Ciudad, Policiales

Gran movilización a 9 años de la Masacre de Avellaneda

?Varias agrupaciones se manifestaron durante la tarde de hoy en el centro marplatense al cumplirse 9 años de la Masacre de Avellaneda.

Entre las 16 y las 19, la calle San martin, Rivadavia, Belgrano y sus transversales desde Independencia hasta la costa estuvieron cortadas.

A continuación el comunicado oficial.

A 9 Años de la Masacre de Avellaneda

Hoy se cumplen 9 años de la Masacre de Avellaneda, una de las

represiones más brutales sufrida por el pueblo argentino bajo un

gobierno constitucional, que cobró las vidas de nuestros compañeros

blankDarío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30

manifestantes heridos de bala.

La represión desatada el 26 de junio de 2002 fue planificada y

ejecutada por el gobierno de Eduardo Duhalde respondiendo a los

reclamos de mano dura del imperialismo, los gobernadores

justicialistas y radicales y las cámaras empresarias AEA, UIA, SRA,

ADEBA, coordinándolo con el entonces gobernador de la Provincia de

Buenos Aires, Felipe Solá.

blankPara ello montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión

del Estado: Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura

y la Side, con un despliegue planificado de grupos policiales con

carta blanca para matar.

Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que

seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre

seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de

piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares.

Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las

organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular

a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y

trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las

luchas y recomponer la gobernabilidad del Estado, que no significaba

otra cosa que garantizar que las empresas siguieran haciendo

fabulosos negocios a costa de la miseria del pueblo.

blankEl gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían

nuestras demandas e incumplían compromisos arrancados en la lucha.

Al mismo tiempo, crecían sobre los movimientos y organizaciones

sociales las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y el

accionar de patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrionuevo

en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a

Juan Arredondo en Lanús.

Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso

llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen

los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban

a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se

encargaron de demonizar al movimiento piquetero encubriendo luego

los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día

blanksiguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a

las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha.

El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida

anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia

represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas

durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de

unidad y lucha popular del 3 julio que, con una movilización

multitudinaria, hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde

Avellaneda hasta Plaza de Mayo.

blankDuhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de

Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el

caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar en

campaña electoral disertando sobre gobernabilidad y democracia.

Mientras se postula a candidato a presidente afirma que pretende

gobernar para los que defienden a Videla. El pueblo argentino tiene

en claro su culpabilidad como responsable político principal de los

asesinatos de nuestros compañeros Maxi y Dario. Hoy como siempre,

nuestra sentencia es clara, ¡Duhalde es candidato, pero a la cárcel!

De la misma manera, Aníbal Fernández, quien era secretario de

presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es jefe de Gabinete,

fue uno de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Carlos

Soria, actual intendente de Roca, fue designado por Cristina

Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro y

apoyado por todas las fracciones del PJ y el Frente para la

Victoria. Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y él

también debería estar tras las rejas y no haciendo campaña.

En cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio

y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y

materiales de aquellos crímenes, a los Duhalde, a los Solá, JJ

Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Soria, Genoud, Oscar

Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Los que hoy son expresiones de lo

más nefasto de la política están firmemente acomodados tanto en el

actual esquema político kirchnerista como en la oposición patronal.

Kirchner intentó cooptar  y engañar a los compañeros, compañeras y

familiares de Darío y Maxi con la promesa de “investigar hasta las

últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión

investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que

tenía como condición que abandonáramos la movilización. El rechazo a

la conciliación  y la continuidad de la lucha nos permitió

encarcelar a Fanchiotti y Acosta.

La complicidad del Gobierno K con Duhalde llegó al punto de no abrir

los archivos de la SIDE  y permitir que Duhalde no se presente ante

la justicia. Política de impunidad que continúa hasta el día de hoy.

Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente

Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (Ex Avellaneda), en los

Tribunales de Lomas y a todas las plazas del poder político logramos

que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con

condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el

juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas y

que fue monitoreada por la SIDE. Sin embargo, el fiscal federal

Miguel Angel Osorio se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de

prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.

La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales

responsabilidades políticas de la Masacre se encuentra literalmente

cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo,

puesto a dedo por el propio Presidente Kirchner. La causa no se

mueve por orden de la Secretaría General de la Presidencia, que

todavía no ha respondido por el informe solicitado por la fiscalía

en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios

duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes,

durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002. Se

manifiesta así, a lo largo de estos 9 años,  el hilo conductor de

impunidad  que une a los gobiernos de  Duhalde y los Kirchner.

Porque la impunidad genera más impunidad: quienes dieron las órdenes

en la represión del Puente Pueyrredón hace 9 años ni siquiera fueron

investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el

gobierno nacional o provincial o se presentan como candidatos; y esa

impunidad avala que desde el estado se siga organizando la represión

de las manifestaciones de trabajadores o la persecución a los

luchadores por los distintos medios y mecanismos tan utilizados para

reprimir al pueblo.

Hoy levantamos más alto que nunca las banderas de Darío y Maxi. Y

vamos por el juicio a todos los responsables políticos. Así como

también seguimos denunciando la complicidad civil de los medios de

comunicación para incentivar y luego encubrir la masacre. Asimismo

denunciamos la complicidad de este gobierno para no enjuiciar a los

responsables políticos e intelectuales.

Estamos acá para denunciar que bajo el gobierno de Cristina

Fernández de Kirchner sigue la impunidad y la bonaerense corrupta y

asesina. Con la mirada cómplice del sistema penitenciario

bonaerense, el asesino Fanchiotti ha burlado su condena entrando y

saliendo de la cárcel como patrón de estancia, caso que muestra que

incluso los represores y genocidas presos tienen toda la impunidad

para seguir funcionando con las redes represivas para atacar a los

luchadores. Asimismo la impunidad y la persecución a los que luchan

cuenta con la ayuda de las patotas de la burocracia sindical,

apañadas por la política gubernamental y que ya se han cobrado

varias víctimas, amedrentando persiguiendo y asesinando a nuestros

compañeros.

Hoy exigimos al gobierno nacional la urgente aparición con vida del

compañero Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas

contra los genocidas de la pasada dictadura, exigimos el

esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, testigo en la causa

por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa

Fe, y exigimos la aparición con vida de Luciano Arruga, todos

testimonios de la existencia de un aparato represivo actuante que

jamás fue desmantelado y que se entrelaza con las mafias del

narcotráfico, el delito, la trata de personas y los asesinos de la

dictadura impune.

Estamos aquí para denunciar que a 9 años de la Masacre sigue intacto

el aparato represivo responsable de la brutal represión. Que el

Gobierno que se autodenomina de los Derechos Humanos sigue

reprimiendo al pueblo que sale a luchar por vivienda, educación,

salud y trabajo digno. Que los Macri y los K no dudan acordar

rápidamente para reprimir brutalmente al pueblo como pasó en el

Parque Indoamericano, cobrándose la vida de los compañeros Bernardo

Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez. Que la

represión encubierta sigue siendo la herramienta principal de los

Gobernadores K para intentar disciplinar al pueblo en su lucha, como

lo demostró el caso de los compañeros Mario y Roberto López,

asesinados en Formosa por el gobierno de Insfrán. Luego de sostener

varios meses de acampe para que el Gobierno se decidiera a atender a

los compañeros Qom, sin obtener respuesta fueron desalojados entre

la policía y La Cámpora.

La impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la

participación de la burocracia sindical apañada por el gobierno.

Desde este acto, a seis días de cumplirse ocho meses del crimen de

Mariano Ferreyra -caído en la lucha contra la burocracia y contra la

tercerización laboral- celebramos la victoria popular que significa

haber llevado a la cárcel a algunos de los autores materiales de su

asesinato y a sus mentores, José Pedraza, Juan Carlos Fernández y

Pablo Díaz. Al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso en la

lucha para que paguen todos los responsables -lo que incluye a los

empresarios, policías y funcionarios cómplices de los patoteros-,

para que Pedraza y sus matones sean efectivamente condenados, y para

terminar con el régimen negrero de las tecerizaciones.

Más de cuatro años después del fusilamiento del luchador docente y

militante revolucionario Carlos Fuentealba en Neuquén, sólo está

preso el asesino Poblete, mientras los que ordenaron la represión

siguen gobernando la provincia, donde también sigue impune el

asesinato del militante Lázaro Duarte a manos de patotas del MPN.

Mientras Sobisch y los responsables políticos de los asesinatos

están libres de culpa y cargo, se condena a los compañeros que

repudiaron el crimen. El actual gobernador Jorge Sapag es el garante

de la impunidad de Sobisch y es otro aliado del Gobierno Nacional.

Denunciamos la existencia de un aparato represivo impune que es

heredero del golpe militar del ¨76, que sigue actuando animado por

los mismos intereses económicos y sociales, lo que provocó desde

1983, 51 manifestantes muertos en movilizaciones populares y que

desde la era Kirchner suma 847 muertos por  casos de gatillo fácil.

Los juicios a represores 30 años después llegan sólo a un grupo

reducido de genocidas, aislados de sus conexiones con el poder

político, capitalista y clerical. Luchamos por perpetua para los

miles de implicados.

Más de 5.000 luchadoras y luchadores están procesados. El Gobierno

alienta el juicio contra militantes populares, sociales  y

políticos; asambleístas, ambientalistas en Guleguaychú, Vicente

Lopez, Andalgalá y Famatina; piqueteros y piqueteras; ex delegados

del Casino; Subte; trabajadores y trabajadoras de Kraft,

trabajadores ferroviarios, vendedores ambulantes y estudiantes de la

FUBA. El gobierno desata una cacería de brujas contra la

organizaciones populares, los primeros casos testigos son la

persecución a Roberto Martino, quien fue puesto en libertad

recientemente por la lucha popular, y la condena a Fernando Esteche,

Raúl “Boli” Lescano, y otros compañeros del MPR Quebracho, así como

Raúl Abregó del Polo Obrero de San Juan. Desde este Puente exigimos

la inmediata libertad de Carlos Olivera, La Gallega Karina Germano

López, Jose Villalba y Manuel Arias, así como la anulación de las

condenas y el desprocesamiento de todos los luchadores, entendiendo

que cuando tocan a uno, tocan a todos.

Este nuevo aniversario nos encuentra denunciando la movilización de

un enorme dispositivo represivo, a instancias del Gobernador Daniel

Peralta, contra la huelga docente y los petroleros de Santa Cruz.

Desde aquí compañeros y compañeras, nos hacemos parte de esa lucha,

que también es nuestra, con la fortaleza  que solo la solidaridad de

clase posee y les decimos que no están solos, que ningún luchador

está solo, como nos enseño el ejemplo de Dario y Maxi.

Los reclamos que levantamos el 26 de junio de 2002, como en tantas

otras, están hoy tan vigentes como ayer. Digan lo que digan los

dibujos del Indec, la inflación galopante ha hecho caer millones de

argentinas y argentinos bajo la línea de pobreza sólo en el último

año, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos

jóvenes desocupados. El reclamo de un trabajo para cada desocupado y

desocupada, de un subsidio igual a la canasta alimentaria, de un

salario equivalente a la canasta familiar, de acabar con la

flexibilidad laboral y el trabajo en negro, se hacen cada día más

urgentes, no sólo en las barriadas del sur bonaerense en las que

militaban Darío y Maxi, sino también en todo el país. Denunciamos la

política económica del gobierno que enriquece a las grandes empresas

multinacionales, a los pooles de siembra con los grandes negocios de

la soja, que entrega nuestros bienes comunes naturales, y que se

sostiene en base a la pobreza y el trabajo precarizado de miles de

compañeros y compañeras.

Hoy los pueblos siguen levantándose y mostrándonos el camino,

enfrentando las crisis capitalistas que  generan y nos quieren hacer

pagar. Los gritos de indignación y resistencia, las rebeliones

populares, recorren el mundo, desde Medio Oriente y el Norte de

África hasta la vieja Europa, donde se vuelcan millones a las calles

para decir ¡basta! En nuestra América Latina los pueblos siguen

resistiendo y acumulando fuerza frente a las embestidas

imperialistas, como lo demuestra la gran movilización del pueblo

hondureño contra el golpe de estado del 28 de junio de 2009.

El gobierno nacional favorece al capital financiero pagando la

ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa cuando vuelve a haber

muertos por desnutrición, brotan epidemias que hacen estragos en la

niñez, y hay 5,5 millones de jubilados con la jubilación mínima de

$1200, a la vez que saquea la ANSES para obtener los recursos para

el pago de la deuda y subsidiar a los bancos y empresas con los

aportes sociales de las trabajadoras y los trabajadores.

Sus aliados son los Soria, los Insfrán, los Otahecé, el MPN, es

decir, lo más nefasto de la política nacional, llegando al límite de

poner como candidato a senador al mismísimo Carlos Menem.

Después de  haber anunciado que otorgaría miles de puestos en el

Programa Argentina Trabaja sobre millones de desocupadas y

desocupados, sólo han inscripto a una mínima parte en el conurbano y

una vergonzosa cifra en algunas pocas provincias del interior. El

Gobierno coloca el Programa bajo control del aparato de punteros de

los intendentes y las organizaciones oficialistas. Luchamos por

trabajo para todos y todas, por la universalización del Programa sin

clientelismo, y reclamamos el aumento de los salarios, el pago de

cargas sociales, la entrega de ropa y elementos de trabajo y

seguridad. Reclamamos  plenos derechos de organización sindical para

luchar por nuestras reivindicaciones laborales.

Seguimos señalando que el subsidio por hijo no llega a todas las

familias que lo necesitan ni a todos los hijos de los beneficiarios.

Su monto está congelado y carcomido por la inflación, y en vez de

incorporarlo al presupuesto el gobierno lo financia con los aportes

de las y los trabajadores a la ANSES. Asimismo el gobierno ha

eliminado y vaciado otros planes sociales, recortando la asistencia

a comedores escolares y populares, y a la juventud de las barriadas.

Frente a esta situación reclamamos un subsidio al desocupado igual

al costo de la canasta alimentaria; que se reabran las paritarias;

por un aumento mínimo del 35%; un salario igual a la canasta

familiar para las y los trabajadores del campo y la ciudad; el 82%

móvil para las jubilaciones; y que se ponga en marcha un verdadero

plan de vivienda popular y obras públicas.

Hoy más que nunca levantamos bien altas las banderas del movimiento

piquetero y de trabajadores desocupados, de la clase obrera de

conjunto, de las y los estudiantes, del movimiento de los campesinos

pobres, de los trabajadores y las trabajadoras del campo, y de los

pueblos originarios. Seguimos en la calle por nuestros reclamos de

terminar con la explotación y la miseria, y contra la represión del

estado y por justicia para nuestras compañeras y compañeros que

cayeron en el curso de esta lucha.

Desde este histórico Puente le decimos a los Duhalde, a los

Kirchner, a los Scioli, a los Macri, a los Alfonsín y a los De

Narváez, y a todos los que hoy llevan adelante este régimen de

hambre y miseria, que vamos a seguir peleando por trabajo, por

salario, por vivienda, salud y educación.

Repudiamos el intento del gobierno de manipular el histórico reclamo

de justicia mientras mantiene el aparato represivo y criminaliza la

protesta social.

Reivindicamos la independencia de las organizaciones populares

frente al Estado y los partidos patronales, y repudiamos la política

de cooptación oficial que desnaturaliza y destruye organizaciones

que son emblema de la lucha popular, como demuestran los casos de

Schoklender y el Inadi.

Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos

memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir insistiendo y

vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil

desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia en

protestas sociales; los más de 3 mil asesinados por “gatillo fácil”

desde 1983; y para revertir esta realidad con la que quieren

condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es

nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine

con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación

que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera

y el compañero junto al que salimos a luchar, y la intransigencia y

consecuencia en esta pelea.

Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso

seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se

olvida, no se negocia.

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