La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires falló a favor del municipio de General Pueyrredon en un importante juicio en la cual la empresa “Automatizaciones de Sur S.A.”, contratada para realizar el control de tránsito y prevención de accidentes vehiculares, reclamaba una abultada suma de dinero por la falta de pago de multas realizadas durante los años 2000 y 2001.
Entre sus fundamentos se destaca que conforme surge del contrato, la obligación de pago del municipio era únicamente respecto de las multas labradas y “efectivamente cobradas por la Comuna”. Que se pagaron a la empresa el porcentaje sobre las multas efectivamente cobradas por pago voluntario, pero no respecto de las que no fueron percibidas.
Se resolvió, en definitiva, que no existió obligación jurídica del Municipio de abonar aquellas multas que no hayan sido efectivamente canceladas por los infractores.
De haber prosperado la demanda, se estima que la Comuna debería haber desembolsado una suma aproximada a los $20.000.000 -(U$S1.300.000)-por ello la trascendencia económica de este fallo a favor de la Municipalidad.
La defensa del municipio estuvo a cargo del Dr. Eduardo Furundarena, letrado de la Subsecretaría Legal y Técnica.
Una denuncia que databa del 2001
A través de la Ordenanza 12.481, la Municipalidad declaró en 1999 el estado de emergencia de tránsito vehicular con el objeto de reducir los accidentes en el partido de General Pueyrredon.
Por concurso público se contrató con la empresa “Automatizaciones del Sur S.A.” la provisión de equipos y sistemas especializados para la prevención de accidentes, control de velocidad, cruce de semáforos, alcoholemia, peso, humo y ruidos, contrato que tuvo vigencia hasta mediados del año 2001.
Finalizado el mismo, la empresa alegó incumplimiento de las cláusulas contractuales y le reclamó administrativamente a la Municipalidad el pago del 30% de multas labradas por infracciones de tránsito.
Ante la supuesta falta de pago de las sumas requeridas, la empresa inició juicio contra la Municipalidad, el cual tramitó con el número de causa B-64.344 ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, reclamando $7.500.000 a valores del año 2001.