A casi un año del acuartelamiento que se produjo en nuestra ciudad y varias localidades de la zona, donde los efectivos policiales reclamaban por un aumento salarial y mejores condiciones laborales para el desarrollo de sus tareas. La Justicia Federal imputó, por el delito de sedición, a 7 uniformados y 3 civiles, entre los que estaría involucrado Carlos Pampillón, líder de la agrupación ultranacionalista Foro Nacional Patriótico (Fonapa).
Supermercado saqueado en Mar del Plata durante diciembre de 2013
El fiscal Pablo Larriera elevó el pedido de indagatoria para 7 efectivos de las fuerzas y 3 civiles, que en base a investigaciones habrían sido los incitadores de la rebelión que terminó con innumerables comercios saqueados en la ciudad durante el 8 y 9 de noviembre, más una infinidad de pérdidas, que en algunos casos, los propietarios nunca pudieron solventar ya que no recibieron la ayuda necesaria por parte del gobierno local y provincial.
Saqueo: reconocido comercio de ropa deportiva ubicado en Peatonal San Martín
Por su parte en lo que respecta a la causa, según información que maneja este portal, entre los civiles imputados estaría involucrado el dirigente de ultraderecha Carlos Pampillón. Una ex policía Virginia Sosa, y el ex secretario del sindicato provincial (SIPOBA) Nicolás Masi. Todos deberán presentarse a declarar ante el juez Santiago Inchausti.
Cabe recordar que el líder del (Fonapa), Carlos Pampillón, acumula varias denuncias en su contra y no es la primera vez que enfrentará a la Justicia Federal.
ALGUNAS PRUEBAS
En los registros obtenidos de diferentes llamadas los días 8 y 9 de diciembre del 2013 al 911, hubo personas que “llamaron a las 15 horas y nunca fue un móvil. Robaron y rompieron todo”; o bien un señor expresó que “el hijo se dirigió a la comisaria tercera a efectuar una denuncia y no le tomaron porque no iban a atender a nadie”, a pesar de que el personal estaba en el interior.
Incluso, en una de las indagatorias realizadas en el marco de Investigaciones Penales Preparatorias de la Justicia provincial, se expresa textualmente que uno de los hechos de saqueo se dio “aprovechando la situación de falta de personal a partir del conflicto que es de púbico conocimiento”.
También se da cuenta del informe labrado en el Centro de Monitoreo local, acerca del funcionamiento del servicio 911, y dice: “…el servicio 911 funciona con normalidad y que se hallan cubriendo las llamadas de eventos delictivos solamente 2 móviles por cuadrícula, registrándose a pesar de ello un menor tiempo de respuesta entre el pedido de auxilio o registro del evento y la presencia policial efectiva…”.
RESPONSABILIDADES CIVILES
Al dar cuenta de la responsabilidad de los civiles, se deja en claro respecto a Pampillón que “el nombrado quien incitó [previa, concomitante, y posteriormente] al acuartelamiento de la fuerza policial, portando incluso un autoparlante en el lugar del bloqueo a efectos de arengar a los presentes (recordemos que él mismo reivindicó estos hechos), conformando y abonando los motivos bastantes para sospechar que el nombrado ha tomado parte en la comisión de los mismos, tal como ha quedado sobradamente expuesto en esta instancia”.
Similar responsabilidad le cabe a la expolicía Virginia Sosa, apodada “la Rusa”, “quien ya en el mes de enero del año 2013 había estado encadenada protestando frente a la Municipalidad de General Pueyrredon, habiéndose colectado numerosos elementos (artículos periodísticos, videos, publicaciones en Facebook, así como las testimoniales de Comisarios Piccioni y Ferrá) que permiten sostener fundadamente que fue otra de las principales instigadoras -junto con Pampillón- de estos sucesos”.
Y por su parte, Nicolás Masi, en su carácter de autodenominado secretario de SIPOBA, “llevó a cabo, a sabiendas y con intención, una serie de actividades de difusión, propagación e incitación a través de los medios ya identificados, dirigidas a que el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires destacado en la ciudad adoptara la decisión de auto acuartelamiento los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con la finalidad de conseguir que las autoridades del gobierno provincial dispusiera un aumento salarial, dejando de esta forma de prestar servicios, con la consecuente desprotección ciudadana que ello trajo aparejada”.
