Aunque una posibilidad era hacer las presentaciones en el Ejecutivo, se priorizó la división de poderes.
Las autoridades de la Legislatura bonaerense consensuaron hoy que las declaraciones juradas de los legisladores sean presentadas ante una autoridad de aplicación que funcionará dentro del ámbito legislativo.
Manuel Mosca y Daniel Salvador definieron hoy las pautas para avanzar en un proceso de transparencia en el cual todos los legisladores deberán blanquear su patrimonio. Entre las definiciones que tomaron hoy figura la de realizar las presentaciones en el marco de la Legislatura y no en el Ejecutivo, algo que no detallaba el proyecto de ley aprobado el año pasado.
Los jefes de ambas cámaras fijaron una comisión integrada por los secretarios legislativos y administrativos de ambas cámaras que llevará adelante ese trabajo.
Según pudo saber LPO, la Cámara Baja pondrá on line en marzo una web donde se publicará el patrimonio de los legisladores. Allí mismo también se publicarán los subsidios y las becas que entrega cada diputado.
Mientras tanto, se viene estudiando el mecanismo para la presentación de la documentación.
La comisión estará integrada por los secretarios legislativos Mariano Mugnolo y Cristina Tabolaro, y los administrativos, Claudio Alfonsín e Ignacio Cingolani.
Entre sus funciones tendrá la de instrumentar las medidas operativas necesarias para que los sujetos alcanzados por la ley puedan cumplimentar el requerimiento legal entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 2018.
La creación de la Autoridad de Aplicación da cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la ley Nº 15.000, aprobada junto al paquete de leyes enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal en diciembre de 2017.
El Parlamento provincial decidió así cómo reglamentará internamente la norma que establece la obligatoriedad de presentar su Declaración Jurada Patrimonial a todos los funcionarios con rango de Director o superior de la administración pública.
La ley para el Poder Legislativo alcanza a senadores y diputados, secretarios y prosecretarios; contador, tesorero y auditor habilitado; directores, subdirectores y personal de jerarquía equivalente; y todo personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones o recepción de bienes, participe en licitaciones o concursos y jefes de personal o recursos humanos.
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