una mayor capacitación a los agentes (que salían a la calle con apenas seis meses de entrenamiento) y a ejercer el control sobre la fuerza. Ritondo entendió que la fuerza dependía de su cartera y por lo tanto los intendentes debían acatar lo que se decía en La Plata.
Para el gobierno, esa fuerza en mano de los intendentes significaba un peligro. Desde el gobierno aseguran que algunos alcaldes del Conurbano la utilizaron como fuerza de seguridad de empresas de su amigos.
Un episodio que puso entre las cuerdas a Fernando Espinoza en La Matanza fue punta de lanza para poner una tapa al vínculo de los intendentes con la Policía Local. En septiembre de 2017 fueron desplazados el jefe departamental Enrique Sobrero; el jefe de la Unidad de Prevención de Policía Local La Matanza, José Daniel Barraza; y el comisario mayor Roberto Natalio Zalazar. La investigación se inició con la detención de Mauro Mauricio Puñales, un falso pastor del conurbano bonaerense que fue acusado de secuestrar gente. Con él cayeron unos seis efectivos de la Policía Local, que inmediatamente fueron desafectados y exonerados.
Los reclamos de los intendentes cesaron tras ese caso.
Por el contrario, Ritondo potenció la Superintendencia de Policía Local y el superintendente Alfredo Seeber es quien tiene el poder real sobre la fuerza.
Aunque desde el gobierno lo niegan, los efectivos de la Policía Local se ven cada vez menos en las calles. Ante una consulta de LPO, desde la cartera de Seguridad aseguran que había 12.049 policías locales en diciembre de 2015 y que ahora hay 20.428 efectivos.
Además, aclaran que el año pasado se frenó el ingreso por cupo para dar lugar al ingreso de policías provinciales. “Antes no había filtros. Se presentaban 100 a un llamado y los 100 se admitían”, dijo una fuente del ministerio.
La historia de la Policía Local está atada a la campaña presidencial de Scioli. El entonces gobernador envió a la Legislatura un proyecto redactado por Alejandro Granados. El ex motonauta aceptaba modificaciones, pero La Cámpora y el sabbatellista Marcelo Saín en Diputados cruzaron la raya y redactaron un proyecto que sólo podía ser aceptado por el kirchnerismo duro. Eso hizo que el proyecto se trabara en el Senado.
Con escasa agilidad legislativa, en la Cámara Alta, Gabriel Mariotto, sumó media docena de sesiones frustradas porque no había consenso alguno.
Scioli veía cómo se le acercaba la campaña, en la que planeaba recorrer distritos inaugurando camadas de policías locales y creó la fuerza por decreto.
Desde su inicio, la Policía Local reportaba al gobierno provincial y nunca fue un poder de los intendentes. En sus inicios era Granados (al frente de la cartera de Seguridad) quien les daba juego a los alcaldes. Pero eso se terminó con el nuevo gobierno.
