La Dirección General de Cultura y Educación provincial elevó una denuncia penal hacia las empresas que prestaron servicios de transporte escolar en el Partido de General Pueyrredon. Se los acusa por los delitos de Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública y Asociación Ilícita.
Según lo informado, los transportistas cumplían sólo con el 50% del servicio que debían proporcionar. Es decir, usaban menos vehículos y realizaban menos recorridos.
La auditoría realizada por los denunciantes reveló que por contrato se debían transportar 1.304 alumnos en 43 vehículos, cuando en realidad se transportaban sólo 689 alumnos en 17 vehículos.
Por otro lado, desde la Dirección afirmaron que “se constató la articulación de acciones tendientes al ocultamiento de un monopolio en la prestación del servicio, lo que podría implicar además un intento de evasión fiscal en términos de reducción de la carga impositiva”.
“Se detectó la existencia de contratos con transportistas que poseen como apoderados a una misma persona, donde especifican la misma flota de vehículos e inclusive con los mismos choferes. También se encontraron facturas confeccionadas con una tipografía similar caligráfica”, agregaron.
La denuncia se da en el marco de una política de regulación administrativa en el Consejo Escolar. Anteriormente, se habían detectado irregularidades en los procesos de contratación para la compra de bienes y servicios para los colegios.
Es necesario recordar que el Consejo Escolar fue intervenido el pasado 16 de abril. Roberto Angrisani fue el elegido para ocupar la dirección del organismo por 180 días.