La denuncia penal fue radicada por el Arq. Mayor de Obras Hugo Furlanetto ante el Ministerio Público Fiscal. Pide que se investigue ante la presunción de delitos de acción pública, “ la actuación que les cupo a los funcionarios responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la empresa SALIMAR S.A. durante el proceso de aprobación, adjudicación y ejecución de tan irregular concesión, siendo que se habrían omitido por la concesionaria y con la anuencia de funcionarios municipales, una cantidad muy significativa de obras comprometidas como parte de la oferta y del precio de la concesión, en claro perjuicio de la comuna y de los habitantes de la ciudad”.
Asimismo, Furlanetto sugiere a la Fiscalía que se cite para brindar declaración testimonial amplia y pormenorizada, a la Directora de Recursos Turísticos del EMTUR, Lic. Mónica Rábano.
El denunciante afirma, en la presentación, que “entre las obligaciones asumidas a través de la oferta o propuesta (aceptada por el Estado Municipal), se encontraba la realización de un total de 34 obras de remodelación y puesta en valor de la Unidad turística… De acuerdo al artículo 12 del PByC el plazo de ejecución de las obras era de 24 meses, al cabo del cual la obra debía entregarse y ser recepcionada por la comuna a través del ente competente. Lo cierto es que al cabo de dicho plazo y, peor aún, pese al tiempo en exceso transcurrido de haber fenecido el mismo, la empresa concesionaria contando con la completa aquiescencia de los funcionarios municipales responsables, omitió realizar una cantidad muy significativa de obras comprometida. Y de este forma habría obtenido un cuantioso beneficio económico de carácter espurio, que estaría dado por la magnitud de la desinversión realizada equivalente a las obras omitidas en detrimento de las arcas municipales”.
Furlanetto refiere haber puesto en conocimiento, a través de la nota 250-NP- 2014, al Concejo Deliberante, la cual fue girada a las Comisiones de Turismo y Obras concluyendo su periplo “con la unánime y desde luego infundada decisión de “archivo””. Por lo cual recurrió a la Defensoría del Pueblo, “organismo que con fecha 20/10/2014 remitió un pedido de informes a la Licenciada Mónica Rábano”.
Tres meses después, dicha funcionaria “remitió en respuesta a la defensoría la NOTA n º 1239/14 en la que lacónicamente se informa que “de conformidad con los contenidos del Pliego de Bases y Condiciones – artículo 8 – este Municipio requirió a la firma SALIMAR S.A., concesionaria de la unidad de la referencia la readecuación de las obras edilicias a fin de disminuir la intervención sobre la barranca verde” (sic)”.
“Para decirlo sin eufemismos, se le habría dispensado a la empresa titular de la concesión la omisión de realizar obras comprometidas y aceptadas como parte del precio de dicha explotación en el marco de lo que según la nombrada funcionaria sería una “readecuación de las obras edilicias” con el fin de “disminuir la intervención sobre la barranca verde””, infiere el denunciante, concluyendo que “ el proceder del Departamento Ejecutivo y de los funcionarios del ente responsable (EMTUR) resulta francamente incompresible y es generador de la fuerte sospecha de que se habría perpetrado un delito de acción pública en perjuicio de la Comuna de General Pueyrredón.”
Roberto Latino Rodríguez
