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Escándalo en OSSE: sobrina de Dell Olio a juicio oral por usurpaciones

wseeseseseeLa jueza de Garantías Lucrecia Bustos hizo lugar al pedido de elevación a juicio oral de 13 de los 19 imputados por la fiscalía de Delitos Económicos, de conformar una banda dedicada a ocupar, simular la venta, y hacerle juicio a los propietarios de casas y lotes. En la cual se acusa a la abogada Melina Evaristo, sobrina del Presidente del Obras Sanitarias Sociedad de Estado, de asociación ilícita en connivencia con Paula Bahlcke, Luis Rodríguez y Carlos Guarde.

No se descarta que en las próximas horas se insista con un proyecto de decreto por el cual se cite al Concejo Deliberante, al titular de OSSE, Mario Dell Olio, quien deberá dar explicaciones si su sobrina Melina Evaristo, una de imputadas, integraba el listado de personal con acceso a consultar la base de datos de la empresa estatal.

Por su parte, Gerardo Rodríguez, María Rosa Monsalvo, Elvira Haydeé Ricardenez, Graciela Noemí Cristoff, Susana Ofelia Islas, Aldo Alberto Goñi, Elena Susana Prieto, Brenda Natalia Cerasale y Roberto Sedem están acusados -en carácter de autor y coautor, de acuerdo al caso- de estafas, uso de documento público falso, falsificación de sellos y documentos.

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En el marco de esta causa, la Justicia de Garantías sobreseyó a Carlos Salgado, ratificando también la suspensión del proceso en contra de María de los Ángeles Ríos, Juan Carlos Navarro, Luis Elías San Martín, Olga Graciela Goñi y Carlos César Aranda, quien falleció en el curso de la investigación.

El accionar de la banda consistiría en un plan de varios puntos con la intervención de una gran cantidad de actores para lograr su cometido.

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El primer paso consistiría en ubicar -con datos obtenidos desde una dependencia oficial- una propiedad que no registrara movimiento inmobiliario o impositivo y la ocupaban por la fuerza. Al obtener los datos de sus titulares, adulteraban documentación falsificando firmas con sellados apócrifos para darle visos de legalidad.

El siguiente paso consistiría en transferir a terceros, quienes luego lo cederían a otro cómplice con boletos de compraventa. Por último la maniobra delictiva se coronaba con un juicio de escrituración al dueño original, cuya firma había sido falsificada.

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Más allá de la mecánica que repitieron en al menos 21 casos, la impunidad de la banda también se apoyaba en la elección de lotes o viviendas cuya usurpación tardaba en ser denunciada. Ese tiempo le permitía avanzar en el “blanqueo” gradual a través de la adulteración de documentos que finalizaba con la estafa procesal en la que intentaban hacer caer a los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales.

Para el abogado denunciante, Dr. Walter Llona, uno de los acusados era el encargado de falsificar -además de la documentación- las firmas de los verdaderos dueños de las propiedades. “Contaban con la maquinaria y papel moneda para la creación de oficios judiciales, interceptaban informes de la Cámara Electoral y poseían instrumentos de alto nivel”, detalló.

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Si bien en estos casos que posibilitaron el inicio de la investigación los damnificados estaban vivos, en la mayoría de los hechos habían fallecido y sus familiares -en caso de haberlos- no habían iniciado los trámites sucesorios. En uno de los casos que forma parte de las 1500 fojas y 13 anexos documentales, aparece un boleto de compra venta firmado en 1997: lo particular del caso es que el firmante murió en 1978 y su esposa en 1986. Ambas firmas estaban “certificadas” ante escribano y con sellado bancario.

 

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