Política

El Fiscal Carlos Stornelli solicitó la elevación parcial a juicio oral de la causa de los cuadernos. Los detalles.

Tal como se preveía, el Fiscal Federal de Comodoro Py Carlos Stornelli solicitó la elevación a juicio oral de un tramo de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, en el cual hay 47 imputados. El expediente 9608/2018, llamado “Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ asociación ilícita”, investiga una red de recaudación ilegal a través de la obra pública de fondos pagados por empresarios y cobrados por ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, cuya jefa sería la propia ex presidenta Cristina Kirchner. Dicha investigación fue revelada por el periodista Diego Cabot a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación del desaparecido Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido. En la actualidad, tiene 170 procesados. Según el juez de la causa, Claudio Bonadío, el dinero involucrado supera los U$S 55.000 millones.

 

El titular de la Fiscalía Federal 4 señala a la ex presidenta Cristina Kirchner como Jefa de una Asociación Ilícita, en concurso real con cohecho, es decir, coima. Por el primer delito, la ley prevé una pena no menor a 5 años, mientras que por el segundo, entre 1 y 6 años. Además de la ex mandataria, también dictaminó que Julio De Vido y Roberto Baratta sean acusados como organizadores de dicha asociación, y en ambos casos con el agravante de cohecho. También solicitó la elevación a juicio oral para los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Rudy Ulloa, José López, Hugo Larraburu, y el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, este último por el delito de cohecho activo.

Así mismo, Stornelli solicitó que se juzgue a los empresarios Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Ángelo Calcaterra, Juan Carlos Lascurain, Aldo Benito Roggio, Hugo Eurnekian, Enrique Menotti Pescarmona, entre los casos más resonantes. En total, el fiscal pidió la elevación a juicio de 47 imputados. A Wagner, Presidente de la Cámara de la Construcción, también lo señala como miembro de la asociación ilícita. La lista se completa con Oscar Centeno, Ernesto Clarens, Claudio Uberti, German Nivello, Oscar Thomas, Hernan Del Río, Walter Fagyas, Fabián García Ramón, Hernán Gómez, Néstor Otero (a quien también se le imputa tenencia de arma de fuego), Alejandro Ivanissevich, Benjamín Romero, Rodolfo Poblete, Alberto Tasselli, Raúl Vertúa, Hugo Dragonetti, Jorge Balán, Miguel Marconi, Rubén Aranda, Francisco Valenti, Juan Carlos De Goycochea, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Carlos Mundín, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Claudio Glazman, Raul Copetti, Víctor Gutiérrez, y Julio Álvarez.

Los detalles

“Se comprobó que los diversos planes delictuales previstos por la asociación ilícita fueron materializados a lo largo del tiempo”, afirma Stornelli en su dictamen de 678 páginas. Y agrega que “se acreditó que Cristina Fernández, Julio De Vido, y Roberto Baratta, recibieron y/o participaron en los pagos efectuados por los empresarios. Todos ellos participaron en los acuerdos económicos para que los funcionarios ejercieran sus influencias y otorgaran beneficios a las compañías que representaban”. En otro aparte del escrito, concluye que “todas las erogaciones y las entregas se realizaron entre 2003 y 2015”, subrayando el hecho que “los empresarios actuaron libremente”. En uno de sus párrafos más contundentes, asevera que “la organización se propuso como objetivo obtener la mayor cantidad de dinero posible de los empresarios, por lo que dichos acuerdos fueron creciendo a lo largo del tiempo”.

El pasado 6 de junio, el juez Claudio Bonadío había solicitado al Fiscal que de por concluido la primera etapa de la pesquisa, a la vez que le amplió el procesamiento a Cristina Kirchner y sumó a la causa 99 nuevos procesados, todos ellos empresarios. Anteriormente, el 20 de diciembre de 2018, la Cámara Federal porteña, con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta, a quien le adjudicó 27 hechos de cohecho, pero a la vez modificó algunas calificaciones penales de algunos empresarios. Pero tal vez lo más importante de ese fallo fue que validó como prueba los 8 cuadernos de Centeno, que muchos descalificaban llamándolos “fotocopias, y convalidó la figura del arrepentido, cuestionada desde algunos juzgados. El último viernes, la Cámara también había confirmado a Carlos Stornelli al frente de la investigación, ante sendas recusaciones planteadas por las defensas de Roberto Baratta y Oscar Thomas, ex funcionario de Yaciretá.

Por su parte, el pasado 30 de mayo, la Sala I de Casación, el máximo tribunal penal del país, confirmó a Claudio Bonadío como juez de la causa, ante una presentación de la defensa de Cristina Kirchner. Quien votó en contra fue la camarista Ana María Figueroa, sindicada como muy cercana al kirchnerismo.  

En sus anotaciones, que empiezan en 2005 pero cobran mayor frecuencia desde 2008, Oscar Centeno marcó básicamente tres domicilios donde se entregaba el dinero: la Quinta presidencial de Olivos, la propia Casa Rosada, y el departamento de los Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay. Consignó, así mismo, que los domicilios de donde recolectaban el dinero pertenecían a compañías vinculadas a la construcción.

Dijo el ex chofer de Baratta: “Yo los cuadernos los empecé a escribir por una costumbre castrense de anotar fecha, hora y lugar donde uno va. Cuando vi que las personas que trasladaba empezaron a llevar bolsos con dinero pues ellos mismos hablaban empecé a anotar con mayor precisión. Cuando falleció el Dr. Kirchner dejé de escribir porque pensé que iban a dejar de hacer esos viajes de recaudación. Cuando empiezo a ver que los vuelven a hacer, empiezo a anotar de nuevo”. Centeno reviste como Sargento Ayudante retirado del Ejército.

Carlos Wagner declaró: “En el año 2004 el Arquitecto De Vido me citó en su despacho y me dijo que por orden del Presidente, debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas que se llamaran a partir de aquel momento, fundamentalmente en el rubro víal, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”.

En su dictamen, Carlos Stornelli afirma que muchos imputados se acogieron a la figura de imputado colaborador, más conocida como arrepentido, la ley 27.304, que no por casualidad, el Juez Alejo Ramos Padilla, quien instruye la causa por presunto espionaje donde está imputado el propio Stornelli, en los autos de procesamiento del falso abogado Marcelo D´Alessio sostiene que “la sanción de la Ley del Arrepentido 27304 y la percepción de que cualquier cosa es válida para avanzar en la investigación dentro de un proceso judicial por corrupción y de este modo responder a los reclamos de justicia, han ampliado el campo de acción de los agentes de inteligencia, generando una relación estrecha de mutua colaboración con miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales. En este contexto, no importa ya si es verdad o no lo que el testigo o arrepentido diga”.

Señala Stornelli que “el aporte de los imputados colaboradores permitió enlazar los itinerarios relatados en los cuadernos, y otorgarles a sus anotaciones su real significación.  Y continúa: “Estos sucesos permitieron comprender que las circunstancias de tiempo, lugar y modo, la precisión de sus actores, no eran fortuitas ni desconectadas, sino que formaban parte de una misma empresa delictiva montada desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional para enriquecerse ilegalmente y utilizar partes de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

En concreto, el representante del Ministerio Público señala a la ex presidenta Cristina Kirchner como Jefa de una Asociación Ilícita destinada a recaudar fondos de manera ilegal, cuyos organizadores fueron Julio De Vido, Roberto Baratta, Carlos Wagner, y Ernesto Clarens. Por su parte, los ex funcionarios que fueron miembros son Nelson Lazarte, Claudio Uberti, José María Olazagasti, Rafael Llorens, José López, Germán Nivello, Oscar Centeno, y Oscar Thomas. También lo ubica dentro de este último grupo al empresario Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingenieria y quien fuera recientemente beneficiado con prisión domiciliaria en el marco de esta causa.

A la ex presidenta le imputa 40 hechos de cohecho. En uno de ellos dictamina Stornelli: “Tengo por cierto y demostrado que Cristina Fernández, intervino, en carácter de coautora en la recepción de sumas de dinero, que rondaría los U$S500.000, que Carlos Wagner entregó a Roberto Baratta el 2 de junio de 2010 en la calle San José 151 de esta ciudad, y que éstos entregaron a Héctor Daniel Muñoz (N d R: ex secretario de los Kirchner y su presunto testaferro, fallecido en mayo de 2016) ese mismo día en la Quinta de Olivos”. Con la misma precisión de datos, el Fiscal detalla 39 actos más que involucran casi $19 millones. Por su parte, al ex ministro Julio De Vido le endilga 4 hechos, y a Roberto Baratta lo acusa de 125 actos de retiro de dinero, y en algunos de ellos, con la propia ex presidenta como destinataria final. “Roberto Baratta fue identificado como el comunicador, Muñoz como uno de los intermediarios finales, y Cristina como la destinataria final de los fondos”, asegura Stornelli.

Y tampoco se olvida del ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, quien había “confesado” la recolección de dinero, pero alegando que él creía que se trataba de aportes para la campaña. Lo halló penalmente responsable como partícipe secundario de 22 hechos de recepción de dinero ilícito.

Las pruebas

En su dictamen, Stornelli ofrece 524 pruebas para sostener sus acusaciones, entre las que se encuentran no sólo las anotaciones en los cuadernos y las confesiones de los imputados colaboradores, sino también filmaciones, cruces de llamadas, y mails, además de actuaciones e informes de la Policía Federal, como así también informes bancarios y de la propia Jefatura de Gabinete, entre varios otros. En el escrito, se detallan numerosas filmaciones y se transcriben conversaciones que acreditan los hechos investigados. También constan varias declaraciones de pilotos que llevaban al ex presidente Néstor Kirchner y a Cristina. Así mismo, se transcribe, agrupados por empresas, las principales anotaciones de Oscar Centeno en sus cuadernos.

Afirma el Fiscal que “los representantes estatales fundaron una sociedad paraestatal para obtener beneficios personales de carácter económico. Específicamente para enriquecerse a título personal, aunque, también, para destinar parte del dinero recaudado a la comisión de otros planes delictuales”. Y agrega: “Los empresarios, por su parte, para obtener favores con relación a las empresas que representaban”.

En otro tramo de su extenso escrito, Stornelli afirma que “el cuadro probatorio reunido permitió conocer la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación, para establecer acuerdos con importantes empresarios, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”, para añadir que “la investigación desarrollada permitió reconstruir los hechos, unir cada uno de los eslabones y alcanzar una verdad histórica”. Para la concreción de los hechos delictivos, el Fiscal sostiene que se utilizaron distintos puntos de recolección, como estacionamientos públicos, garajes privados y oficinas estatales.

Describe, también, la existencia de dos grupos dentro de la asociación ilícita comandada primero por Néstor Kirchner, y luego de su muerte, manejada por Cristina. Ambos grupos le entregaban el dinero recolectado a Daniel Muñoz, tanto en el departamento de los Kirchner de Uruguay 1306 como también en la Quinta de Olivos. “Todos reconocieron y asintieron la existencia de una estructura de decisiones, cuya jefa era Cristina, quien impartía las ordenes y directivas a los demás integrantes de la asociación”, concluye Stornelli. En la causa se probó que además de ser la Jefa de la asociación ilícita, detentó un rol activo en el sistema de recaudación.

Dicha causa conecta claramente con el expediente conocido como “Vialidad”, cuyo juicio se está llevando a cabo actualmente y que tiene sentada en el banquillo a la ex presidenta, además de Julio De Vido y Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner a través de Austral Construcciones. En el procesamiento que dictara oportunamente el Juez Julián Ercolini, a cargo de la instrucción, surge que “desde el año 2003, diferentes funcionarios públicos y empresarios privados, habrían conformado una asociación ilícita relacionada con la obra pública”. Por ello, el fiscal de la causa “Vialidad”, Diego Luciani, le solicitó al TOF que libre oficios a Claudio Bonadío para incorporar algunos testimonios al juicio. De acuerdo Ercolini, “la asociación ilícita habría funcionado entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a la apropiación indebida de fondos asignados a la obra pública, principalmente en Santa Cruz”. Y agrega, en línea con la investigación de los cuadernos: “El ex presidente Néstor Kirchner montó la estructura institucional de su gobierno con personas de su confianza (que lo venían acompañando desde su gestión en Santa Cruz), a las que ubicó en cargos estratégicos. Dicha estructura fue mantenida por Cristina Fernández”.

La causa “Vialidad” a su vez conecta con la investigación por las facturas apócrifas en Bahía Blanca, en favor de Lázaro Báez, para encubrir sobreprecios. La investigación la lleva adelante el Juez Walter López Da Silva, pero en 2015 la tuvo a su cargo Alejo Ramos Padilla, casualmente el mismo magistrado que instruye la pesquisa por presunto espionaje ilegal, que, para muchos, pretende herir de gravedad la causa de los cuadernos a través del procesamiento de Carlos Stornelli. En el mundillo judicial marplatense, dicho expediente es conocido como “la contracausa”.

Ahora Claudio Bonadío deberá correr vista a los abogados de los acusados, quienes pueden plantear la nulidad del requerimiento de Stornelli. Si el magistrado rechaza los planteos, apelarán a la Cámara y a Casación. Por lo que es de esperar que el proceso demore unos cuantos meses, y se defina luego de las elecciones presidenciales donde Cristina es precandidata a la vicepresidencia de la Nación.

Pablo Portaluppi

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