Una nota del Centro de Industriales Panaderos, ingresada minutos antes de la reunión de la Comisión de Promoción y Desarrollo, que se llevó a cabo el lunes, volvió a complicar el tratamiento del proyecto de creación del Registro de Pequeñas Unidades Productivas (RePUPA).
La corporación empresarial objeta que “habiendo recibido las correcciones de lo conversado, nos hemos dado cuenta que se han modificado artículos que no hemos conversado. Como ejemplo del mismo, se redujo el plazo de la reglamentación de 90 a 30 días. No se cambiaron, en el texto final, los puntos en los que se llegaron a acuerdo. Como ejemplo de ello, en el artículo 22, se consensuó que se detallaba lo que define el Código Alimentario Argentino con respecto a la rotulación. En el artículo 5º, se solicitó que se limitara a una PUPA por propiedad horizontal. Asimismo, no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo debieran registrarse los familiares y vecinos que pueden trabajar dentro una PUPA. Tampoco se definió lo expuesto por el Director de Bromatología, en reunión de Comisión del día 26 de noviembre, sobre la inscripción de los productos y la posibilidad de control de las áreas correspondientes”.
Consideran, “invocando la protección de la salud y del medio ambiente”, que en la Ordenanza de REPUPAs “se debería incluir como cumplimento lo dispuesto por la Ordenanza 20002 y su decreto 3.287; y con el mismo argumento de seguridad y medio ambiente, la tasa de Obras Sanitarias refiriéndose al vuelco cloacal de los lugares de producción”.
Asimismo formulan fuertes críticas “debido a que en cada reunión, vemos como se incrementan las personas que participan por parte de aquellos productores que necesitan que se apruebe esta ordenanza, y en la misma medida y presencia, de aquellos representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Comuna local, queriendo mostrarnos, ante los productores sociales, como aquellos que no queremos que se apruebe el proyecto, y siendo las Cámaras Empresariales las que no hacen uso de estas prácticas políticas, y que nos presentamos, a la reunión de trabajo, con el solo objetivo de poder exponer nuestras inquietudes, pretendiendo generar un consenso ante una ordenanza que puede afectar, directamente, la salud de las personas y empeorar ,aún más, la venta ilegal y la competencia ilegal en nuestra ciudad, llevando esta desprotección al comercio, al cierre de empresas, negocios y consecuencias al aumento de la desocupación en la ciudad”.
Y condicionan la continuidad de su participación “en dicha reunión de trabajo, a la implementación de reuniones de una o dos personas representando a cada sector”.
Tras poner en conocimiento de los miembros de la Comisión esta nota, el edil renovador Hernán Alcolea, quien preside la misma, opinó que desde su bloque notaban que “la secretaria de Desarrollo Productivo no logra cerrar un texto donde las partes involucradas – y la nota que acabo de leer así lo marca -, estén contenidos en la normativa”.
Alcolea coincidió con las críticas del Centro de Industriales Panaderos en que “al menos, hay una gran presión por una parte de los involucrados, para aprobar esta ordenanza. Y si uno se pone a revisar el flexo normativo de General Pueyrredón, puede encontrar, por lo menos, tres ordenanzas, donde encuadrar esta actividad, con distinto nivel de exigencia y de agrupamiento de gente, que son la 15.124 del año 2002, la 16.993 del año 2005 y la 21.612 del año 2013. Con lo cual no es que estemos cubriendo un hueco jurídico. Y también le doy la razón a la nota que he leído, porque yo, también, notó una especie de estado asambleario”.
Previamente, el edil del Frente para la Victoria, Marcos Gutiérrez, autor del proyecto alternativo, había abogado para que se discutieran “ las cuestiones que no han quedado saldadas y hacer todo lo posible para que hoy pueda salir de esta comisión con despacho y, en la próxima sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, dar el debate para que siga avanzando, sabiendo que nos queda otro momento, que es clave porque es el de la reglamentación de la ordenanza, donde van a participar todos los sectores involucrados”.
Pero las apreciaciones de Alcolea generarían una acalorada discusión. La edil de Acción Marplatense, Alejandra Urdampilleta, sostuvo que se debía seguir adelante porque “tenemos un panorama de acuerdo general y una norma general. Y después volveremos a juntarnos con los distintos actores para la reglamentación, para que sea más rigurosa. Pero seguir hilando fino, en algunas cosas, nos hace correr el riesgo de no avanzar”.
“Ya es tiempo que dejemos de lado las abstracciones y nos pongamos a trabajar punto por punto. Si es necesario tomémonos una semana para ver cuáles son los puntos que hay que discutir a menos que cada uno desde lo que representa no tengan ganas de discutir este proyecto y este en el punto negado de decir: “yo no quiero que salga este proyecto, no lo quiero discutir y no va a salir”. Vamos a darle un marco de seriedad a esto”, reclamó el concejal Gutiérrez.
Su compañera de bancada, Verónica Beresiarte, quien no integra la Comisión, solicitó la autorización del presidente para sintetizar la sensación generalizada, que cundió entre el grupo de pequeños productores, que asistieron a la reunión.
“La nota de hoy vuelve a un argumento vago, impreciso y de imposible solución. Es como volver a fojas cero. Por más que discutamos veintiocho mil quinientas veces, no vamos a estar de acuerdo. Para mi ese es el metalenguaje de esa nota”.
Roberto Latino Rodríguez
