A partir de las 11 continuará el debate del caso Morrone en la Comisión de Legislación, impulsado por el interbloque AM-FPV, que interpretando antojadizamente el dictamen de la Asesoría General de Gobierno bonaerense, propugna la anulación de los decretos por los cuales se operaron lo reemplazos de los concejales de la UCR Maximiliano Abad y Mario Rodríguez por el cuarto concejal suplente Gonzalo Quevedo, de la Lista que compartió la UCR con el denarvasimo, en las elecciones del 2011.
Pasando de la potencia al acto, el oficialismo y su aliado político se aferran a la presunción del Asesor General de Gobierno, Dr. Gustavo Ferrari, que de la lectura de la nota de Morrone, “surgiría que el reemplazo del concejal titular por su suplente, no se habría realizado conforme al procedimiento legalmente previsto”.
Y por cuanto no encastra con esta tesitura, soslayan que el dictamen del Procurador Municipal, Dr. Mariano Perticarari, resalta que no puede hablarse de nulidades porque no intervino una persona ajena al Deliberativo, y que la ilegalidad de un acto administrativo o de una norma de carácter legislativo no se presume, sino que por el contrario debe ser acreditada.
En tal sentido el Dr. Perticarari es categórico al sostener que las manifestaciones de Roxana Morrone, respecto a que no ha tomado conocimiento de ningún pedido de licencia, no tienen la consistencia para acreditar irregularidad alguna. Y por ende, el Cuerpo Deliberativo solo se encontrara en condiciones de evaluar si ha existido irregularidad administrativa, y sus consecuencias, sí, y solo sí, la Sra. Morrone aporta las pruebas que acrediten fehacientemente tal irregularidad.
De modo que, a menos que quienes resolvieron seguir batiendo el parche sobre esta cuestión, se decidan a cursar una invitación a la martillera a fin de que efectivamente aporte dichas pruebas, el debate no pasara de ser una puesta en escena mediática más, con las miras puestas en el desgaste del adversario electoral.
Roberto Latino Rodríguez
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