Los abogados marplatenses siempre bregamos por una mejor justicia, y por ello desde nuestro Colegio considerándonos parte inescindible de sus éxitos y fracasos tenemos el gran privilegio legal y ético de abordar su análisis con el inmenso prestigio de hacerlo con independencia de cualquier interés o necesidad de grupo de poder político o económico, y con el único fin de aportar al bienestar general.
Ahora bien, considerando las últimas sentencias de alto impacto mediático y como consecuencia de que sus cuestionamientos en el ámbito comunicacional -sin respetar que ellas son pasibles de revisión judicial- nos vemos obligados a pronunciarnos, simplemente para incorporar nuestro pensamiento o contribución al fenómeno que transitamos.
En este contexto, como siempre decimos, hubiéramos preferido el silencio de todos hasta que las sentencias o resoluciones queden firmes. Creemos que definirse ahora sobre los hechos ventilados en juicio, podría entenderse solo como un fútil intento de quienes son parte de los procesos de torcer el resultado adverso de la sentencia o como una táctica política de otros para ganar la opinión pública, profundizando en su cometido las consecuencias gravosas a la salud del valor justicia, fuertemente comprometido por el añoso fracaso del sistema por lograr la verdad, y en su caso, una condena o absolución.
En este último andarivel, sostenemos que si bien el posicionamiento y las declaraciones de quienes tienen el honor de ocupar cargos políticos o pretenden hacerlo resulta ser un elemento esencial y legítimo de la democracia y de la puja política, ya que posibilita al pueblo conocer su opinión de los temas más trascendentes de la nación, solicitamos que cuando se hable de LA JUSTICIA, quienes opinen incorporen el valor prudencia como elemento esencial de una democracia lúcida.
En este sentido, creemos que la denominada “democratización del poder judicial”, debe ser analizada mediante un amplio debate y diálogo de todos aquellos hombres de buena voluntad que crean que es necesario sostener un poder judicial independiente, probo, moderno, que garantice la seguridad jurídica, que incorpore conceptos de formación permanente, que dinamice la designación de los jueces mediante un Consejo de la Magistratura equilibrado en su conformación, que incorpore mayores pautas objetivas para lograr la destitución de los jueces que no cumplen con ellas intensificando los procesos, que la determinación de los presupuestos para su funcionamiento refleje la importancia de su función y esté destinado a lograr una justicia más eficiente a la hora de acercar la paz social al pueblo, y con acceso irrestricto a la misma; y entre otras cuestiones, que sostenga la investidura de los magistrados y funcionarios para que -sin privilegios más que los funcionales- puedan elevarse por encima de las posibles presiones a las que puedan ser sometidos, para poder ser custodios de la Constitución y el derecho conforme el compromiso asumido al prestar su juramento, sabiendo que tal responsabilidad conlleva mantenerse impolutos para sostener su imparcialidad e independencia libres de toda coerción, coacción o amenaza.
Finalmente, y en el convencimiento que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y compromiso, creemos que es esencial evitar cualquier precipitación legislativa que violente el espíritu de los pactos internacionales y la constitución vigente, o en su caso determinar un “nuevo pacto social” que sostenga un nuevo régimen judicial que respete los derechos de los ciudadanos, las garantías constitucionales y el estado de derecho.
MESA DIRECTIVA COLEGIO DE ABOGADOS MAR DEL PLATA
