El Senado aprobó en la madrugada de este viernes la reforma judicial enviada por Alberto Fernández, sin la cláusula que obligaba a los jueces a comunicar al Consejo de la Magistratura si reciben presiones mediáticas y con una nueva tanda de juzgados creados antes de votar.
Las modificaciones fueron leías, por casi 20 minutos, por la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun, e incluyen cámaras de apelaciones en La Pampa y La Matanza; juzgados, fiscalías y defensorías en Santa Fe, Salta, Jujuy y Mendoza, entre otros.
Formaron parte de la negociación entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, que ya había obligado a agregar tribunales en casi todas las provincias y siguió hasta minutos antes de empezar la sesión. La sorpresa fue que Oscar Parrilli pidió además anular a los grupos mediáticos como elementos de presión que pudieran influir en los fallos, aun cuando unas horas antes Sacnun había justificado su incorporación.
Fuentes del Frente de Todos adjudicaban el cambio de postura a una presunta gestión personal de Alberto Fernández, a partir de un advertencia de Sergio Massa sobre la imposibilidad de buscar los votos que faltan el diputados si continuaba ese texto.
Fueron siete horas de debate y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y Cambiemos, que había anunciado que votarían en contra y no participo de la negociación. “Políticos que ponen cartulinas para hacer que están presentes en la sesión y otros que leen y no estudian nada. Dicen del peronismo que mantenemos vagos y planeros, pero creo que en las bancas de este congreso hay muchos vagos que estamos manteniendo”, los atacó Anabel Fernández Sasgati, en uno de los discursos de cierre.
Aludió a las ironías que Cristina Kirchner le dedicó a Esteban Bullrich y Humberto Schiavoni. Les reprochó además a Cambiemos haber promovido una manifestación en contra de la reforma, que se sintió poco y nada: sólo un puñado de personas rotaron frente al palacio, con banderas y algún bombo. No llegaron a cubrir una calle en todo el día y muchos se identificaban como libertarios, cercanos al economista Javier Milei.
“Quisiera creer que no quiso tratar de vagos e ignorantes, una descalificación que no amerita. Cada uno hace el mayor esfuerzo para tratar de que el Senado esté a la altura de las circunstancias y la cuarentena”, se lamentó el radical Luis Naidenoff, en su discurso de cierre.
En Comodoro Py, el poderoso juzgado de la Ciudad, el texto quedó igual que el dictamen. Se fusionan los tribunales criminales y correcciones con los penales económicos, se suman 23 juzgados hasta alcanzar 46, encargados de investigar las causas por corrupción. Tendrán 17 tribunales orales: los doce existentes de ambos fueros y otros cinco que crea la ley. Las causas seguirán en sus jueces naturales pero en la oposición creen que podrán manipular las incómodas para el Gobierno cuando escale a instancias superiores.
Casi ni se habló en la sesión del traspaso se la justicia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una deuda de la autonomía creada en la Constitución de 1994. La transición deberá durar 3 años.
En las comisiones, los senadores del oficialismo eliminaron la fusión de los fueros civiles, comerciales con el Contencioso administrativo, como proponía el proyecto original. Se creó a cambio un Tribunal de resolución de conflictos de competencia entre esos tribunales.
Uno los capítulos más polémicos, y tal vez uno de los primeros en judicializarse, es el sistema especial de subrogancias que habrá para cubrir por un año los nuevos juzgados. En el dictamen se reincorporó el examen escrito a los postulantes (el proyecto no lo tenía) y uno de los cambios de este jueves fue que para pasar las siguientes instancias deberá haberse obtenido un 60% de calificación en esa prueba.
“Es increíble que los que avalaron que hayan ingresado jueces sin el acuerdo del Senado levanten las voz por las subrogancias”, increpó a Cambiemos Sacnun, en su discurso inicial. Se refería a la pelea que viene en siete días por la revisión de traslados de 10 magistrados.
“La reforma judicial es mucho más que este proyecto que hoy sometemos a tratamiento. Esta es una modificación de la justicia penal federal. No estamos tratando una justicia para acercar a la gente en el día a día, esa es otra jurisdicción”, se lamentó la macrista Laura Rodríguez Machado.
“El proyecto original creaba 279 cargos, pero después en el despacho que firmó el oficialismo se establece que serán creados 908 cargos. Apareció milagrosamente este festival de cargos, que seguramente han estado negociando con aquellos que esperan voten a favor el proyecto en la Cámara de Diputados”, se molestó la cordobesa. No sabía lo que se venía.
Hasta la sesión, Rodríguez Machado calculaba la inversión del proyecto en 6000 millones, que debería multiplicar con los retoques finales. En el Gobierno remarcan que en tal caso la justicia federal genera un ahorro al detectar acciones de lavado de dinero, entre otros delitos; y que las oficinas se abrirán en forma gradual.
El primero en celebrar nuevas salas fue el oficialista Daniel Lovera, de La Pampa, que estuvo por ser una de las pocas provincias sin Cámara de Apelaciones. Se incorporaron muchos juzgados en Santa Fe (en ciudades como Reconquista, Rafaela y San Lorenzo); y en ciudades bonaerenses como La Matanza (Laferrere), Tigre; y otros tantos en Mendoza, Jujuy, Salta.
Se agregó en casi todos esos distritos nuevas fiscalías, que tendrán a cargo la investigación cuando se implemente el sistema acusatorio, que por ahora se lleva a cabo en forma gradual con primeras etapas en Salta y Jujuy. Hubo que aclarar que los juzgados nuevos son de Garantías, por lo cual, se entiende, empezarían a funcionar en la nueva etapa.
“En ningún país del mundo se crearon juzgados una vez que ya se decidió ir hacia el sistema acusatorio. Acá estamos yendo a contramano de esa reforma y ahí surgen las dudas, y de las dudas surgen las sospechas, ¿De dónde surge este proyecto?”, se molestó Esteban Bullrich, del PRO.
“Presidenta, usted dijo que estaba mejor que nunca. Me alegro, se le nota. También dijo que hay que la iba a juzgar la historia y eso lleva tiempo. Hay que dejar que el pueblo juzgue y que ingrese a los tribunales federales y nacionales y eso se logra mediante juicios por jurado que es la manda de nuestra constitución”, invitó el senador Ernesto Martínez, de Cambiemos.
“Mientras debatimos esto que no es lo correcto, perdemos tiempo de debatir otras cosas: El PBI va a caer 15%, el ingreso por habitante va a ser el del año 73, casi la mitad de la población va a estar en la pobreza, y probablemente lleguemos a un desempleo del 18 o 20%”, se sumó el radical Martín Lousteau.
“Para la oposición nunca habrá oportunidad para tratar algo que tenga que ver con la reforma del Poder Judicial. La verdad es que son adictos al statu quo y los beneficia el statu quo de la Argentina. Y el peronismo fue votado para cambiar las cosas”, lo cruzó Fernández Sagasti.
Naidenoff cerró con citas a la carta de Cristina, que se negó a definir la ley como una reforma judicial. “El sabor amargo tiene que ver con el hecho de imponer y doblar la apuesta. Los números los tienen, pero esperemos que cuando se discuta en Diputados puedan encontrar ese parate que necesita la Argentina para reflexionar por dónde van las prioridades”.
El jefe del oficialismo José Mayans se molestó por las críticas al gasto. “La justicia es el 1% del presupuesto del país. Si queremos república y democracia no podemos dejar de invertir en la Justicia, estamos luchando contra flagelos que destruyen al Estado. El 0,2% del presupuesto no es mucho dinero para luchar contra el narcotráfico, la trata de personas y el secuestro extorsivo”.
LPO
y parrili que paso?
ahora nos comen crudos…papa…