Luego de más de un año y medio de audiencias de debate, que incluyeron la declaración de más de 100 testigos y la realización de inspecciones oculares en ocho dependencias que funcionaron como centros clandestinos de detención, los fiscales María Ángeles Ramos y Juan Manuel Portela concluyeron este lunes con el pedido de penas para los 23 acusados que llegaron a la instancia de juicio. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron prisión perpetua para nueve de ellos y penas de 10 a 25 años para los restantes. Los delitos por los que se los acusa son robos, coacciones, privaciones ilegales de la libertad, violación, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 45 víctimas.
En la audiencia, donde también intervienen las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Olavarría, los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas escucharon el final del alegato del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que también fue seguido por familiares y sobrevivientes y por los abogados y abogadas defensoras, dado que ningún imputado estuvo presente en la sala de audiencias. Si bien habían sido 32 los acusados que comenzaron a ser juzgados, desde entonces algunos fallecieron y otros fueron apartados por incapacidad sobreviniente.
En concreto, se solicitó prisión perpetua para Oscar José Bardelli, integrante de la Subzona 12; Eduardo Héctor Bernadou, Osvaldo Miguel Guarnaccia, Roberto Jorge Casares, Julio César Tula y Horacio Rubén Leites, integrantes de las áreas 121 y 124; y los ex policías de la Comisaría de Olavarría, Roberto Manuel Fantini, Argentino Alberto Balquinta, y Héctor Rubén Rinaldi.
Además, se solicitaron 25 años de prisión para Héctor Alberto González Cremer, Walter Jorge Grosse, Edgardo Mariano Viviani, todos ellos integrantes del área 124; y para Enrique Vázquez, quien fue el director de la Unidad 2 y Unidad 7 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El MPF consideró acreditada la sistematicidad y clandestinidad del plan desarrollado, y la responsabilidad de cada imputado que determinó el pedido de penas.
A su vez, se pidieron 22 años para Román Valdecantos y Luis Alberto Juárez, que cumplieron tareas en el Consejo de Guerra Especial Estable, y para Raúl Ángel Córdoba y Santiago Alberto Padilla, integrantes del área 124. Para Carlos Alberto Muñoz, también miembro del área 124, se solicitó 21 años de prisión; 18 años para Julio Néstor Cazaux del Destacamento Hinojo; 15 años para Francisco Oscar Sarmiento y para José Clemente Forastiero, integrantes del área 124 y de la Unidad Regional de Azul respectivamente, y 10 años para Juan Carlos Luján y para Néstor Omar Vapore, de las Comisarías de Olavarría y Tandil, respectivamente.
Tras analizar la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad, y la materialidad de los hechos, se describió el funcionamiento de Monte Peloni -una casona situada en Sierras Bayas-, La Huerta en Tandil, la Comisaría Primera y el Regimiento de Olavarría –en este último lugar funcionaba la cabecera del área 124-, la Brigada de Las Flores, la Comisaría Primera de Tandil, y las unidades penales 2 de Sierra Chica y 7 de Azul.
Todo ello permitió acreditar la sistematicidad y clandestinidad del plan desarrollado, y la responsabilidad de cada imputado que determinó el pedido de penas que se concretó en la última jornada.
El juicio continúa hoy con los alegatos de las querellas.
Fuente: fiscales.gob.ar
