Finalmente, y luego de muchas especulaciones, el Fiscal subrogante ante el TOF de Bahía Blanca Gabriel González Da Silva elevó un requerimiento de instrucción al Juez Walter López Da Silva para investigar por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público a Alejo Ramos Padilla, quien actualmente instruye la causa por presunto espionaje en Dolores. Se trata de la causa penal 221/2019.
Ramos Padilla fue designado por el Consejo de la Magistratura dominado entonces por el kirchnerismo el 18 de junio de 2015 para subrogar el Juzgado Federal 1 de la ciudad de Bahía Blanca, cargo en el que se mantuvo hasta su renuncia el 31 de diciembre del mismo año. Allí estaba radicada la causa 10451/2014 en la que se investigaba una gran emisión de facturas apócrifas por parte de importantes grupos económicos bahienses para beneficiar a Austral Construcciones S.A., firma propiedad del presunto testaferro kirchnerista Lázaro Báez.
Apenas tomó posesión del cargo, el 24 de junio de aquel año, inicio un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información” fuera de todo registro formal, sin la presencia de ninguna de persona de contralor, ya sea un instructor o un auditor, sin el debido respaldo documental y la inexistencia de firmas de los “informantes” en los más de 6 meses en los que tuvo a cargo la causa de las facturas apócrifas, dicho expediente apenas se incrementó en 73 fojas, mientras que el sumario mencionado acumuló más de cinco cuerpos con 1113 fojas. Finalmente, tres años después, el sumario fue archivado al no verificarse ninguna irregularidad. Pero los funcionarios sumariados en su momento por Ramos Padilla comenzaron a contar lo sucedido en sede judicial, manifestando todos ellos una fuerte presión psicológica y acoso laboral por parte del Juez y de su entorno, por lo que se dispuso la apertura de un sumario. “Se impone la necesidad de instruir una investigación penal”, señaló el Fiscal González Da Silva. Y a su vez, también solicitó investigar a quienes lo acompañaron durante su subrogancia
Una siembra de Justicia Legítima
Al momento de asumir, Ramos Padilla nombró a 16 personas ajenas a la jurisdicción provenientes de Dolores, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, y hasta de la Policía Federal. Revistieron funciones, entre otros, Mauro Labozzetta y Gustavo Puppo, del Juzgado de Dolores; Leandro Massari y Victoria Fraga, empleados de la Procuración, a quienes el magistrado pidió expresamente a la ex procuradora; Pablo Vicente Fermento y Juan Pablo Guidini, ambos empleados de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del MPF; Pablo Andrés Vassel, designado a instancias de la por entonces Presidenta del Consejo de la Magistratura Gabriela Vázquez, perteneciente a Justicia Legítima; Noelia Matalone, contratada en la Oficina Anticorrupción por el ex vicepresidente Amado Boudou y por el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina (Decreto 65/2012), y Mario Vajsejtl, cabo de la Policía Federal y custodio personal de Ramos Padilla, un hombre que solía presentarse armado frente a los funcionarios judiciales.
Sobre Gustavo Puppo, la Cámara bahiense, ante un siniestro ocurrido con un auto oficial del Juzgado que el personal arribado a la ciudad usaba sin ningún tipo de control, que “Ramos Padilla nunca informó las circunstancias de su desempeño en esta sede, pese a los reiterados requerimientos que le efectuó el Tribunal”. Y designa al hecho como “un posible delito de acción pública”. Este siniestro motivó una de las presentaciones contra el Juez de Dolores en el Consejo de la Magistratura. El expediente 266/16 es una de las denuncias que pesan en su contra. Las restantes las forman los expedientes 142/15, 79/16, 64/17 y 70/17. La mayoría de ellas son por “mal desempeño en sus funciones, la posible comisión de delitos en el ejercicio de su función y la realización de actos de manifiesta arbitrariedad que se tradujeron en un atropello a los derechos de las personas”.
Si bien este medio ha publicado los nombres de los funcionarios judiciales que dieron su testimonio en el sumario, los mismos pidieron que no se los vuelva a nombrar, debido a la alta exposición pública que ha cobrado el Juez de Dolores por la causa que instruye. Pero las declaraciones principales brindadas desde el 31 de agosto de 2016 en sede judicial, sobre las cuales el Fiscal González Da Silva basó su requerimiento de instrucción, son las siguientes:
- “La presión estaba y estuvo latente desde un primer momento, y nosotros sufrimos en los primeros tiempos presión psicológica y después directamente aprietes”, por parte de las personas que el Juez llevó a trabajar con el ajenas a la jurisdicción; “Dicho personal realizó tareas de obtención de información en relación a las relaciones interpersonales (amistades, enemistades, etc) entre los empleados del Juzgado, para saber de qué lado estaba cada uno”; “Todo el tiempo estábamos bajo la amenaza del apriete encubierto, diciéndonos que como estábamos contratados nos iban a remover a fin de año”; “La presencia del cabo Mario Vajsejtl era absolutamente intimidante, exhibiendo todo el tiempo el arma en la cintura; “Sentí miedo, inseguridad, y una intimidación constante. Llegué a pensar en renunciar”
- “Ramos Padilla se presentó acompañado de una docena de personas. La actitud de algunos de ellos era absolutamente intimidante, llegando hasta a “tantear” en los estantes del escritorio, como si buscaran micrófonos. Hasta llegaron a revisar los residuos descartados por el personal”, “Uno de ellos me decía que me tenía que sentir muy agradecido con el gobierno kirchnerista y tenía que tener en mi despacho un cuadro de Néstor Kirchner”.
- “La llegada de Ramos Padilla se vivió como una intervención, al llegar al Juzgado encontramos la puerta cerrada, se nos hizo esperar, se cambiaron todas las cerraduras y el clima era como que éramos culpables de algo”; “Me sacaron de mi despacho con lo puesto, quedé sin rumbo, sin oficina, sin nada. Ante esta situación estuve muy mal psíquicamente y tuve que ser medicado. Me iba llorando y llegaba llorando al Juzgado, a mí me produjo mucha violencia. Lloraba frente a mis hijos. No podía creer lo que veía, todo cerrado, todo fajado”.
- “A Ramos Padilla se lo esperó con tensión y nerviosismo, sabiendo que era de Justicia Legítima. Él y su gente tenían como una distorsión de la realidad, en los hechos y verbal, porque se encontraban preocupados por cosas que no tenían lógica”; “Se pedía una permanente elaboración de informes y extracción de fotocopias, algunas veces a pedido del Juez a fin de llevarlas a Buenos Aires; “El Dr. Pablo Vassel, del Consejo de la Magistratura, decía todo el tiempo que él estaba para controlar”.
- “En todo este tiempo, el Dr. Ramos Padilla llevó adelante un proceso que demandó mucho esfuerzo de parte nuestra, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Yo trabajaba de 8 a 20 hs, incluso sábados y domingos para poder cumplir con lo requerido por el Juez. Tampoco se respetó el período de lactancia de una empleada que había sido madre”; “Toda la gente que estaba en el Juzgado que había venido con el Juez, no sabíamos quiénes eran. El ambiente generado en ese tiempo fue amenazador. Era un clima raro, no era un buen clima de trabajo”.
Hasta Piumato aparece en escena
De acuerdo a una consulta de este medio respecto al rol cumplido por el gremio ante tal situación, las fuentes aseguran que fue “de absoluta complicidad” con Ramos Padilla. Y mencionan especialmente a Graciela Diez Paz, Secretaria General de la Regional 3 de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que a nivel nacional conduce Julio Piumato. Cuentan que ante semejante trato laboral, “fuimos a quejarnos y el sindicato no hizo nada. Era evidente que eran cómplices”. Otra persona agrega que “se trata de gente muy pesada. Lo que ocurrió después es que muchos nos desafiliamos”. Por último, un ex juez asegura que “el gremio tiene todo copado. En el juzgado federal 1 está Sandra Martínez Borda, de la Comisión Directiva de UEJN. En el Juzgado 2 está Diez Paz. Y como secretario de la Fiscalía General Dino Berdini, un hombre con mucha influencia política”.
La investigación interna que dispuso el hoy juez de Dolores en el Juzgado de Bahía apuntó a una conocida estrategia kirchnerista: la imputación de personajes molestos en causas de lesa humanidad. En Bahía se tramitaban varias de vital importancia para el kirchnerismo. A tal efecto, Abel Córdoba, reconocido miembro de Justicia Legítima y de extrema confianza de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, había sido nombrado sucesor del fallecido Hugo Cañón en causas de derechos humanos en la ciudad. A instancias del Dr. Córdoba fueron nombrados el 12 de marzo de 2013 como fiscales ad hoc- figura que para muchos juristas no está contemplada en la ley 24.946 del MPF para la designación de Fiscales- para entender en dichos expedientes Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia. Este último también fue nombrado por Gils Carbó, un día después de la elección por parte del Consejo de Ramos Padilla, como Fiscal subrogante en el Juzgado 2. Por su parte, Palazzani cumplió un rol importante en la Unidad Fiscal PROCUVIN (Violencia Institucional) en el entuerto del caso de Santiago Maldonado. Entre los tres representantes de la Procuración presentaron 14 prontos despachos, 4 retardos de justicia, y 5 denuncias en el Consejo de la Magistratura contra el Juez que instruía la causa por las facturas truchas, Santiago Ulpiano Martínez, y hoy Fiscal de Instrucción del Juzgado Federal 2 bahiense. Ello allanó el camino para la llegada de Ramos Padilla a Bahía Blanca.
Por su parte, en otro hecho que se interpretó como un intento de protección del kirchnerismo al juez que hoy instruye la causa de espionaje, el Consejo de la Magistratura designó el 8 de octubre de 2015, en una inédita decisión, a 4 jueces para que subroguen en la Cámara de Bahía Blanca. Dicho Tribunal lo integran 5 camaristas. Es decir, nombró al 80% de la Cámara. Entre ellos, a Jorge Ferro, vinculado a delitos de trata y lavado de dinero y quien fuera designado instructor en el sumario interno abierto por Ramos Padilla contra los funcionarios judiciales, y Alberto Lugones, hoy integrante del Consejo, quien votó en contra de la decisión adoptada por el cuerpo en las últimas horas de avanzar en la investigación por mal desempeño en sus funciones contra el magistrado, por su presentación ante la Comisión de Libertad de Prensa del Congreso donde expuso, según la denuncia, “cuestiones vinculadas a la investigación en curso”.
Lugones fue protagonista de un hecho casi desconocido, que ya fue publicado aquí pero que merece recordarse. Al poco tiempo de asumir en Bahía, más precisamente el 18 de noviembre, la flamante Cámara resuelve designar en reemplazo de Susana Marcela Nolter, quien se hallaba de licencia por enfermedad, a tres personas, entre ellas, a Matilde Ficcadenti como Escribiente Auxiliar del Juzgado Federal 2. La principal familia investigada en la causa de las facturas truchas es el Grupo Ficcadenti.
Daniel Adler de la mano de Justicia Legítima
Uno de los actuales camaristas es Pablo Larriera, un hombre muy cercano al titular de la agrupación judicial K Justicia Legítima en Mar del Plata, el Fiscal de Cámara Daniel Adler. Larriera, de hecho, ejerció como Fiscal subrogante en la ciudad balnearia y fue parte del armado de la causa contra el Juez Provincial Pedro Hooft, acusado falsamente por delitos de lesa humanidad. Otro de los camaristas es Roberto Amabile, quien supo formar parte de la famosa Lista Celeste, un frustrado intento por parte de Justicia Legítima en 2014 de imponerse en las elecciones de la Asociación de Magistrados de aquel año. En una reciente resolución de la Cámara bahiense, el Dr. Amabile destaca, respecto a la actuación de Ramos Padilla en la ciudad del sur bonaerense, “la integridad en el desempeño de la magistratura, y la eficacia de la labor efectuada”. Y agrega en relación a los testimonios de los funcionarios judiciales que “son cuestiones relativas a la organización interna del tribunal, vínculo profesional con el personal del juzgado y demás cuestiones inherentes a la organización del trabajo diario y la jornada laboral”.
Tres días después de aquella resolución, el Fiscal Gabriel González Da Silva solicitó requerimiento de instrucción por abuso de autoridad y acoso laboral.
Por: Pablo Portaluppi
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y ahora que?
tiren una brujula…