Política

El Concejo Deliberante solicita  a la Provincia y a la Nación  dar marcha atrás con los tarifazos    

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Acompañando una iniciativa legislativa del Concejal Mario Rodríguez, el  Concejo Deliberante votó una comunicación por medio de la cual se solicita a los Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y Nacional, tengan a bien dar marcha atrás con los incrementos en el cuadro tarifario de la luz y el gas, ante el aumento de la pobreza y la indigencia en nuestro país, ya que resultan inviables de afrontar ante los altos costos estimados.

Las tarifas no dejen de incrementarse. El Gobierno Nacional anticipó que la tarifa de luz aumentará un 55% en cuatro tramos, mientras que la de gas crecerá un 35% hasta abril. Las subas serán acumulativas y en el caso de la electricidad marcarán un 26% en febrero, un 14% en marzo, un 4% en mayo y de otro 4% en agosto.

Por su parte, el gobierno bonaerense aprobó un aumento escalonado en las tarifas de electricidad de las prestadoras provinciales, que llegará al 38% a lo largo del año. La suba se aplicará para los usuarios de las empresas EDEN, EDEA, EDES, EDELAP y las más de 200 cooperativas del interior de la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, el gobierno nacional eliminó la bonificación en el precio del Gas Natural para usuarios residenciales que registraran un ahorro en su consumo igual o superior al 20 % con respecto al mismo período de 2015. En torno a la tarifa social, el consumo de base será subsidiado mientras que deberán pagar el 100 % del excedente utilizado (antes pagaban el 75 %).

Además eliminó los topes a los aumentos que contenían los incrementos. Esta medida establecía topas de aumentos para los “Usuarios R1-R2: 300 %, Usuarios R31-R33: 350 %, Usuarios R34: 400% y Usuarios SGP: 500 %.

Estos aumentos impactan directamente en los sectores medios y bajos de la sociedad, lo que significará mayor aumento de la pobreza en el país.

En su última medición, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) reveló que Mar del Plata tiene 127.409pobres y 31.014 indigentes.

Según el Indec, el concepto de “línea de indigencia” procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes.

Desde diciembre de 2015, un millón y medio de argentinos se sumergieron en la pobreza, lo que representa un promedio de dos ciudadanos por minuto que caen por debajo del mínimo indispensable para subsistir, algo que no sucedía desde la crisis de 2001 que terminó con la salida de Fernando de la Rúa del poder.

Con el agravamiento de la crisis económica, una inflación sin control y medidas oficiales que no dan en el centro de la solución a los problemas reales, la pobreza no hace más que aumentar, alcanzando por estas horas a más de 13 millones de ciudadanos, a los que se suman 2,7 millones de indigentes. Esto último empeora si se tiene en cuenta el hecho de que 600.000 habitantes cayeron en la indigencia, es decir, un argentino cada 73 segundos, un dato crudo que sirve para graficar el fuerte deterioro social que sufre el país y que afecta a más de un tercio de la población.

Tan angustiante es la imagen que asola hoy a la sociedad que los números fríos de la actualidad marcan que en nuestro país, un lugar donde se producen alimentos para más de 400 millones de personas, alrededor de 6 millones de ciudadanos pasan hambre, según un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA), con el agravante de que el 20% de los chicos que habitan suelo nacional sufren desnutrición crónica. Otro dato preocupante es que cerca de la mitad de los chicos de hasta 14 años son pobres.

La recesión que acecha al país desde hace largo tiempo ha puesto sobre el tapete la discusión de un modelo productivo que sirva para reindustrializar la Argentina y acabar con la imagen que asola a buena parte del país, con fábricas de chimeneas apagadas y persianas bajas.

Con una realidad que acecha y acorrala a la sociedad en su conjunto, hay cifras que sirven claramente para evidenciar cómo la situación estructural de pobreza ha calado hasta lo más hondo. De acuerdo a datos oficiales, en nuestro país existen algo más de 22 millones de personas que no tienen cobertura de salud. Es decir, la mitad de los argentinos no tiene ninguna clase de protección para hacer frente a una enfermedad, algo que lo compara con las peores naciones del mundo.

A eso se le suma que algo más del 50% de las maternidades públicas no son seguras, ya sea por falta de personal calificado o de insumos. A esto hay que agregarle que alrededor del 35% de los nacimientos actuales corresponden a hogares pobres. Además, la inflación genera más pobreza y desigualdad. La evolución de la inflación no ha sido equitativa al interior de la estructura social. Los más perjudicados en lo que respecta a las capacidades de subsistencia fueron los hogares de estratos muy bajos y de espacios segregados.

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