En una conferencia de prensa donde se anunció la imposición de una multa diaria por parte de la Justicia Federal en contra del SOMU, los representantes de las distintas cámaras de empresarios dieron su parecer del conflicto que atraviesa la industria por estos días.
Al referirse al accionar del Juez, Oscar Fortunato representante de CEPA interpreta: “Nosotros entendemos que esto es una demostración clara que no estamos ante un conflicto laboral, no es una discusión laboral, no existe causa para que estemos en una discusión tal. Esto forma parte de una acción concreta, positiva, real y de una forma salvaje de entender las relaciones entre empleador y empleados, no existen causas para esto”.
En cuanto a la posición de las empresas expresó “No podemos dejar pasar que hemos sido citados el día de hoy, porque así lo solicitó el SOMU, a concurrir al ministerio de trabajo a discutir algunas cuestiones de la convención colectiva que firmamos hace un mes y medio aproximadamente. Hemos contestado que no podemos concurrir a ninguna reunión a discutir nada porque no existe ninguna causa, no se ha planteado nada previo, y segundo porque, en una estado donde se está realizando una acción en contra de nuestro patrimonio, en contra de nuestras empresas, en contra de la posibilidad de comerciar, donde se está cometiendo un delito federal, no podemos ir a discutir ningún tipo de acción con la otra parte.
Nosotros dijimos levanten las medidas, indíquenos que es lo que quieren discutir, y nos sentaremos como nos hemos sentado toda la vida, como lo hemos hecho siempre con todos los sindicato. Nosotros en el ámbito de la discusión sana con diferencias, porque siempre las hay, estamos dispuestos a sentarnos siempre, pero no en situaciones que están en contra de del derecho, de la vida ordenada en una comunidad organizada, en esta forma de acciones salvajes no estamos de acuerdo y no queremos este tipo de acciones.”
Con respecto a la actuación de la justicia se mostró conforme, “porque se cumplieron todos los plazos, todos los pedidos de informes, se corrieron todos los oficios a todo el mundo, se cumplió con toda la metodología procesal que corresponde para que llegar a esta situación, no fue una medida que se tomó de la noche a la mañana, está ampliamente fundamentada, a tal punto que el propio sindicato no la apela, porque no tiene con que apelarla, la realidad es esa.”
Ante la pregunta sobre una posible solución política del conflicto respondió “ hemos hablado en todos los ámbitos, el viernes hemos tenido una reunión con el gobernador de la provincia, anteriormente habíamos hablado con el secretario de Producción y con el intendente. Se están haciendo gestiones a distintos niveles políticos pero la realidad es que, una situación de esta hay que atacarlo desde todos los frentes. Pero como esto es un boicot, un delito, el ámbito judicial es el que corresponde.”
Por su parte Darío Socrate en representación de los armadores de buques que forman Caabpa se mostró preocupado porque “si bien el corte de la cadena se produjo al final, es decir en la comercialización hacia el exterior, ya está teniendo un impacto directo sobre los desembarcos. Las embarcaciones no están teniendo la posibilidad de ubicar pescado, precisamente porque se paralizado toda la cadena de producción, esto ya ha llegado al inicio de la cadena productiva.”
En cuanto a la envergadura del conflicto el apoderado de Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CaIPA), Fernando Rivera explicó que alcance tiene la imposibilidad de exportar:
“Cuando ocurrió esta medida nosotros no teníamos ningún tipo de conflicto con el SOMU, este tenía un conflicto con las cámaras del sur, decretó la medida del boicot e impidió todas las exportaciones pesqueras argentinas, en forma indiscriminada. Eso trajo un daño económico a las empresas gravísimo, porque si las empresas no exportan , no cobran, aparte de eso no están cumpliendo con los contratos que tienen en el exterior y generalmente cuando se realiza una exportación , se realiza con prefinanciación y carta de crédito , es decir el vendedor recibe dinero anticipado por la exportación que tiene que hacer, y si no la puede realizar, toda esa operación de cae. Además de todo el inconveniente aduanero que significa poner toda una exportación con los cumplidos de aduana arriba del barco y que por una acción directa de un sindicato, se lo baje y se lo ponga de nuevo en la plazoleta.
Lo que quisimos hacer es establecer un límite a este tipo de accionar La gravedad que tiene es que es una sanción patrimonial muy grande (hacia el sindicato) y nosotros consideramos que ante la magnitud que tiene la misma no van poner en riesgo su patrimonio.”