A medida que transcurren las horas, es cada vez más comprometida la suerte de la jefa de fiscales de la Provincia, doctora María del Carmen Falbo, atribuyen escasa diligencia durante los primeros tramos de la investigación, situación que se agrava por omisiones que facilitaron las fugas que conmocionan al país. Se confirma así el adelanto de mdphoy.com sobre el papel que cumple Falbo en la estructura del poder judicial que ha cumplido la procuradora durante los sucesivos gobiernos del P.J.
La falta de compromiso de Falbo, no guarda relación con su máxima responsabilidad en el tema, lo cual confirma plenamente las sospechas sobre la Procuradora General de la Provincia, que comenzaron a surgir a partir del análisis del equipo que acompaña a la gobernadora María Eugenia Vidal.
Las certezas se prolongan a medida que la investigación se desplaza hacia la justicia federal, y de hecho, es un alejamiento de Falbo en la línea de decisiones y un apartamiento de las mismas, lo cual configura un panorama desalentador para su continuidad y no se descarta que sea sometida a un juicio político, ya que en la práctica podría actuar como cómplice o encubridora de la banda. “No ofrece las garantías mínimas”, es la conclusión a la que arriban en el círculo más estrecho de la gobernación, según las fuentes consultadas.
Vidal desconfía de la jefa de los fiscales bonaerenses, sostiene la periodista María Eugenia Duffard y buscan que el caso pase a la justicia federal. La gobernadora espera que María del Carmen Falbo se vaya. Sospecha que no quiere que avance rápidamente la investigación de la fuga, publicó el matutino Clarín.
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En tal sentido, creen que existe un problema estructural que les impide encontrar a tres prófugos, sin demasiados recursos, tras nueve días de búsqueda. Quieren ganar tiempo y mostrarse activos. Por eso avanzan en una purga policial y piden la intervención de la Justicia Federal en todo lo vinculado a la fuga de Martin y Cristian Lanatta y Victor Schilacci, condenados a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.
La decisión de recurrir a la Justicia Federal se tomó durante el fin de semana y tuvo un argumento, un objetivo y un motivo. El argumento: el entramado político detrás del escape y la importancia de los testimonios de Lanatta en la causa que investiga la jueza María Servini de Cubría sobre el tráfico de efedrina. El objetivo: neutralizar la influencia de la justicia provincial. El motivo: llamados que habría recibido y notificado al Gobierno el fiscal del caso, Cristian Citterio, para no actuar con celeridad.
La presentación la hizo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y recayó en el juez de turno, Sergio Torres, pero en los próximos días se sorteará entre Marcelo Martínez de Giorgi, Claudio Bonadio y Norberto Oyarbide. Será un debate largo y difícil que cae en plena feria judicial.
La decisión de Vidal, es dar pelea y para ello contaría con el apoyo de un sector del peronismo bonaerense, el que lidera Sergio Massa, pero también el que ostentan varios intendentes que en otros tiempos marcaron lealtad al kirchnerismo.
Esa batalla se enfoca en un sector de la policía, porque como adelantó ayer el ministro de Seguridad provincial, Cristina Ritondo, “va a continuar la purga en otras seccionales (además de la de Quilmes), como la de Almirante Brown”. Pero también en una reestructuración judicial que apunta a María del Carmen Falbo, una peronista histórica. “Lo que pensábamos hacer de una manera menos traumática, deberemos hacerlo de modo más abrupto. Hay que evaluar el modo y juntar la información”, señaló a Clarín un hombre fuerte del Gobierno provincial en alusión a la decisión de impulsar una renovación del Ministerio Público. Según precisaron, esta estrategia no avanzará hasta febrero porque consideran “neutralizada su intervención” en un tema que sí es urgente: encontrar con vida y cuanto antes a los tres prófugos.
“La decisión es avanzar y pagar el costo político que haya que pagar”, sostuvo un hombre del Gabinete de Vidal, objetado por varios por su condición de “porteño”. Es que hay quienes sostienen que por venir de la Ciudad, incluida Vidal, los ministros desconocen las instituciones bonaerenses y eso los hace caer en desaciertos. No solo señalan como tardía la decisión de avanzar contra autoridades de la Policía y la departamental Quilmes, sino que marcan un error de diagnóstico respecto de porqué los prófugos se les escurren. Para quienes abonan esta teoría, el problema de la Policía no es tanto su corrupción como su ineptitud. Para otros, en cambio, la corrupción es el meollo del asunto y por eso su condición de porteños les permite actuar sin condicionamientos.
Por su parte, el periodista Nicolás Pizzi, vincula a Falbo directamente con Aníbal Fernández, y le adjudica directamente haber aplazado cinco allanamientos que habían sido solicitados desde el Ministerio de Justicia.
Por las demoras del fiscal para avanzar con las medidas, en el Gobierno le apuntan a Falbo, quien ya ejerció influencia sobre otros fiscales provinciales que investigaron causas relacionadas con la efedrina, relacionadas de manera directa o indirecta con el Triple Crimen. “Falbo obstruyó investigaciones en coordinación con Julio Novo (fiscal general de San Isidro) mediante el uso ilegal o abuso de superintendencia”, admitió uno de esos fiscales. Novo está suspendido desde noviembre por la Suprema Corte bonaerense a raíz de la investigación en su contra por presunta protección a narcos colombiano. En esa causa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ya lo citó a indagatoria.
Antes de terminar la feria, la jueza María Servini de Cubría procesó a dos de los hermanos Zacarías (Máximo y Miguel Ángel, secretario privado de José Granero) y a un empleado del Registro de Precursores Químicos, aunque no profundizó varias pistas que dejó el ahora prófugo Martín Lanatta cuando declaró en su juzgado.
Cuando termine la feria, la jueza profundizará una línea de investigación sobre llamados, entrantes y salientes, entre uno de los procesados y dos internos de la Secretaría Legal y Técnica, comandada desde 2003 por Carlos Zannini.
La magistrada también está detrás de comunicaciones que salieron desde la Cámara de Diputados y terminaron en los celulares de Mario Segovia, apodado como el “Rey de la efedrina”, y de Augusto Abraham, el mayor importador de efedrina, condenado a 11 años de prisión.
Los intentos para dar con los tres prófugos del Triple Crimen se chocan con las internas judiciales y policiales. Tras los cambios en la DDI de Quilmes, según pudo saber este diario, el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo evalúa reducir a la mitad las departamentales de la Bonaerense.
Pese a las internas, desde el fin de semana se realizaron más de 40 allanamientos. Entre los operativos, se registraron tres domicilios vinculados al dueño de un lavadero de Quilmes, conocido como “El Árabe”, que trascendió a partir de una foto junto al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Fuentes oficiales admitieron que “está en la línea de investigación”. “El Árabe” es muy cercano a Marcelo Menlyk, preso por haber colaborado con los tres prófugos.
Fuente: Clarín – mdphoy
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