Aseguró a mdphoy.com, Darío López, Secretario Adjunto de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, tras la reunión de la Comisión de Transporte, que se llevó a cabo este martes, advirtiendo, visiblemente ofuscado, que si la misma “no sabe escuchar al pueblo y los trabajadores, nosotros nos presentaremos a la Justicia con un aval de 2200 firmas”.
El enfado del grupo de propietarios y choferes de taxis para que el uso de dispositivos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) a bordo de los vehículos deje de ser obligatorio y se convierta en optativo, se centró en la negativa de AM de tomar una determinación como había propuesto el concejal Eduardo Abud, en su carácter de presidente dicha comisión.
“Hay tiempo para resolver esto hasta fin de julio, que es cuando vence el plazo de suspensión de la ordenanza y nosotros todavía estamos evaluando”, se excusó el edil oficialista Fernando Gauna.
Abud insistió planteando que “estamos tratando la nota de los taxistas que piden que no sea no obligatorio y dos despachos de mi autoría para destrabar la situación, donde en uno dice que sea optativo y en el otro que el gobierno municipal, provincial o nacional se haga cargo del abono, no de la instalación del GPS porque es gratuita. Hemos tenido conversaciones con gente del Ejecutivo, hace más de quince días que estamos esperando una respuesta pero no contestan por sí ni por no. Yo quiero dejar bien en claro que estoy dispuesto a tratar este tema hoy”.
Gauna replicó que “estamos trabajando con el Ejecutivo y analizando cual es la mejor forma de zanjar esta situación. Acá ha habido un planteo concreto de un sector de taxista, que fue acompañado por la mayoría del Concejo Deliberante, en suspender la ordenanza, y concretamente el pedido era que fuera optativo. Y, en ese marco, hemos recibido a otras entidades incluso algún gremio pidió que se mantuviera la obligatoriedad”.
“No”, discrepó Abud, aclarando que SUPETAX, el gremio de trabajadores del volante que lidera Donato Cirone, “a mí no me lo pidieron. Hubo una reunión, en la Presidencia del Concejo con los presidentes de bloque, en la que ni siquiera levantaron un acta. Pero a mí no me lo pidieron y ese estaba invitado a participar en la reunión de comisión pero no concurrió. Hay que dejar las cosas en claro”.
Por otra parte, el presidente de la Comisión, sostuvo que “la suspensión por 60 días no quiere decir que tengamos que esperar al día 59 para resolver esto. Podemos esperar 15 días pero si lo podemos resolver hoy mejor”.
En vano fueron los intentos por disuadir al oficialismo, resolviéndose finalmente formalizar un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para que emita su opinión. La fecha en que efectivamente se cumple el periodo de suspensión de la ordenanza 19.099 también es materia opinable. Mientras el presidente de la Comisión interpreta 60 días corridos, desde el 28 de Abril, fecha en que se promulgó la ordenanza que la suspendió, con lo cual el plazo se cumpliría el 25 de junio; el oficialismo sostiene que se trata de 60 días hábiles y, por consiguiente, el plazo de suspensión vencería el 24 de julio.
Roberto Latino Rodríguez
