Ingresó al Poder Ejecutivo de la Provincia un pedido de informes sobre obras, compras y contrataciones destinadas al Servicio Penitenciario Bonaerense, medidas adoptadas para intentar solucionar el estado de emergencia en el que se encuentra el sistema desde hace una década.
La solicitud la realizó el diputado socialista Carlos Nivio. Allí, el legislador recuerda que el Gobierno provincial pidió el estado de emergencia sólo por 12 meses a efectos de tomar medidas extraordinarias para resolver principalmente la situación de superpoblación de presos en las cárceles. Sin embargo, se sigue implementando.
El pedido de informes se realizó con el objetivo de investigar esta situación, debido que a partir de la declaración de emergencia se permitió exceptuar del cumplimiento de numerosas normas a las que están obligados los organismos públicos para evitar manejos discrecionales en relación con compras y contrataciones, de manera tal de garantizar la transparencia y el control de los gastos.
Nivio presentó un pormenorizado estudio donde consta que mediante diversas leyes y decretos se ha venido prorrogando durante una década una situación de emergencia “sin que al parecer se hayan eliminado las causas del problema”. Y se indicó que durante este período “se ha venido haciendo uso de facultades extraordinarias que le permiten realizar contrataciones y compras directas sin licitaciones”.
Además, se destaca que el estado de emergencia no sólo comprendió al SPB desde el año 2001, sino que luego se amplió a la Dirección General de Salud Penitenciaria, mientras que paralelamente también se incorporaron en similar situación a las dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que alojan detenidos.
“Las autoridades provinciales vienen incumpliendo sistemáticamente la obligación, establecida en las respectivas leyes, de mantener informada a la Legislatura sobre todas las medidas desarrolladas haciendo uso del estado de emergencia”, dijo Nivio en su reclamo.
Esto, aseguró el legislador, además pone “en duda” tanto las medidas adoptadas como sus características, el costo de las mismas, la forma en que fueron implementadas, las empresas adjudicatarias de los trabajos y adquisiciones.
