Luego de la polémica publicación en el Boletín Oficial, el gobierno nacional salió a presionar a las provincias para que se adhieran a la resolución 956/2018, más conocida como la“Doctrina Chocobar”, que permite mayores libertades para que las fuerzas de seguridad disparen a matar con armas de fuego.
En ese marco, la Provincia confirmó que estaba“analizando” su aplicación en territorio bonaerense, pero esta tarde se conocieron algunos argumentos de por qué el gobierno de María Eugenia Vidal no se sumaría a la controvertida resolución.
Así, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo, dejaron en claro que la policía “tiene que tener todas las herramientas para hacer cumplir la ley”, pero consideraron que “no todas las policías son iguales”.
Es que desde hace un tiempo, que el gobierno bonaerense pone en énfasis un proceso de “reforma profunda” de las fuerzas de seguridad de la provincia, por lo cual dejaron a entender que “no es el momento” de adherirse a una medida que por ahora, está sumando más voces en contra que a favor.
“En este marco creemos que ahora no es el momento, pretendemos seguir profundizando el camino que nos trazamos para tener una mejor policía”, aseveraron fuentes cercanas al ministerio.
La gobernadora Vidal y el ministro Ritondo confían en su policía. Desde que llegaron a la gestión, remarcaron la falta de capacitación de miles de uniformados en la policía bonaerense y por eso se ocuparon de mejorar la calidad –más que “la cantidad”- de la fuerza a través de cursos, equipamiento con chalecos, camionetas blindadas y comunicación encriptada.
En ese objetivo, el gobierno de Vidal buscó una depuración de las fuerzas policiales, al punto de que hoy hay más de 11.500 policías apartados de su cargo, los cuales habían estado involucrado en el delito. 750 de ellos, están presos.
Tras el inminente rechazo de la Provincia y el revés judicial del juez Gallardo en Capital Federal, que prohibió el uso de la resolución para las fuerzas porteñas, la medida de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich comienza a encontrar cada vez más obstáculos y soledad.
Más si se tiene en cuenta que la resolución viola el Código Civil y la Constitución prohíbe que una resolución pueda modificarlo sin pasar antes por el Congreso. También, pasa por encima de normas internacionales.
Fuente: INFOCIELO
