Recientemente, obtuvo media sanción por parte del Senado de la Provincia, un proyecto de ley que en forma deliberada lesiona la constitución provincial, y atenta contra la independencia del poder judicial, lo que pone en riesgo el funcionamiento de todo nuestro sistema de justicia.
El mismo, pretende modificar la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, reduciendo el número de representantes de los Colegios de Abogados, y del Poder legislativo, y aumentando sustancialmente los que corresponden al Ejecutivo, terminando de esta forma con el equilibrio que desde la reforma del ´94 se consagra en el artículo 175 de la Constitución Provincial.
La división e independencia de los poderes, consagrada por nuestra Carta Magna y replicada en las constituciones provinciales, en un pilar fundamental sobre el que se erige el sistema republicano de gobierno. Nuestro sistema, se basa en los contrapesos, con tres poderes independientes, con diferentes funciones definidas por la constitución y que se controlan entre si. Ahora con los cambios que se quieren introducir en el Consejo de la Magistratura, lo que se pretende hacer es otorgarle una preponderancia al poder ejecutivo consagrada a través de una ley, lo que representaría el más grave retroceso que sufre la independencia de la justicia provincial desde el 94.
La reforma, significó un importante avance sobre el mecanismo existente para el nombramiento y remoción de los jueces, porque para darle mayor transparencia, los constituyentes consideraron necesario incluir a representantes del Poder Judicial y de los Colegios de Abogados en un plano de igualdad con el poder político, ahora se pretende retroceder destruyendo estos logros.
Por eso decimos que nuestra justicia peligra, claramente el gobierno del frente para la victoria, con Scioli a la cabeza pretende subordinar el Poder Judicial al Poder Político, mediante el manejo del Consejo de la Magistratura, afectando gravemente la independencia y la división de poderes que consagra la constitución de la Provincia, y permitiendo que designen los jueces, fiscales y defensores a su conveniencia, y que suspendan o despidan a quienes por ejemplo investiguen un hecho de corrupción.
Por lo tanto, debemos resistir a esta reforma en forma enérgica, cada uno desde el lugar que le corresponda, y debemos exigir a nuestros diputados que no permitan este avasallamiento, que se pongan del lado de los ciudadanos, cumplan con su obligación de respetar la constitución, y defiendan las bases del sistema republicano.
